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Presentan proyecto de ley para modificar Ley de Migración y Extranjería en materia de requisitos para postular al permiso de reunificación familiar

Tue, 06 May 2025 16:58:07 +0000

El pasado martes 22 de abril de 2025, se presentó en la Cámara de Diputados, un proyecto de Ley, originado en moción, que busca modificar la Ley 21.325 en materia de requisitos para postular al beneficio de reunificación familiar.

El proyecto propone modificar la Ley de Migración y Extranjería, suprimiendo en su artículo 19 la frase “hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando”, e incorporando un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor:

“Artículo duodécimo transitorio.- Los permisos de residencia actualmente en trámite invocando el beneﬁcio establecido en el artículo 19 y solicitados por personas mayores de 18 y menores de 24 años, deberán someterse a las reglas generales establecidas en los Títulos III y IV del presente cuerpo legal.”.

La propuesta comenzará a ser discutida en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.

Fuente: Modifica la ley N° 21.325 en materia de requisitos para postular al beneficio de reunificación familiar – Boletín 17511-06 – Cámara de Diputados

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Corte Suprema confirma sentencia que rechazó recurso de amparo con declaración de que el Servicio Nacional de Migraciones deberá emitir Certificado de Residencia en Trámite dentro del término de 15 días

Thu, 02 May 2024 16:44:33 +0000

El pasado 29 de abril de 2024, la Segunda Sala de la Corte Suprema (Rol 14308-2024) confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Amparo-772-2024) que rechazó recurso de amparo deducido en favor de ciudadano colombiano, por la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en emitir el Certificado de Residencia en Trámite respecto de la solicitud de Residencia Temporal por reunificación familiar presentada el pasado 16 de febrero de 2024. No obstante lo anterior, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones con declaración que, de conformidad a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley 21.325, el Servicio Nacional de Migraciones deberá emitir el Certificado de Residencia Temporal en Trámite dentro del término de 15 días.

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago

“Vistos y considerando:

Primero: Que el 28 de marzo de 2024 comparece A.S.L.P., interponiendo recurso de amparo a favor de su conviviente civil, C.A.V., ambos de nacionalidad colombiana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión de pronunciarse sobre la acogida a trámite de su solicitud de Residencia Temporal por Reunificación Familiar efectuada el 16 de febrero de este año, estando en Chile.

Indica que hasta la fecha de interposición del recurso no se le ha solicitado agregar nuevos antecedentes ni se ha emitido Certificado de Residencia en Trámite, lo que amenazaría el derecho a la libertad personal del amparado dado que la pareja pretende viajar a Colombia y se le podría negar el ingreso a Chile al amparado.

Agrega que el amparado tampoco ha podido obtener un permiso de trabajo a través de la página web de extranjería.

Argumenta que su actual situación atenta contra lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.880, relativos al principio de celeridad de los procedimientos administrativos.

Pide que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que se pronuncie con la entrega de un comprobante que acredite la residencia regular en el país del amparado en un plazo no mayor a 24 horas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe, pidiendo el rechazo del recurso.

Reconoce no haber remitido certificado de solicitud de residencia en trámite, pero argumenta que esa situación no amenaza siquiera la libertad personal del amparado atendido que por su nacionalidad no requiere de dicho certificado para ingresar al país, pudiendo hacerlo con su pasaporte colombiano o DNI.

Señala que si bien la recurrente indica querer viajar a Colombia, no acompaña nada que acredite un próximo viaje.

Agrega que no existe resolución ni decreto alguno que disponga la expulsión del amparado del territorio nacional.

Precisa también que, conforme al Oficio Ordinario N° 73.712 de 2022 del Servicio, basta un comprobante de envío de la solicitud de residencia para que los extranjeros puedan hacer egreso del país.

Añade que el recurso de amparo no es la vía para acelerar trámites administrativos ante la autoridad.

Tercero: Que, el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar de índole constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a privaciones de libertad ambulatoria, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, frente a amenazas ilegales al ejercicio de dicha libertad y frente a privaciones, perturbaciones o amenazas a la seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de tales atentados.

