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Corte de Apelaciones de Arica acoge recurso de protección y ordena al Departamento de Extranjería y Migración a pronunciarse sobre solicitud de Permanencia Definitiva

Thu, 08 Jul 2021 12:53:57 +0000

En fallo de fecha 5 de julio de 2021, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica (Rol N° 577-2021 Protección), acogió recurso de protección deducido en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el retardo en el pronunciamiento sobre solicitud de Permanencia Definitiva.

La sentencia señala, en su considerando quinto, que el no dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de 6 meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Texto de la sentencia

Arica, cinco de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece P.D.P.P., abogado, cédula de identidad para extranjeros N° xx.xxx.xxx-x, “por sí” y a favor de C.M.R.M., ciudadana venezolana, Ingeniera en Gas, Residente Temporaria con Permanencia Definitiva en trámite, cédula de identidad para extranjeros N° xx.xxx.xxx-x, domiciliados en xxxxxx N° xxx, Arica, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a Chile en calidad de turista el 14 de abril de 2018 y estando dentro del país cambió su situación migratoria a residente temporario, previo al vencimiento de la residencia temporaria, solicitó el 20 de febrero de 2020 la permanencia definitiva, asignándosele el N° 3364363, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, teniendo en consideración que han transcurrido 1 año, 4 meses y 4 días desde que la solicitud fue formulada.

Señala que es de especial importancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que consagra el principio de celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsara de oficio en todos sus trámites, ́ debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, se refiere al principio de economía procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios

Pide que se acoja el presente recurso y ordene a la recurrida se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva.

Informó en su oportunidad el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, puesto que ha perdido oportunidad y al mismo tiempo no existe acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar, perturbar o amenazar ninguno de los derechos fundamentales de la recurrente y que se encuentran especialmente tutelados por la presente acción constitucional.

Señala que el 20 de febrero de 2020 y mediante los canales digitales dispuestos al efecto por la autoridad migratoria, la recurrente ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva y contra su presentación se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite Nº 112, con vigencia entre el 20 de febrero de 2020 y el 20 de agosto de 2020. Dicho comprobante está a disposición de la recurrente a través del portal de trámites digitales, pudiendo ampliar su vigencia ingresando con su clave única, a portal http://tramites.extranjeria.gob.cl. Dicho comprobante cumple lo establecido en el artículo 135, que en relación al artículo 157 N° 5, ambos del Decreto Supremo N° 597, de 1984, y permite justificar la residencia regular de la extranjera mientras se tramita su permiso de permanencia definitiva.

Por Comunicación Electrónica N° 15293065, de 27 de mayo de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, incluso con anterioridad a la interposición del presente recurso se le informó a la extranjera que su solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio y que se emitió orden de giro N° 1006796930 para que pague los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, lo que importa un requisito previo para resolver lo pedido, quien no ha hecho pago de los derechos correspondientes, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, por lo que no es posible para esta autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro.

Refiere que de no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los mismos, obliga a la autoridad migratoria a rechazar lo solicitado, en conformidad a los artículos 81 y 133 del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva, por lo que acceder a lo solicitado por la recurrente, sin verificarse el pago de los derechos que la ley y el Reglamento de Extranjería ordenan, generaría en ella una situación de privilegio respecto de los demás solicitantes de permiso de permanencia definitiva.

Asevera que en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por la extranjera, lo que ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos y por encontrarse vigente el plazo para que efectúe el pago de los mismos. Así en la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad de la recurrente, debiendo proveer al pago de los derechos que la ley establece en el plazo conferido y que expira el próximo 26 de julio de 2021, no pudiendo, en este caso, argumentarse que por principios de celeridad y actuación de oficio la autoridad pueda dar curso al procedimiento, puesto que de hacerlo, de resolverse la solicitud en este estado del procedimiento llevaría al rechazo de la misma; rechazo que sería claramente injustificado, por encontrarse vigente la posibilidad de que la extranjera pague los derechos respectivos.

Expone que si bien el pago aludido es un requisito previo a la resolución de permiso de permanencia definitiva que la ley y el reglamento establecen, no debe entenderse que el pago de dichos derechos sea una garantía para el otorgamiento del permiso impetrado.

Finalmente expresa que habiendo sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, estima que no ha existido por parte de la recurrida vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por la recurrente, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de la solicitud de Visa de Permanencia Definitiva, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos por la recurrente y por el recurrido en su informe, se advierte que la solicitud de permanencia definitiva código 3364363 de 20 de febrero de 2020, fue resuelta por la autoridad informante, avanzando a etapa de análisis emitiendo la respectiva orden de giro N° 1006796930 que debe ser pagada por la recurrente en cualquier banco y que le permitirá descargar el certificado de Permanencia Definitiva en trámite. Pago que no ha realizado a la fecha del informe, encontrándose pendiente el plazo para hacerlo, el que vence el 26 de julio del año en curso.

QUINTO: Que, consta que la recurrente el pasado 1 de julio acompañó comprobante de pago de los referidos derechos por la suma de $84.143, lo que no obsta a concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse desde la fecha en que se inicia el procedimiento, que en la especie ocurrió el 20 de febrero de 2020, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente la referida petición, en desmedro de la recurrente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado P.D.P.P., en favor de C.M.R.M., en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiendo el recurrido pronunciarse dentro de quince días hábiles en relación a la solicitud del recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 577-2021 Protección.

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Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena al Ministerio del Interior a pronunciarse sobre reconsideración de Permanencia Definitiva

Thu, 20 May 2021 21:17:40 +0000

La Tercera Sala de la Corte Suprema, en fallo de causa Rol N° 129322-2020, acogió recurso de protección interpuesto en favor de ciudadana peruana quien se encuentra imposibilitada de obtener nueva cédula de identidad como consecuencia del retardo en el pronunciamiento de parte del Departamento de Extranjería y Migración sobre reconsideración de Permanencia Definitiva presentada en el año 2018.

De acuerdo a los sentenciadores, «del mérito de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto se ha dilatado la decisión de las solicitudes de la actora, haciendo imposible la regularización de su vida en nuestro país y el acceso que a ella y su familia le corresponden a beneficios y prestaciones.».

Texto de la sentencia

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de los considerandos quinto a noveno, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, compareció doña R.R.B.T. de nacionalidad peruana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en razón de la negativa infundada y arbitraria del servicio a otorgarle una renovación de su cédula de identidad.

Explica que es madre de cuatro hijos de once, nueve, tres y un año de edad, y que reside hace catorce años en Chile, encontrándose en la actualidad con su cédula de identidad vencida, situación que hace imposible acceder a contratos de trabajo formales, o cualquier trámite de relevancia jurídica. La situación, expresa, se hace aún más desesperada al padecer su hijo mayor de un trastorno generalizado del desarrollo y discapacidad intelectual.

Estimando sus derechos fundamentales vulnerados, así como los de sus hijos menores de edad que se encuentran a su cargo, solicitó que el recurso fuese acogido y que se ordene a la recurrida la renovación de su cédula de identidad, correspondiente al N° 14.XXX.YYY-Z.

Posteriormente, declaró durante la tramitación de autos que desde el año 2018 se encuentra en curso su solicitud de permanencia definitiva, sin que haya obtenido aún respuesta.

Segundo: Que la sentencia apelada rechazó el recurso de protección por cuanto se estimó por la Corte de Apelaciones de Santiago que no existe ilegalidad en el actuar de la recurrida, ya que al no poseer la recurrente el estampado de residencia otorgado por el Departamento de Extranjería y Migración, u otro de los métodos para acreditar su residencia regular, no es posible acceder a su solicitud, y el Servicio de Registro Civil e Identificación ha actuado con estricto apego a la legalidad.

Tercero: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es menester tener presente que el Servicio de Registro Civil e Identificación, al evacuar su informe, declaró no haber recibido una solicitud reciente de renovación de cédula de identidad por parte de la actora. A su vez, la actora declara haber recibido únicamente negativas verbales, que le impiden analizar el mérito y proporcionalidad de su negativa, por lo que, en los hechos, el Servicio no se ha hecho cargo de las alegaciones de la solicitante.

Cuarto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia.

Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto se ha dilatado la decisión de las solicitudes de la actora, haciendo imposible la regularización de su vida en nuestro país y el acceso que a ella y su familia le corresponden a beneficios y prestaciones.

