Señala que el grupo familiar conformado por J.J.M.R., cónyuge de la amparada D.A.G.M. y padre de la hija de filiación matrimonial S.V.M.G. (7 años de edad) y por S.J.H.G. (15 años de edad) hijo de filiación no matrimonial, respecto del cual la amparada D.G. posee el ejercicio unilateral de la patria potestad, tomaron la decisión de emigrar a Chile en búsqueda de un mejor futuro. El primero en viajar fue J.J.M.R., quien ingresó en calidad de turista el 23 de enero de 2019, estampando Visa Sujeta a Contrato otorgada por el Departamento de Extranjería y Migración el 06 de septiembre de 2019, con vigencia hasta el 06 de septiembre de 2021. Meses después de su arribo, los amparados solicitaron Visa de Responsabilidad Democrática a través del Sistema de Trámites Consulares Online del Ministerio de Relaciones Exteriores el 09 de agosto de 2019, con el fin de obtener una visa de residencia que les permitiera viajar a Chile, materializar la reunificación familiar y comenzar una nueva vida.

Indica que el 23 de julio de 2020, 11 meses después de realizadas las solicitudes, los amparados recibieron correo electrónico enviado por el Consulado General de Chile en Puerto Ordaz a través del cual se les notificaba que sus solicitudes habían sido recibidas satisfactoriamente.

Refiere que encontrándose los amparados a la espera de la citación por el Consulado para las entrevistas de rigor, recibieron el 11 de noviembre de 2020 un correo electrónico masivo enviado por la Cancillería de Chile a todo aquel que se encontraba tramitando una solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, con el siguiente mensaje:

“ Con motivo de la crisis sanitaria, producto del SARS – CoV 2, mediante el Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó el cierre de fronteras que impidió el ingreso de numerosos extranjeros al país, con la consecuente suspensión de sus procedimientos de visación.

Habiéndose prolongado en el tiempo la necesidad de mantener dicho cierre, se ha excedido con ello el plazo exigido para la finalización del procedimiento administrativo, lo que corresponde, además, al criterio adoptado en diversos fallos por los Tribunales de Justicia, en el sentido que, de existir un retardo en su tramitación, debe dictarse el correspondiente acto terminal conforme a lo dispuesto en la ley. Por ende, de conformidad a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Ley N ° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, se deberá rechazar una solicitud de VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA por concurrir alguna de las causales contenidas en dicha disposición legal.

En el presente caso, corresponde rechazar dicha solicitud en virtud de la causal establecida en el artículo 63 N ° 1 del DL 1094, en relación con los artículos 2 ° y 15 N ° 7 del señalado cuerpo legal, así como de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, por brote de Coronavirus.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso de variar las circunstancias tenidas a la vista, se podrá volver a pedir visación, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, para lo cual se tendrá en especial consideración las solicitudes fundadas en reunificación familiar directa, cuando corresponda.

Durante las próximas semanas usted recibirá correo electrónico registrando la correspondiente resolución de rechazo ” .

Que al conocer la noticia, los amparados consultaron el estado de sus solicitudes a través del Sistema de Atención Consular, confirmando que éstas habían sido cerradas, dejándoles como única alternativa el volver a realizar nuevas solicitudes de visa, lo cual no resulta serio, legal, ni razonable. Agrega que el 03 de diciembre de 2020, los amparados enviaron a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, una solicitud de reconsideración, de acuerdo a las instrucciones entregadas por la recurrida a través de la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana en Chile. No obstante lo anterior, los amparados no han recibido ninguna respuesta de la autoridad, prolongándose así la separación del núcleo familiar sin siquiera existir certeza sobre un futuro pronunciamiento por la Cancillería, dejando a los afectados en un permanente estado de incertidumbre.

Dice que se ha vulnerado la libertad personal de los amparados mediante el acto arbitrario e ilegal de notificación por correo electrónico masivo enviado el 11 de noviembre de 2020 por la Cancillería de Chile, informándoles que debido a la prolongación del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y a que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad decidió dictar acto terminal de todos los trámites de solicitud de visa de responsabilidad democrática y, en consecuencia, rechazaba y cerraba sus solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática.

Que el rechazo de las solicitudes de los amparados no se debe a incumplimiento de la normativa migratoria, pues ellos se habían sometido al trámite regular, encontrándose a la espera de ser notificados por el Consulado de la entrevista de rigor. Agrega que el correo electrónico enviado por la Cancillería a los amparados vulnera las normas que regulan los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y constituye de por si un acto arbitrario e ilegal, ya que el procedimiento administrativo que se sigue en relación a la solicitud de visa, no puede resolverse de manera genérica para todas las personas porque es evidente que no todas se encuentran en la misma situación.

Indica que los afectados han quedado en indefensión con este proceder pues se les impide conocer pormenorizadamente las razones que motivan una decisión desfavorable a su pretensión. La necesidad de concluir dentro de plazo el procedimiento administrativo obedece al principio de celeridad que debe regir a la Administración, por lo que adoptar una decisión genérica de rechazo justificada en la necesidad de concluir con el procedimiento lesiona el deber de fundamentación de los actos administrativos. Los fundamentos que el Ministerio de Relaciones Exteriores esgrime en el correo electrónico masivo tampoco son aplicables al caso de los amparados, pues la solicitud de Visa se encontraba en tramitación, pero con el pretexto de la necesidad de finalizar el procedimiento administrativo y el cierre de fronteras dispuesto por la emergencia sanitaria, abruptamente se les comunicó a los amparados que sus solicitudes serían rechazadas invocándose artículos de la Ley de Extranjería que no se condicen con su situación. El cierre de fronteras causado por la emergencia sanitaria no constituye en caso alguno una medida definitiva sino que constantemente es evaluada por la autoridad y dentro de ese escenario, las visas podían hacerse efectivas cuando las fronteras volvieran a abrirse.

Señala que el actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile resulta ilegal, ya que actúa al margen de las normas legales y además, en forma arbitraria, al dictarse un acto genérico que no distingue la situación particular de los amparados, se frustra la posibilidad de que los amparados viajen a Chile y se materialice la reunificación familiar. El actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores vulnera el principio de la unidad familiar, según el artículo 1 ° de la Constitución, que señala que “ la familia es el núcleo fundamental de la sociedad ” y que es deber del Estado dar protección a la familia; así como diversas disposiciones sobre la familia contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por nuestro país el año 1990.

Agrega que el actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores vulnera el interés superior de los niños S.V.M.G. y S.J.H.G., según el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dice que la decisión de la Administración no tomó en consideración la circunstancia específica del caso, toda vez que al haber menores involucrados, todos los actos deberían haber sido dictados en favor del interés superior del niño, que es, en este caso, ser cuidados y criados por sus padres y el resto de sus figuras de apego, como asimismo priva a los padres de ejercer su rol de crianza sobre sus hijos y que ésta sea protegida.

Finalmente solicita que esta Corte ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores dejar sin efecto la decisión de cerrar y rechazar sus solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática y que la recurrida a través de la Sección Consular de Chile en Venezuela cite a los amparados sin más trámite a la entrevista de rigor y cumplidos los requisitos establecidos, otorgar la visa solicitada, emitiendo los salvoconductos respectivos en caso de que al momento de ser estampadas las visas, el cierre de fronteras decretado en Chile continúe, con el fin de que puedan viajar a Chile y se materialice la reunificación familiar.