Sexto: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, en cuanto no corresponde a esta Corte determinar si procede, o no, otorgar la residencia que habilitará la obtención de la cédula de identidad a la recurrente, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, en tanto han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud, manteniendo a la actora en la incertidumbre desde el año 2018, al no emitir pronunciamiento sobre sus solicitudes, pese a la obligación legal que tiene al efecto y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, puesto que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

Séptimo: Que la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra la actora en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Octavo: Que, en virtud de lo razonado, corresponde acoger la acción deducida.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña R.R.B.T. con el sólo objeto que se oficie al Departamento de Extranjería y Migración para que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada ante ella por la recurrente, una vez acompañada la documentación requerida, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la notificación de esta sentencia, comunicándose esta decisión al Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de dar curso, si procede, a la petición de renovación de cédula de identidad intentada por la actora.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ángela Vivanco Martínez.

Rol Nº 129.322-2020.

Enlace a la sentencia

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Corte de Apelaciones de Santiago ordena a Extranjería emitir pronunciamiento sobre solicitud de Permanencia Definitiva

Sat, 16 Jan 2021 14:29:57 +0000

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo pronunciado con fecha 4 de enero de 2021 (Rol N° Protección-89.585-2020), decidió acoger recurso de protección presentado por ciudadana colombiana en contra del Departamento de Extranjería y Migración, ordenando a la autoridad migratoria a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva de la extranjera dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de notificación de la sentencia.

Lo anterior, luego de establecer que el Departamento de Extranjería y Migración ha incurrido en una omisión que no solo debe ser tachada de ilegal, sino que además vulneratoria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al desconocer la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, dilatando la decisión de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

Texto de la sentencia

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del recurso

Primero: Comparece C.L.M.N., colombiana, desempleada, con domicilio en XXXXXX, comuna de la Pintana, Región Metropolitana; e interponen recurso de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, representada por don Álvaro Bellolio Avaria, ambos domiciliados en Matucana 1223, comuna de Santiago, Región Metropolitana; solicitando se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que en respeto a sus derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 2° “Igualdad ante la ley”; 16° “Libertad de trabajo y su protección” y 21° “derecho a desarrollar cualquier actividad económica”, se pronuncie inmediatamente, o en el menor tiempo posible, respecto de la solicitud de permanencia definitiva en Chile.

Expone que el 14 de febrero de 2019 contrajo matrimonio, en Colombia con el Chileno I.A.B.R., dicho contrato de matrimonio fue inscrito en Chile de conformidad al artículo 12 de la Ley 11.987; por lo anterior solicitó en el respectivo Consultado de Chile y Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica la Visa de Permanencia Temporal, la cual se le otorgo el día 28 de marzo del 2019; un mes antes del vencimiento de la visa de permanencia temporal y habiendo cumplido con los requisitos para solicitar la visa de permanencia definitiva en el país, ingresó sus documentos para solicitar la permanencia definitiva a partir del 19 de febrero del 2020, es decir, dentro de los 3 meses anteriores al vencimiento de la visa de permanencia temporal conforme al procedimiento establecido por el recurrido, sin embargo la recurrida solo ha efectuado un avance del 5% en la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, al solicitar información la recurrida le informa que debe esperar, sin justificar el retraso en el otorgamiento de la permanencia definitiva.

Alega que el retraso en la tramitación de la permanencia definitiva la ha perjudicado toda vez que no puede realizar trámites bancarios, pedir permisos o salvoconductos, buscar trabajo como trabajadora dependiente, crear una empresa o ejercer actividades económicas, todo ello por tener su cedula de identidad vencida.

Señala que el recurrido ha dejado de cumplir con su deber público de manera maliciosa e injustificada, perjudicándola gravemente e impidiendo gozar de los derechos que la Constitución Política de la República de Chile le otorga como la protección y fortalecimiento de la familia y la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N°16); y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21).

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida (1) Se pronuncie inmediatamente sobre la Solicitud de Permanencia Definitiva efectuada por la recurrente resolviendo la misma, o en su defecto, se ordene al recurrido efectuar el pronunciamiento y resolución en el menor tiempo posible y siempre que no exceda de 2 meses desde ejecutoriada la resolución judicial que acoge el presente recurso; (2) Otorgue a la recurrente la Visa de Permanencia Definitiva, a fin de que pueda desarrollar plenamente su vida familiar en el país, como asimismo, pueda ejercer los derechos y garantías de los numerales 2°,16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

A fin de dar fe de sus dichos acompaña (1) Certificado de Matrimonio, de fecha 30 de septiembre del 2020, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; (2) Solicitud de Permanencia Definitiva, de fecha 19 de febrero del 2020, emitida por el Departamento de Extranjería y Migración; (3) Imagen del estado de solicitud del beneficio migratorio de la recurrente, actualizada al 30 de septiembre del 2020, visible en la página web www.tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/16339610 emitida por el Departamento de Extranjería y Migración.; (4) Imagen 1° del historial de solicitudes y consultas de la recurrente en el Departamento de Extranjería y Migración; (5) Imagen 2° del historial de solicitudes y consultas de la recurrente en el Departamento de Extranjería y Migración.

Informe evacuado por el Departamento de Extranjería y Migración

Segundo: Que informando la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, en virtud de los antecedentes que expone.

Como antecedentes de hecho señala que mediante Resolución Exenta N°835/457 de 28 de marzo de 2019 el Consulado General de Chile en Bogotá, concede visa temporaria a la recurrente, valida por 365 días desde el arribo al territorio nacional. Agrega que la actora ingresó al territorio nacional el 29 de marzo de 2019 y que mediante plataforma electrónica de la recurrida se remitió solicitud de permiso de Permanencia Definitiva el 19 de febrero de 2020. Dicho permiso, en la actualidad, se encuentra en tramitación ante la autoridad migratoria, sin embargo la extranjera se encuentra residiendo de forma regular en el país mientras se mantenga en tramitación su solicitud.

Señala que la solicitud de Permanencia Definitiva ha sido presentada ante la autoridad administrativa dentro del plazo y cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 125 y siguientes del Reglamento de Extranjería. Agrega que los comprobantes de expedidos por la autoridad son una de las formas que establece el Reglamento de Extranjería para probar la residencia regular en el territorio nacional, en conformidad al artículo 157 N° 5, en relación al artículo 135, ambos del Decreto Supremo N° 597 de 1984. En dicho sentido cita fallo de causa Rol 25.817-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En cuanto al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, este no sería fatal para dar término a los procedimientos administrativos.

Indica que toda alegación relacionada con posibles molestias que puede traer el hecho de no contar con una cédula de identidad vigente deben ser dirigidos por la vía jurisdiccional que corresponda contra aquellas instituciones o personas que le desconozcan la residencia legal en el país, puesto que como se ha señalado, muy por el contrario, la autoridad recurrida nunca ha desconocido la regularidad de la residencia de los recurrentes, ha dado tramitación a todas y cada una de sus solicitudes y su actuar se encuentra ajustado a derecho.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, no puede desprenderse un acto u omisión por parte de la autoridad arbitrario o ilegal, que amenace, prive o perturbe en su legítimo ejercicio de las garantías incoadas al recurrente, actuando siempre con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Acompaña a su informe Comprobante de solicitud de Permanencia Definitiva en trámite, de fecha 19 de febrero de 2020, emitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Considerandos y decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que el reproche que formulan los recurrentes consiste en la excesiva demora de la autoridad migratoria en la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva en el país, la cual fue ingresada mediante la plataforma electrónica dispuesta por la recurrida el 19 de febrero de 2019.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, para un adecuado análisis de la situación planteada, conviene precisar que el procedimiento administrativo para la obtención de la Permanencia Definitiva se encuentra regulado en el Decreto N°597 de 14 de junio de 1984 sobre Reglamento de Extranjería.

El texto legal dispone, en su artículo 125, que las solicitudes de Permanencia Definitiva se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva. Estos documentos llevarán inserta la declaración jurada a que se refiere la letra d) del artículo 15, para su suscripción por el recurrente extranjero. Además agrega que las solicitudes deben contar con los siguientes requisitos: (1) Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio; (2) Fecha y lugar de ingreso a Chile, con indicación del medio de transporte empleado; (3) Número y clase de documento de ingreso; (4) Condición de ingreso y de actual residencia; y (5) Motivos que sirven de fundamento a la petición. En el mismo sentido el apículo 127 indica la documentación que debe ser acompañada a la solicitud respectiva.

De igual modo es importante hacer alusión al artículo 157 del Reglamento de Extranjería el cual indica “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes:

1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo;

2. Tarjeta de Tripulante o Tarjeta Especial de Tripulante;

3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro;

4. Título de Residencia;

5. Comprobante establecido en el artículo 135°;

6. Certificado de Permanencia Definitiva, y

7. Cédula de Identidad.”

Lo anterior relacionado con el artículo 135 el cual señala “Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el presente Título la autoridad receptora de ellas entregará al recurrente un comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma, pudiéndose, a petición del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrare pendiente de resolución.

Dichos plazos serán fijados por el Ministerio del Interior, y durante la tramitación de la solicitud, se podrá requerir al extranjero que comparezca personalmente ante la autoridad receptora o que envíe documentación pertinente para el análisis de su solicitud. El incumplimiento de estos requerimientos dentro del plazo establecido por la autoridad, permitirá a ésta actuar conforme lo dispuesto en los artículos 136° y 138° N° 5 del presente Reglamento.”

Séptimo: Que, corresponde analizar la normativa establecida en la Ley 19.880, en especial el articulo 27 el cual dispone “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Que de los antecedentes acompañados al proceso consta que la Solicitud de Permanencia Definitiva fue ingresada a la plataforma virtual del recurrente el 19 de febrero de 2020 y el recurso de protección fue interpuesto el 3 de septiembre de 2020.

Que la Excma. Corte Suprema en causa Rol 24.827-2020 establece “Séptimo: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de las solicitudes de residencia definitivas presentadas por los actores, por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.”

La omisión en la que incurre la recurrida no solamente debe ser tachada de ilegal, sino que además vulneratoria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7° del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por C.L.M.N., en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto la citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de residencia definitiva presentadas ante ella por la recurrente, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-89.585-2020

Texto del fallo

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Corte de Apelaciones de Chillan acoge recurso de protección y ordena al Departamento de Extranjería y Migración a reanudar tramitación de solicitud de Permanencia Definitiva

Mon, 04 Jan 2021 10:29:38 +0000

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Chillán acogió recurso de protección (causa Rol 2321-2020) presentado en contra del Departamento de Extranjería y Migración, ordenando a la autoridad migratoria a dejar sin efecto la notificación que daba por terminada una solicitud de permanencia definitiva, debiendo en su lugar continuar con la tramitación de dicha postulación.

La recurrente había solicitado Permanencia Definitiva en noviembre de 2019. 9 meses después, el Departamento de Extranjería y Migración le notificó que su solicitud se encontraba incompleta o era insuficiente, debiendo subsanarla dentro del plazo de 5 días hábiles desde la fecha de notificación, ya que de no hacerlo su solicitud quedaría como desistida.

Sin embargo, el plazo de 5 días había pasado a ser de 120 días corridos desde la fecha de notificación por disposición de la Resolución Exenta 2.933 dictada por la Subsecretaria del Interior, por lo que al haber sido notificada con fecha 22 de septiembre de 2020 de la necesidad de subsanar, la recurrente contaba con plazo hasta el día 20 de enero de 2021. No obstante lo anterior, la recurrente subsanó su solicitud de permanencia definitiva con fecha 22 de octubre de 2020, es decir, dentro de plazo. Días después de haber subsanado, el Departamento de Extranjería y Migración notificó a la recurrente que su solicitud había quedado como desistida por no haber cumplido con la obligación de subsanar dentro del plazo de 5 días.

«Que, en consecuencia, al dar por terminada la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, por no haber dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad, en el plazo de 5 días otorgado, actuó en contra de lo dispuesto en la Resolución Exenta 2.933 y lo publicado tanto en su sitio web como en sus redes sociales, lo que constituye, en concepto de esta Corte, una actuación ilegal y arbitraria por parte del Departamento de Extranjería y Migración (…)».

– Considerando 10° de la sentencia

Del recurso de protección interpuesto

1°.- Que, comparece el abogado don Marco Antonio Valdés Merino, en favor de doña Ivonne Carolina Quintero Durán, venezolana, deduciendo recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber dado término a la Solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente a través de Notificación de fecha 26 de octubre de 2020.

Funda su acción en que su representada solicitó Permanencia Definitiva a través del portal de Trámites Digitales del Departamento de Extranjería y Migración (tramites.extranjeria.gob.cl) con fecha 29 de NOVIEMBRE de 2019. El día 12 de junio de 2020, la Subsecretaría del Interior dictó Resolución Exenta N ° 2.933 de 2020, publicada en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2020, que “ Dispone medida provisional de extensión del plazo contemplado en el artículo 31, de la Ley N ° 19.880, en los casos que indica, producto de la emergencia sanitaria por brote de ‘Covid- 19’” . Así , a partir del 01 de junio de 2020, todo extranjero cuya solicitud de residencia temporaria o permanencia definitiva se encontrare incompleta contaba con 120 días corridos para subsanarlas o acompañar los documentos faltantes, en lugar de 5 días hábiles, desde la fecha de notificación efectuada por el Departamento de Extranjería y Migración, lo que fue publicitado en la página web del Servicio y sus redes sociales.

Luego, indica que el 22 de septiembre de 2020, la recurrente fue notificada vía correo electrónico del hecho que su solicitud de Permanencia Definitiva se encontraba incompleta o era insuficiente, y se le otorgaban 5 días para subsanar, y no los 120 días corridos entregados por la Resolución Exenta N ° 2.933, pues el certificado de vigencia del contrato que había acompañado con su solicitud no se encontraba legalizado ante Notario, entregándole 5 días hábiles para subsanar la solicitud. De no hacerlo dentro de dicho plazo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N ° 19.880, se tendría por desistida la petición. Pese a que el plazo para subsanar solicitudes de permanencia definitiva había sido modificado a través de la Resolución Exenta N ° 2.933, contando la recurrente no con 5 días hábiles como se indicaba en la notificación efectuada por la autoridad migratoria, sino con 120 días corridos para subsanar su solicitud desde la fecha de notificación, es decir, hasta el día 20 de ENERO de 2021 para subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva.

Añade que, contando con el documento solicitado, su representada procedió a subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva en línea a través del sitio web de Trámites Digitales del Departamento de Extranjería y Migración (tramites.extranjeria.gob.cl) con fecha 22 de OCTUBRE de 2020, tal como puede verificarse en Solicitud de Permanencia Definitiva en trámite (número de solicitud 2642217) emitida por el Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, aún después de haber subsanado su solicitud de Permanencia Definitiva dentro de plazo, siguiendo las mismas instrucciones que la autoridad migratoria había publicado en su sitio web oficial, en sus redes sociales, y lo dispuesto en Resolución Exenta N ° 2.933 de la Subsecretaría del Interior, la recurrente recibe una nueva notificación por parte del Departamento de Extranjería y Migración, con fecha 26 de OCTUBRE de 2020, de título “Tramitación concluida. No cumple en el plazo otorgado” (N° de identificación 127305404 – Código de trámite 2642217) en la que se le comunica que “en atención a que no dio cumplimiento a lo requerido por la autoridad, en el plazo de 5 días otorgado, se tenía por desistida la petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 y 40 de la Ley N ° 19.880, de Procedimientos Administrativos.” , siendo que la recurrente contaba con 120 días corridos para subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva desde la fecha de notificación, y no 5 días hábiles.

Estima que de manera completamente arbitraria e ilegal, la autoridad migratoria, haciendo caso omiso a lo dispuesto en la Resolución N ° 2.933 de la Subsecretaría del Interior, y de lo que la misma autoridad había publicado en su sitio web y redes sociales, decidió poner término a la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente, dejándola en una situación migratoria irregular en Chile, reportándole un menoscabo evidente, dada la precariedad en la que se encuentra actualmente en el país, sin un permiso de residencia, teniendo como única alternativa el pagar una sanción administrativa como requisitos previo para poder presentar una nueva solicitud de residencia en Chile, sin perjuicio de haber subsanado su solicitud en tiempo y forma según el plazo otorgado por la Resolución Exenta 2.933 de la Subsecretaría del Interior y según lo dispuesto por la misma autoridad migratoria.

Estima que la recurrida con su actuar ha vulnerado el derecho consagrado en el Artículo 19 N ° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley. Además, ha vulnerado el principio de servicialidad estatal, el principio de juridicidad.

Finalmente, pide a esta Corte que acoja el presente recurso de protección, declarando el actuar arbitrario e ilegal de la autoridad migratoria y ordenar al Departamento de Extranjería y Migración a dar tramitación a la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente en el más breve plazo, y hasta su otorgamiento.

Informe del Departamento de Extranjería y Migración

2°.- Que, informando el abogado don Aldo Crispieri Sánchez, en representación de don Álvaro Bellolio Avaria, Jefe del Departamento de extranjería y migración, solicita el rechazo del recurso, en virtud de que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición; debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 22 de septiembre mediante notificación electrónica se informó a la extranjera en mención, que su solicitud de permanencia definitiva se encontraba incompleta; dado que no adjuntó el certificado de vigencia de contrato firmado ante notario, otorgándose un plazo de 5 días hábiles para acompañar los documentos señalados, acto que no realizó en el tiempo establecido, por lo que se declaró desistida su petición de permanencia definitiva, de acuerdo a notificación de fecha 26 de octubre del presente año y encontrándose en situación migratoria irregular en el país.

Posteriormente explica que según la regulación aplicable, el envío de la solicitud de permiso de Permanencia Definitiva de los extranjeros, debe ser completa, es decir, que todos los documentos exigidos en la norma aplicable deben estar ya disponibles antes de materializar la solicitud, cuestión que los solicitantes de permanencia definitiva no tienen en consideración. Siendo la omisión de algún requisito legal, la causal para para no acoger a trámite su solicitud. El presente caso, el Departamento emitió una notificación electrónica al recurrente, en la que se le informó el otorgamiento de un plazo de 5 días según ordena el artículo 31 de la Ley 19.880, para subsanar el vicio. Una vez vencido el plazo otorgado para subsanar la solicitud incompleta, la solicitud original se tiene como desistida, por lo que el recurrente deben presentar una nueva solicitud, esta vez completa. Precisa que la recurrente no ha formalizado nuevas solicitudes de permanencia definitiva, sin perjuicio de que no exista ninguna medida migratoria dictada en su contra que les impidan regularizar su situación migratoria en el país.

En cuanto a la Resolución Exenta N ° 2933, de fecha 22 de junio del presente año, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ha extendido el plazo de 5 días dispuesto en el artículo 31 de la ley 19,880, a un plazo mayor de 120 días corridos, a contar del 1 de junio del año en curso, la que permite otorgar un plazo mayor para acompañar documentos o subsanar faltas de aquellas solicitudes de permisos de residencias que no reúnan los requisitos para el otorgamiento de las respectivas visas, hace presente que el otorgamiento excepcional de 120 días para poder complementar la solicitud de los extranjeros cuyas peticiones se encuentran incompletas es un plazo que venció el 29 de septiembre de 2020, toda vez que el plazo se cuenta desde el 1 de junio del presente, año y no desde la fecha de notificación electrónica en particular. Por lo que el plazo contabilizado por la recurrente es el incorrecto y por ende este Departamento procedió a desistir de la solicitud de la extranjera.

Por lo anteriormente expuesto, sostiene que no se ha vulnerado por parte de su representada el derecho a la igualdad ante la ley.

Consideraciones y decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el artículo 31° de la Ley N° 19.880 establece: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.”

7°.- Que, por su parte la Resolución Exenta N° 2.933 dictada por la Subsecretaría del Interior con fecha 12 de junio de 2020, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de junio de 2020, dispone “extiéndase, a 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, que establece las Bases de Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado, a contar del 1 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos al tenor de la norma anteriormente individualizada, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, según corresponda.”; información que también se publicó en el sitio web oficial y redes sociales del Departamento de Extranjería y Migración.

8°.- Que, de lo anterior se concluye que todo extranjero, cuya solicitud de residencia temporaria o de permanencia definitiva no cumpla con los requisitos legales, será notificado para que en un plazo de 120 días corridos, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

9°.- Que, según aparece del mérito de los antecedentes, la recurrente fue notificada de la necesidad de subsanar su solicitud, el día 22 de septiembre de 2020, por el Departamento de Extranjería y Migración, por lo cual cuenta con el plazo para dar cumplimiento a lo requerido hasta el día 20 de enero de 2021.

10°.- Que, en consecuencia, al dar por terminada la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, por no haber dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad, en el plazo de 5 días otorgado, actuó en contra de lo dispuesto en la Resolución Exenta 2.933 y lo publicado tanto en su sitio web como en sus redes sociales, lo que constituye, en concepto de esta Corte, una actuación ilegal y arbitraria por parte del Departamento de Extranjería y Migración, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas el interpuesto por el abogado don Marco Antonio Valdés Merino, en favor de doña Ivonne Carolina Quintero Durán, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dejándose sin efecto la resolución que puso término al proceso de tramitación de la residencia definitiva y en su lugar se dispone que se debe continuar con la tramitación correspondiente.

Corte de Apelaciones de Chillán – Rol N° 2321-2020 (Protección)

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Corte de Apelaciones de Iquique acoge recurso de protección y ordena al Departamento de Extranjería y Migración a reanudar tramitación de solicitud de Permanencia Definitiva

Wed, 16 Dec 2020 12:28:54 +0000

En fallo de fecha 15 de diciembre de 2020 (Causa Rol 819-2020), la Corte de Apelaciones de Iquique acogió recurso de protección deducido en contra del Departamento de Extranjería y Migración, luego de determinar que la manera en que la autoridad migratoria ha interpretado la Resolución Exenta N° 2.933 de la Subsecretaría del Interior ha generado una actuación arbitraria o ilegal, infringiendo con ello la garantía contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, referida a la igualdad ante la ley.

En caso de autos, el recurrente, de iniciales R.A.O., fue notificado el día 17 de septiembre de 2020 sobre el hecho que su solicitud de Permanencia Definitiva se encontraba incompleta o insuficiente, entregándole plazo para subsanar.

Por expresa disposición de la Resolución Exenta N° 2.933 de la Subsecretaría del Interior, el extranjero contaba con 120 días corridos para subsanar su solicitud y no 5.

Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración decidió dar por terminada la tramitación de su solicitud de Permanencia Definitiva por no haber dado cumplimiento a su obligación de subsanar dentro del plazo de 5 días establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, omitiendo la ampliación de plazo otorgada a través de la Resolución Exenta N° 2.933 de la Subsecretaría del Interior.

Texto del fallo

Del recurso de protección presentado

Comparece don Marco Valdés Merino, abogado, a favor de R.A.O., cubano, soltero, técnico electrónico, C.I. para extranjeros N° XX.XXX.XXX-X, por quien deduce acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por haber dado término a la Solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente a través de notificación de 12 de noviembre de 2020, de manera arbitraria e ilegal, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

Expone que el recurrente solicitó Permanencia Definitiva con fecha 28 de noviembre de 2019. Añade que el 12 de junio de 2020, la Subsecretaría del Interior dictó Resolución Exenta N° 2.933 de 2020, que dispone medida provisional de extensión del plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley 19.880, en los casos que indica, producto de la emergencia sanitaria por brote de Covid-19. En razón de ello, señala que a partir del 1 de junio de 2020, todo extranjero cuya solicitud de residencia temporaria o permanencia definitiva se encontrare incompleta, contaba con 120 días corridos para subsanarlas o acompañar los documentos faltantes, en lugar de 5 días hábiles, desde la fecha de notificación efectuada por el Departamento de Extranjería y Migración, información que fue replicada por la autoridad migratoria a través de sus redes sociales, en las que se le comunicaba a los extranjeros que se extendía de 5 a 120 días corridos el plazo para subsanar solicitudes de Permanencia Definitiva, a partir de la fecha de notificación.

Indica que el día 17 de septiembre pasado, el recurrente fue notificado vía correo electrónico de que su solicitud de Permanencia Definitiva se encontraba incompleta o era insuficiente, y se le otorgaban 5 días para subsanar, y no los 120 días corridos entregados por la Resolución Exenta N° 2.933. Así, al obtener el documento requerido, dice que procedió a subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva el 5 de noviembre pasado, pero, aún después de haber subsanado ello dentro de plazo, siguiendo las instrucciones que la autoridad migratoria había publicado en su sitio web oficial, en sus redes sociales, y lo dispuesto en Resolución Exenta N° 2.933 de la Subsecretaría del Interior, recibió una nueva notificación del Departamento de Extranjería y Migración, el 12 de noviembre de 2020, de título “Tramitación concluida. No cumple en el plazo otorgado” en la que se le comunica que “en atención a que no dio cumplimiento a lo requerido por la autoridad, en el plazo de 5 días otorgado, se tenía por desistida la petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 y 40 de la Ley 19.880, de Procedimientos Administrativos”, siendo que, como ha relatado latamente, contaba con 120 días corridos para subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva desde la fecha de notificación y no con 5 días hábiles.

Por lo anterior, indica que de manera arbitraria e ilegal, la autoridad migratoria, haciendo caso omiso a la Resolución N° 2.933, de la Subsecretaría del Interior, y a lo que la misma autoridad había publicado en su sitio web y redes sociales, puso término a la solicitud del recurrente, dejándolo en una situación migratoria irregular en Chile, reportándole un menoscabo evidente, dada la precariedad en la que se encuentra actualmente en el país, sin un permiso de residencia, teniendo como única alternativa el pagar una sanción administrativa como requisito previo para poder presentar una nueva solicitud de residencia en Chile, sin perjuicio de haber subsanado su solicitud en tiempo y forma según el plazo otorgado por la misma autoridad migratoria.

Alega como garantía constitucional vulnerada la igualdad ante la ley, pues la recurrida impidió que le fuera aplicable la extensión de plazo para subsanar otorgado por la Resolución Exenta N° 2.933, agregando que, asimismo, se vulnera principio de servicialidad estatal, primacía de los derechos esenciales y juridicidad.

Concluye que existe un acto arbitrario e ilegal del Departamento de Extranjería y Migración. Es ilegal porque atenta contra lo establecido en la Resolución Exenta N° 2.933, que extendió el plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley 19.880 a 120 días corridos para subsanar las faltas o acompañar documentos, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, según corresponda, poniendo término a la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente, no obstante haber subsanado su solicitud de Permanencia Definitiva dentro de plazo. Es arbitrario, porque la decisión de la autoridad migratoria carece de un fundamento razonable que pueda justificarla, prescindiendo de lo dictado por la Subsecretaría del Interior en Resolución Exenta N° 2.933, yendo en contra de lo que el mismo Departamento de Extranjería había informado a través de su sitio web y de sus redes sociales.

Pide, en definitiva, acoger el recurso y ordenar al Departamento de Extranjería y Migración dar tramitación a la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente en el más breve plazo, y hasta su otorgamiento.

Informe del Departamento de Extranjería y Migración

Evacúa informe don Felipe Rosselli Ambuchi, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de la acción, ya que no se configuran los presupuestos para su interposición, debiendo ser considerada improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías del artículo 20 de la Constitución Política.

Relata que el 29 de octubre de 2018, el extranjero R.A.O., solicitó visación temporaria, la que fue otorgada por un año mediante Resolución Exenta N° XXX.XXX, de 29 de octubre de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, con vigencia hasta el día 07 de noviembre de 2019. Luego, el 28 de noviembre de 2019, el extranjero solicitó permiso de permanencia definitiva.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 2.933, de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría del Interior, se extiende por 120 días corridos el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, a contar del 01 de junio de 2020 para subsanar las faltas o acompañar documentos de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, por lo que dicha medida tuvo vigencia máxima hasta el día 29 de septiembre de 2020, lo cual fue informado por la página www.extranjeria.gob.cl y las diversas redes sociales del Departamento.

En lo pertinente, refiere que mediante Comunicación Folio XXXXXX de 17 de septiembre de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunicó al extranjero que su solicitud de Permanencia Definitiva no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente, en atención a que no adjuntó la documentación señalada en los formularios, a saber: el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra vencido; otorgándole un plazo de 5 días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880.

Explica que el 4 de noviembre pasado, es decir, más de un mes después de la comunicación que le otorgaba 5 días para subsanar su solicitud, y fuera del plazo de 120 días, que venció el día 29 de septiembre de 2020, ingresó los documentos pedidos, y mediante Comunicación Folio XXXXXX, de 12 de noviembre pasado, del Departamento de Extranjería y Migración, se le informó que la tramitación se encuentra concluida, ya que no cumplió con el plazo otorgado de 5 días para subsanar la solicitud, por lo que se tiene por desistida. Añade que a la fecha, no se ha dictado resolución alguna que multe, disponga orden de abandono o expulsión respecto del extranjero, ni tampoco ha hecho una nueva solicitud con los requisitos exigidos por la normativa vigente, encontrándose habilitado para ello, posterior pago de la multa por el tiempo de residencia irregular.

Colaciona Decreto Ley 1.094 de 1975, Ley de Extranjería; Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería; concluyendo que el envío de la solicitud de permiso de Permanencia Definitiva de los extranjeros, debe ser completa, ya que la autoridad, de conformidad al artículo 135 del Reglamento de Extranjería, y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante. Lo anterior, en base a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de Extranjería. Asimismo, refiere que para acoger a trámite una solicitud de residencia y otorgar el comprobante a que hace referencia el artículo 135 precitado, es necesario que del análisis de los antecedentes, el extranjero cumpla con todos los requisitos y envíe toda la documentación solicitada.

Por lo expuesto, señala que no es efectivo que el Departamento de Extranjería y Migración haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto la remisión íntegra de los documentos exigidos por la autoridad es un requisito que se exige a todo extranjero que solicita algún permiso de residencia en el país, siendo su omisión causal para no acoger a trámite su solicitud, tal como se advierte en el instructivo, teniendo además en consideración que no existe vulneración de los derechos de la libertad personal y seguridad individual protegidos por el recurso de amparo, en atención a que no existe medida alguna que disponga el abandono o expulsión del país, es más, el extranjero se encuentra habilitado para ingresar una nueva solicitud, cumpliendo con todos los requisitos señalados.

Finalmente, precisa que la Resolución Exenta N° 2.933, de la Subsecretaría del Interior, dispuso una medida provisional de extensión de plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley 19.880, producto de la emergencia sanitaria por brote COVID-19, extendiéndose a 120 días corridos el plazo establecido, a contar del 01 de junio de 2020, para subsanar las faltas o acompañar documentos, respecto de aquellas solicitudes de residencia temporaria o permanencia definitiva que no reúnan los requisitos legales, por lo que dicho plazo venció el 29 de septiembre, ya que se contaba desde el 1 de junio de 2020 y no respecto al caso a caso, por lo que el extranjero se encontraba fuera de plazo al presentar su solicitud de subsanación.

Pide rechazar la acción de protección intentada en todas sus partes por su falta de oportunidad. Adjunta antecedentes.

Razonamiento y decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, el recurrente reclama por el acto de la recurrida de haber dado término a su Solicitud de Permanencia Definitiva, de manera arbitraria e ilegal, vulnerando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, sin respetar la extensión de plazo contenida en la Resolución Exenta N° 2.933, de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría del Interior.

TERCERO: Que, según los antecedentes allegados al recurso, la situación fáctica respecto del protegido es la siguiente:

1.- Con fecha 28 de noviembre de 2019 solicitó Permanencia Definitiva.

2.- El 12 de junio de 2020, la Subsecretaría del Interior dictó Resolución Exenta N° 2.933, de 2020, que dispone medida provisional de extensión del plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley 19.880, de 5 días hábiles a 120 días corridos para subsanar o acompañar documentos faltantes.

3.- El 17 de septiembre del corriente, fue notificado vía correo electrónico del hecho que su solicitud de Permanencia Definitiva se encontraba incompleta o era insuficiente, y se le otorgaban 5 días para subsanar.

4.- El 5 de noviembre pasado, procedió a subsanar su solicitud.

5.- El 12 de noviembre de 2020, recibió comunicación de la recurrida, de título “Tramitación concluida. No cumple en el plazo otorgado” en la que se comunica que “en atención a que no dio cumplimiento a lo requerido por la autoridad, en el plazo de 5 días otorgado, se tenía por desistida la petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 y 40 de la Ley 19.880, de Procedimientos Administrativos.”.

CUARTO: Que cabe asentar que la discusión radica en el alcance y extensión de lo establecido en la referida Resolución Exenta N° 2.933, de 12 de junio de 2020 de la Subsecretaría del Interior, que dispuso una medida provisional de extensión de plazo contemplado en el artículo 31 de la Ley 19.880, producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En dicho sentido, la institución recurrida precisa que la extensión de 120 días corridos para subsanar las faltas o acompañar documentos, es a contar del 1 de junio de 2020, por lo que dicho plazo venció el día 29 de septiembre, no contándose caso a caso.

QUINTO: Que la manera en que ha sido interpretada la Resolución Exenta N° 2.933 por la autoridad político administrativa, conduce a determinar que en el caso del recurrente de autos se ha generado una actuación arbitraria o ilegal, infringiendo con ello la garantía contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, referida a la igualdad ante la ley.

En efecto, la extensión del plazo de 120 días para regularizar la situación migratoria en el país del protegido, debía comenzar a contarse ante la ley. desde la fecha que fue notificado acerca de que su solicitud de Permanencia Definitiva se encontraba incompleta o era insuficiente, esto es, el 17 de septiembre de 2020, y no antes.

Este es el correcto sentido que debe dársele a la Resolución Exenta, tal como la propia institución recurrida además lo hizo saber en forma pública en su página web oficial y en redes sociales, cuando comunica que dicho plazo empezaría a correr desde la notificación respectiva. Es decir, dicho cómputo debía hacerse en cada caso en forma individual, y no quedando entregado al mero arbitrio de la autoridad migratoria, quien le concedió 5 días hábiles desde el señalado 17 de septiembre, para subsanar su defecto, lo que lleva a acoger la acción deducida en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE ACOGE la acción constitucional de protección presentada por R.A.O. en contra de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, y se ordena a la recurrida dejar sin efecto la notificación de la comunicación del 12 de noviembre de 2020, debiendo en cambio tener por subsanado el defecto con fecha 5 de noviembre de este año, y dar curso a su solicitud de Permanencia Definitiva, hasta su completa y acabada tramitación.

Fuente: Corte de Apelaciones de Iquique – Rol N° 819-2020

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Cómo solicitar el Certificado de Devolución de Dinero por pago en exceso de derechos migratorios

Tue, 10 Nov 2020 12:42:12 +0000

La Circular N° 20 dictada por el Departamento de Extranjería y Migración con fecha 25 de septiembre de 2020, establece que a partir del 5 de octubre de 2020, los extranjeros podrán solicitar Certificados de Devolución de Dinero por pago de permisos migratorios en exceso en casos de Rechazos de Solicitudes de Permanencia Definitiva y Otorgamiento de Visación de Residencia, a través del sitio web de tramites.extranjeria.gob.cl.

¿Quiénes pueden solicitar un Certificado de Devolución de Dinero?

Todo extranjero que cumpla con los siguientes requisitos copulativos (copulativos: deben cumplirse los 3 requisitos para poder obtener el Certificado – si no se cumple 1 de los 3 no podrá obtenerse el Certificado):

1) Que habiendo solicitado la Permanencia Definitiva, haya recibido una Resolución Exenta emitida por el Departamento de Extranjería y Migración notificando que la solicitud (de Permanencia Definitiva) ha sido rechazada y se ha otorgado una visación de residencia en subsidio; Y,

2) Que el valor de la Visación de Residencia otorgada (en subsidio de la solicitud de Permanencia Definitiva rechazada) tenga un valor en moneda local menor al pagado en moneda local (CLP = peso chileno) por la Permanencia Definitiva (CLP$82.636) que permitió emitir la Resolución Exenta mencionada en el primer requisito.

Por ejemplo:

Digamos que somos nacionales de Polonia.

El costo de una visa de residencia temporaria para nacionales de Polonia es de US$65, equivalentes en moneda local (CLP) a CLP$52.000.

Ya que el costo de la visa de residencia temporaria que se nos otorgó (en la Resolución Exenta que rechazó nuestra solicitud de Permanencia Definitiva) es menor al pagado por la solicitud de Permanencia Definitiva (CLP$82.636), podríamos solicitar la devolución de lo pagado en exceso, que correspondería a CLP$30.636.

Tabla de Valores de visas de residencia en Chile

3) Y, Haber completado el trámite de Estampado o descarga del Estampado Electrónico (EE) de la Visación de Residencia otorgada (en subsidio de la solicitud de Permanencia Definitiva rechazada).

¿Cómo solicitar el Certificado de Devolución de Dinero si se cumple con los requisitos?

Si se cumple con los 3 requisitos copulativos (copulativos: deben cumplirse los 3 requisitos para poder obtener el Certificado – si falta tan solo 1 de los 3 no podrá obtenerse el Certificado) mencionados en el punto anterior se podrá realizar la solicitud de “Certificado de Devolución de Dinero por pago de Permisos Migratorios” a través del sitio web de Trámites en Línea del Departamento de Extranjería y Migración, debiendo para ello, contar con Clave Única.

Si no se cuenta con Clave Única, ésta debe ser solicitada personalmente en las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile o de ChileAtiende, o a través de los tótems de autoatención del Registro Civil.

Enlace directo al trámite

Actualmente, el trámite no se encuentra listado en el sitio web de Trámites en Línea de Extranjería. por lo que para acceder a el tenemos que hacer clic aquí.

Iniciamos sesión con nuestra Clave Única

Después de hacer clic en el enlace, tendremos que iniciar sesión con nuestra Clave Única:

Leemos las instrucciones

En la siguiente ventana, leemos las instrucciones y luego hacemos clic en «Siguente»:

Solicitud de Certificado de Devolución de Dinero
Bienvenido al trámite que permite obtener el Certificado de Devolución de Dinero
¿En qué consiste?
Permite a quienes han recibido una resolución exenta de Rechaza Solicitud de Permanencia Definitiva y Otorga Visación de Residencia, solicitar el certificado de devolución de dinero. Una vez realizada esta solicitud, y siempre que se encuentre disponible, recibirá en su correo electrónico el certificado de devolución, que luego debe presentar en Tesorería General de la República para hacer efectivo el reembolso.

Si el Certificado se encuentra disponible

Si el Certificado se encuentra disponible, se entregarán detalles del monto que corresponde al reembolso, así como información de la Resolución Exenta en la cual se entrega el permiso migratorio de Visación de Residencia.

Luego, tendrán que aceptarse las condiciones del trámite, para recibir el Certificado de Devolución de Dinero en el correo electrónico indicado, y así descargar el documento en formato digital para ser presentado ante la Tesorería General de la República (TGR).

Si el Certificado NO se encuentra disponible

Si se indica que el Certificado no se encuentra disponible, se dará por finalizado el trámite, retornado a la página de inicio de la plataforma de trámites digitales del Departamento de Extranjería y Migración.

Un certificado puede no estar disponible por alguno de los siguientes motivos:

El valor de la visa otorgada es mayor al valor pagado por la solicitud de Permanencia Definitiva que fue rechazada, en cuyo caso se deberá pagar la diferencia de dinero para aceptar el beneficio.
El valor de la visa otorgada es igual al valor pagado por la solicitud de Permanencia Definitiva que fue rechazada, en cuyo caso no hay necesidad de generar un certificado por la suma de $0.
No se ha completado el trámite de estampado o descarga del Estampado Electrónico (EE) de la visa otorgada.

Problemas

Si se cumple con los requisitos para solicitar el Certificado de Devolución de Dinero y el documento no se encuentra disponible, habrá que contactar al Departamento de Extranjería y Migración a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) haciendo presente el problema y solicitando su solución.

Solicitud en el sitio web de la Tesorería General de la República (TGR)

Contando con el Certificado de Devolución de Dinero emitido por el Departamento de Extranjería y Migración, nos vamos al sitio web de la Tesorería General de la República, específicamente la sección de «Oficina Virtual TGR«. En dicha sección tendremos que buscar el título «15. Solicitud devolución por rechazo de permanencia definitiva y otorgamiento de visa a extranjero«:

Como vemos en la imagen, se describirá en que consiste la solicitud, y documento a adjuntar (Certificado de Devolución de Dinero otorgado por el Departamento de Extranjería y Migración).

Luego de leer las condiciones, hacemos clic en «IR AL FORMULARIO«.

Inmediatamente después, tendremos que iniciar sesión con nuestra Clave Tributaria del SII o con nuestra Clave Única:

Luego de iniciar sesión, tendremos que ingresar: nuestro Teléfono, nuestro Email (este correo electrónico no puede estar asociado a otro RUT), nuestra Región y nuestra Comuna.

A continuación, tendremos que seleccionar el trámite a Consultar, que será: “Solicitud devolución por permanencia definitiva y otorgamiento de visa rechazada a extranjeros”.

En el siguiente campo, tendremos que detallar nuestra solicitud: Indicar que estamos solicitando la devolución de lo pagado en exceso por permisos migratorios, y que deseamos que el dinero sea devuelto a través de cheque o a nuestra cuenta bancaria personal.

Por último, tendremos que adjuntar el Certificado de Devolución de Dinero emitido por el Departamento de Extranjería y Migración, y enviar la solicitud.

Después de enviar la solicitud, tendremos que esperar a ser contactados por Tesorería General de la República vía correo electrónico.

Fuentes

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Dictamen de Contraloría General de la República establece que es factible que el Registro Civil entregue el código de activación o reactivación de Clave Única a extranjeros cuyas cédulas de identidad se encuentren vencidas

Mon, 09 Nov 2020 21:04:33 +0000

En Dictamen N° E45754N20 del 23 de octubre de 2020, la Contraloría General de la República determinó que es factible que el Servicio de Registro Civil e Identificación entregue el código de activación o reactivación de Clave Única a extranjeros cuyas cédulas de identidad se encuentren vencidas, con el único propósito que aquellos puedan efectuar trámites ante el Departamento de Extranjería y Migración y las Gobernaciones Provinciales, tomando los resguardos necesarios a fin de corroborar la identidad del solicitante y las circunstancias invocadas.

Texto del dictamen

El Servicio de Registro Civil e Identificación -SRCEI- solicita se determine si tiene la facultad de “entregar el código de activación o de reactivación de la Clave Única a los/las extranjeros/as con cédulas de identidad vencidas al momento en que les corresponde efectuar trámites ante el Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública (DEM)” y las Gobernaciones Provinciales, “sea por demora en la captación electrónica de la cita, o porque la cédula fue extraviada o les fue robada”.

Precisa que actualmente las solicitudes de permanencia definitiva, de prórroga de la visa y de nacionalidad se tramitan por las referidas entidades exclusivamente a través de las respectivas páginas webs institucionales, usando dicha clave, la que se obtiene previo trámite presencial de enrolamiento y con acreditación de la identidad del interesado.

El SRCEI expone las medidas de resguardo que se adoptarían al efecto, como asimismo para que la Clave Única sea utilizada exclusivamente en trámites ante las entidades referidas. Agrega que el proceder por el que consulta no supone la vigencia de la cédula de identidad ni el incumplimiento de la normativa sobre extranjeros en Chile, sino que con ese accionar se procuraría terminar con una limitación discriminatoria, originada en un caso fortuito o fuerza mayor.

El Departamento de Extranjería y Migración emitió su informe, en síntesis, concordando con el planteamiento del SRCEI.

Como cuestión previa, cabe precisar que la exigencia de presentar la cédula de identidad vigente al momento de requerir el código de activación o reactivación de la Clave Única, deriva de la necesidad de comprobar la identidad del solicitante y su habilitación para realizar actos en el país, en concordancia con la normativa del SRCEI y aquella que rige a los extranjeros en Chile y con el procedimiento aprobado en la resolución exenta N° 3.595, de 2010, de ese servicio.

Sobre la materia, cumple con manifestar que en el contexto de la modernización del Estado y el consiguiente uso de las tecnologías de la información por parte de los órganos que integran la Administración del Estado -de lo que dan cuenta, entre otras, las leyes N°s. 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos, y 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación-, se creó la denominada Clave Única, la que tendrá especial relevancia con la futura vigencia de la ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado.

La Clave Única es un sistema de identificación digital, consistente en una contraseña única que se proporciona al interesado y que le permite realizar trámites en línea en servicios u órganos del Estado, que requieren ser efectuados solo por el titular. Su entrega corresponde al SRCEI, en atención a lo dispuesto en los artículos 3° y 4°, N° 4, de la ley N° 19.477, que contemplan sus funciones de establecer y registrar la identidad civil de las personas y otorgar los documentos oficiales que acreditan la identidad.

Como lo señala el SRCEI en su consulta -lo que este Organismo Contralor también precisó en el dictamen N° 17.529, de 2016-, el otorgamiento de la Clave Única considera, como paso previo, un trámite de enrolamiento que supone la concurrencia personal del solicitante de la clave a las oficinas de ese servicio público, puesto que resulta esencial la verificación de la identidad de la persona que la requiere, lo que le permitirá obtener la respectiva clave, la cual, a su vez, le posibilitará realizar en línea diversos trámites personales ante los organismos estatales.

Por su parte, el artículo 53 del decreto ley N° 1.094, de 1975, dispone, en lo pertinente, que los extranjeros obligados a registrarse deben solicitar cédula de identidad en el término al que alude, la que tiene un plazo de validez igual al de su respectiva visación. En cambio, aquella que se otorgue al titular de permanencia definitiva tiene una validez de 5 años. Agrega que ese instrumento se expide conforme a los nombres y apellidos que registre el pasaporte u otro documento válido vigente que se hubiere utilizado para el ingreso al país.

El artículo 108 del decreto N° 597, de 1984, del entonces Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, reitera el precitado precepto, precisando que los extranjeros requirentes, deberán acreditar su condición de residencia con los documentos o certificaciones oficiales correspondientes.

A su turno, de acuerdo al referido decreto ley y al indicado texto reglamentario, en las condiciones que establecen, corresponde al DEM o a las gobernaciones provinciales, en su caso, resolver las solicitudes de permanencia definitiva o de prórroga de la visa a los extranjeros en Chile.

De este modo, el SRCEI otorga la cédula de identidad a los extranjeros solicitantes, previa presentación de la certificación emanada del DEM o de la Gobernación Provincial, según se trate, que acredite la calidad de su residencia en el país, antecedente que es incorporado en el respectivo registro del primer servicio público, quedando subordinada la vigencia del documento de identificación al plazo de validez de su visa o por cinco años tratándose de permanencia definitiva.

Además, los extranjeros actualmente deben tramitar la residencia legal a través de las páginas web del DEM y las Gobernaciones Provinciales, para lo cual es imprescindible contar con la Clave Única proporcionada por el SRCEI, de manera que la no entrega del código que permite su activación o reactivación impide regularizar su situación migratoria en nuestro país.

Siendo así, en caso de extranjeros cuyas cédulas de identidad se encuentren vencidas, el SRCEI, por regla general, está impedido de renovarlas en tanto el interesado no presente la certificación oficial extendida por el DEM o la Gobernación Provincial, en que conste su residencia legal, lo que, a su vez, le imposibilita obtener el código de activación o de reactivación de la Clave Única necesario para tramitar esa residencia ante estas últimas entidades públicas.

Sin embargo, no resulta admisible que en situaciones como las expuestas en la presentación de la especie, se impida que determinadas personas, por causas ajenas a su voluntad -demora de la Administración y, en su caso, robo o extravío de documentos- se vean imposibilitadas de regularizar su situación legal en el país. En este sentido, además, se debe tener en consideración que las circunstancias excepcionales existentes por la contingencia sanitaria que afecta el territorio nacional, derivada de la propagación del Covid-19, ameritan una mayor flexibilidad por parte de los organismos públicos en materias como las referidas.

Luego, procede considerar que el SRCEI puede constatar la identidad del requirente de la Clave Única mediante la cédula de identidad vencida o, de haberla extraviado, a través de su pasaporte u otro documento idóneo, al tenor de lo establecido en los artículos 6° y 8° del citado decreto N° 597, de 1984, en orden a que la entrada a nuestro país de los extranjeros debe efectuarse con documentos idóneos y tienen ese carácter los pasaportes auténticos y vigentes, u otros documentos análogos que califique el Ministerio de Relaciones Exteriores, como asimismo, la documentación que determinen los Acuerdos o Convenios suscritos sobre la materia por el Gobierno de la República.

En este contexto, resulta factible que el SRCEI proceda a la entrega del código de activación o reactivación de la Clave Única a extranjeros cuyas cédulas de identidad se encuentren vencidas, por las razones que indica, con el único propósito que aquellos puedan efectuar trámites ante el DEM y las Gobernaciones Provinciales, tomando los resguardos necesarios a fin de corroborar la identidad del solicitante y las circunstancias invocadas.

En cuanto al retraso de los organismos públicos competentes en agendar las citas para tramitar las solicitudes de los extranjeros que requieren regularizar su residencia en nuestro país, lo que incidiría en el vencimiento de sus cédulas de identidad y a su turno impediría obtener la clave única, debe hacer presente que la actividad administrativa, conforme con los artículos 3°, 5°, 8° de la ley N° 18.575, se encuentra sometida a los principios de servicialidad, eficiencia, eficacia, coordinación y celeridad, de manera que su debida observancia garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos y, entre ellos, el Derecho a la Buena Administración.

Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer presente que por el decreto N° 34 de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprobó la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros, por los períodos que se indican, según el caso, siempre que los interesados hayan ingresado a trámite una solicitud de cambio o prórroga de visación de residente o permiso de permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o una Gobernación Provincial.

Saluda atentamente a Ud.

JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República

Contraloría General de la República – Dictamen N° E45754N20 del 23 de octubre de 2020

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Extranjería elimina requisitos para solicitantes de Carta de Nacionalización

Tue, 06 Oct 2020 16:07:17 +0000

En línea con lo comunicado el día de ayer por el Departamento de Extranjería y Migración (eliminación de requisitos para solicitudes de visas y de permanencia definitiva), hoy se comunicó la eliminación de requisitos para solicitar la Carta de Nacionalización en Chile. Desde el pasado 5 de octubre tampoco será requisito para solicitar la Carta de Nacionalización, el presentar:

Certificado de Antecedentes de Chile (emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación); ni,
Certificado de reconocimiento de título profesional o revalidación de título profesional (que era obligatorio para profesionales de la salud y opcional para profesionales de otros rubros); ni,
Documentos de inscripción en el colegio de ingenieros (que era obligatorio para ingenieros o técnicos graduados en el extranjeros y que se encuentran especialmente contratados para ejercer una función determinada en Chile).

Se eliminan requisitos de trámites de Nacionalización. pic.twitter.com/cc4QwbRBEC
— Migraciones Chile (@DptoExtranjeria) October 6, 2020

Circular N° 19 – Interoperabilidad PDI-DEM, consecuente eliminación de documentación y trámites para solicitudes de residencia que indica y otros – Departamento de Extranjería y Migración

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Cómo obtener el Estampado Electrónico del Departamento de Extranjería y Migración

Wed, 23 Sep 2020 20:12:51 +0000

A partir del día de hoy, 23 de septiembre de 2020, entra en vigencia el trámite de Estampado Electrónico (EE). Este trámite viene a reemplazar de manera definitiva al estampado presencial de visas. Así, a partir de hoy, a quienes se les haya otorgado una visa de residencia temporal en Chile, tendrán que pagar los derechos, enviar la documentación adicional (en caso de haber sido requerida) para luego poder realizar el trámite de Estampado Electrónico (EE) a través del sitio web de Trámites en Línea del Departamento de Extranjería y Migración. Este estampado será la visa hasta su fecha de vencimiento.

Cómo obtener el Estampado Electrónico

Para realizar el trámite, debemos digirinos al sitio web de Trámites en Línea del Departamento de Extranjería y Migración.

Una vez ahí, buscamos el trámite de «Estampado Electrónico» y hacemos clic en «Iniciar →«:

En la siguiente pestaña leemos las instrucciones:

Bienvenido al trámite que permite descargar el Estampado Electrónico.
Para buscar y activar un Estampado Electrónico, debe ingresar el mismo documento de identificación (Pasaporte ordinario, oficial o DNI) del solicitante según fue informado en su solicitud original, incluido el dígito verificador.
Es posible que hoy usted cuente con otro pasaporte, sin embargo debe señalar en esta etapa la información del documento con el cual usted postuló.
Para aquellos casos de personas dependientes: Revisados sus antecedentes, y una vez verificado que el estampado electrónico del titular se encuentre activo, su certificado será emitido y disponibilizado a la brevedad posible.
Se advierte que la información que usted nos proporcione se encuentra protegida por la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada que resguarda la confidencialidad de los datos entregados. Teniendo presente que la fraudulencia o falsificación del documento es penada por la ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Publica se reserva el derecho a ejercer acciones legales, ante el evento de verificarse las irregularidades anteriormente indicadas.

A continuación ingresamos el tipo de documento con el cual realizamos la solicitud de visa, ingresamos el número de pasaporte o DNI extranjero, seleccionamos el país otorgante del documento e ingresamos nuestra fecha de nacimiento:

Hecho lo anterior, hacemos clic en «Siguiente«.

En la siguiente pestaña hacemos click en «Continuar«.

De estar disponible nuestro Estampado Electrónico, se mostrará el detalle sobre el tipo de beneficio otorgado, nombre, nacionalidad, documento, tipo de documento, país del documento, condición en que fue otorgada la visa y el nombre del empleador (en caso de tratarse de una visa sujeta a contrato).

Solo si los datos indicados son correctos, hacemos clic en «Siguiente«. De lo contrario, tendremos que comunicarnos con el Departamento de Extranjería y Migración a través de SIAC haciendo presente el error (Leer: Cómo contactar al Departamento de Extranjería y Migración a través de SIAC).

Hecho lo anterior, hacemos clic en «Siguiente«.

En la siguiente pestaña leemos las condiciones y luego marcamos «He leído y acepto las condiciones«.

A continuación tendremos que adjuntar una imagen escaneada de la hoja de identificación de nuestro pasaporte (en formato PDF). En caso de no contar con pasaporte podemos presentar una imagen escaneada del título de residencia.

Luego, seleccionamos nuestro sexo, ingresamos nuestro teléfono celular, y nuestro correo electrónico:

Por último, seleccionamos nuestra región y comuna de residencia e indicamos si estamparemos nuestro Estampado Electrónico en el mismo pasaporte informado al momento de solicitar la visa o en uno distinto.

Completado lo anterior, hacemos clic en «Siguiente» para generar y descargar nuestro Estampado Electrónico (EE), el cual también será enviado de manera automática a nuestro correo electrónico.

Luego de obtener nuestro Estampado Electrónico, tendremos lo que será nuestra visa hasta la fecha de su vencimiento.

En la segunda página del Estampado Electrónico, se encuentra una tabla de dos columnas y trece filas, las cuales poseen las siguientes menciones: Número de resolución exenta; Fecha de resolución; Número del estampado electrónico; Tipo de beneficio; Visa válida hasta; Nombre; Nacionalidad; Documento; Tipo de Documento; País del documento; Dependiente o titular; y, Nombre del empleador (este último campo solo incluirá la información cuando la visa sea sujeta a contrato). Adicionalmente se incluye un código de verificación del documento.

Esta tabla debe ser adherida en una página libre para ello en el pasaporte o documento análogo y no puede superar la dimensión de 125 mm por 88 mm.

¿Qué paso viene después de obtener el Estampado Electrónico (EE)?

Si se trata de una visa por primera vez:

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de descarga del Estampado Electrónico (EE), tendremos que registrar la visa en PDI Virtual (Leer: Cómo registrar una visa por primera vez en PDI Virtual).
Registrada la visa por primera vez a través de PDI Virtual, tendremos que concurrir a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación a solicitar nuestra cédula de identidad (portando 2 copias del EE, 2 copias del Certificado de Registro de PDI, 2 copias de la hoja de identificación del pasaporte, 2 copias de la hoja del pasaporte en que se encuentra estampada la última entrada a Chile y CLP$4,720).

Si se trata de una prórroga de visa:

Desde el pasado 01 de mayo de 2020, Extranjería se encarga del registro de prórrogas de visas. El registro se realiza de manera interna y automática, justo después de obtener nuestro Estampado Electrónico. PDI no se encarga del registro de prórrogas de visas.
Así, luego de descargar el EE, tendremos que concurrir a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación a solicitar nuestra cédula de identidad (portando 2 copias del EE, 2 copias de la hoja de identificación del pasaporte, 2 copias de la hoja del pasaporte en que se encuentra estampada la última entrada a Chile y CLP$4,720).

Si se trata de un cambio de visa:

Desde el pasado 01 de mayo de 2020, Extranjería se encarga del registro de cambios de visas. El registro se realiza de manera interna y automática, justo después de obtener nuestro Estampado Electrónico. PDI no se encarga del registro de cambios de visas.
Así, luego de descargar el EE, tendremos que concurrir a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación a solicitar nuestra cédula de identidad (portando 2 copias del EE, 2 copias de la hoja de identificación del pasaporte, 2 copias de la hoja del pasaporte en que se encuentra estampada la última entrada a Chile y CLP$4,720).

¿Qué pasa si el Estampado Electrónico no se encuentra disponible?

Si ya hemos pagado los derechos de la visa y nuestro Estampado Electrónico aún no se encuentra disponible, esto puede deberse a que:

No hemos solicitado Visa en el país, o ya contamos con una visa estampada.
Hemos ingresado datos incorrectos y/o distintos a los señalados en nuestra solicitud de visa.
Nuestro trámite aún se encuentra en proceso de análisis.
Se solicitaron antecedentes adicionales para estampar la visa: Puede comprobarse leyendo la carta de aprobación de la visa.

Si se han requerido documentos adicionales en la carta de aprobación de la visa, se tendrán que enviar al Departamento de Extranjería y Migración para poder descargar el Estampado Electrónico (EE).

Haz click aquí para leer el artículo que explica qué hacer cuando el Departamento de Extranjería y Migración nos solicita documentos adicionales para estampar la visa.

Soy titular de visa, pude descargar mi EE, pero no mis dependientes.

Si el titular de una visa tiene dependientes en el país, tendrá que descargar su Estampado Electrónico y solo después de 10 días desde la descarga del Estampado Electrónico del titular, los dependientes podrán descargar sus Estampados Electrónicos (no antes).

Errores en el Estampado Electrónico, y otros

Si el Estampado Electrónico contiene errores debemos realizar el trámite de «Rectificación de datos» a través del sitio web de Trámites Digitales del Departamento de Extranjería y Migración.

Haz clic aquí para leer el artículo en que explicamos cómo solicitar la rectificación de datos de identificación de un estampado electrónico (ee).

Fuentes:

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Extranjería publica lista con la vigencia de los documentos que deben presentarse en solicitudes de residencia

Wed, 23 Sep 2020 15:01:46 +0000

El Departamento de Extranjería y Migración publicó en su sitio web una lista con la vigencia de cada uno de los documentos que deben presentarse en solicitudes de residencia.

Según la lista, la vigencia de los documentos es la siguiente:

Nota:

El Certificado de Registro de Visa emitido por PDI fue incluído por nosotros, ya que no se encuentra en la lista publicada por Extranjería.

Si tienes dudas sobre la vigencia de un documento que no se encuentra en la tabla, dejalas en los comentarios, para así buscar la información y actualizar la lista.

Fuente:

Vigencia de documentos – Departamento de Extranjería y Migración

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