Cuarto: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo de este año en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales;

Quinto: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora supuestamente excesiva en la emisión de un certificado de solicitud de residencia temporal por reunificación familiar en trámite, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a la libertad ambulatoria, máxime atendido que, conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, la falta del documento señalado no implica ningún obstáculo para que el amparado salga o ingrese a Chile, supuesto obstáculo que es el fundamento principal de la afectación al derecho a la libertad personal, conforme expresa el propio recurso.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de supuestos obstáculos a que el amparado pueda conseguir un trabajo a falta del certificado que se solicita, esta deberá igualmente rechazarse por cuanto no se observa por esta Corte, ni tampoco se argumenta en el recurso, forma alguna en que dicha situación afecte la libertad personal o seguridad individual del amparado, que es el único supuesto que hace procedente el recurso de amparo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, por carecer de toda oportunidad y pertinencia la emisión de pronunciamiento en un sentido diverso por la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al tenor de la decisión de la Corte Suprema, se rechaza el recurso de amparo deducido a favor de C.A.V., en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Sin perjuicio de lo anterior, acorde a lo ordenado en el fallo antes aludido luego de rechazada la respectiva acción cautelar, se dispone comunicar por la vía más rápida a la institución recurrida e instruirla para que, dentro de un plazo razonable, posibilite la obtención del certificado de solicitud de residencia temporal por reunificación familiar en trámite del amparado, de conformidad con los principios que les impone la normativa del ramo y el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.”.

Sentencia de la Corte Suprema

“Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de once de abril de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 772-2024, con declaración que, de conformidad a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley N°21.325, la autoridad recurrida deberá expedir el certificado de tramitación objeto del recurso, dentro del término de 15 días.

Se previene que el Ministro Sr. Matus concurre a la decisión de mayoría, teniendo presente que ¿a su juicio¿, no existiendo orden de abandono o expulsión, que amenace, perturbe o prive la libertad y seguridad personal del recurrente, las supuestas ilegalidades denunciadas exceden los márgenes de los previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de que la Corte correspondiente pueda reconducir el arbitrio para ser tramitado como recurso de protección, si estima cumple sus requisitos de admisibilidad.

Decisión acordada con el voto en contra del Sr. Llanos quien fue del parecer de revocar la sentencia apelada y acoger el recurso, teniendo únicamente para ello que el artículo 45 del Reglamento de la Ley N° 21.325 impone a la autoridad recurrida extender el certificado de residencia en trámite que dará cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo, documento que habilitar al extranjero a desarrollar actividades remuneradas, en los casos en que la subcategoría migratoria a que accede considere dicha posibilidad; obligación que no ha sido cumplida en la especie, habiendo transcurrido más de dos meses desde que la petición fue planteada, omisión que configura una ilegalidad que autoriza su corrección a través de la acción de amparo intentada.”.

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Corte Suprema confirma sentencia que rechazó recurso de amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver solicitud de residencia temporal de reunificación familiar

Mon, 01 Apr 2024 21:18:05 +0000

El pasado 28 de marzo de 2024, la Corte Suprema, en causa Rol 11130-2024, confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 11 de marzo de 2024, en causa Rol N° Amparo-610-2024, que rechazó recurso de amparo deducido en favor de ciudadana haitiana, cuya solicitud de residencia temporal de reunificación familiar sigue sin ser resuelta por el Servicio Nacional de Migraciones luego de más de 1 año de tramitación.

La Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado el recurso en los siguientes términos:

“(…) CUARTO: Que, el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”. De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que: “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

QUINTO: Que, en consecuencia, el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar, de índole constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a privaciones de libertad ambulatoria, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, frente a amenazas ilegales al ejercicio de dicha libertad y frente a privaciones, perturbaciones o amenazas a la seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de tales atentados.

SEXTO: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de visa de reunificación familiar presentada por la amparada el 20 de febrero de 2023.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a los antecedentes allegados en el recurso y, en particular, lo informado por la autoridad migratoria, consta que la amparada efectivamente realizó su petición de visa de reunificación familiar en el mes de febrero de 2023. No obstante, a la fecha, habiendo transcurrido más de un año desde su presentación, el Servicio Nacional de Migraciones no ha emitido pronunciamiento final respecto a dicha solicitud, la que se encontraría en etapa de Resolución.

OCTAVO: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo de este año en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

NOVENO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora excesiva en la conclusión del trámite de la solicitud de visa de reunificación familiar de la amparada, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presente acción cautelar, se rechaza el recurso de amparo interpuesto en favor de doña M.S., en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, acorde a lo ordenado en el fallo antes aludido luego de rechazada la respectiva acción cautelar, se dispone comunicar por la vía más rápida a la institución recurrida e instruirla para que emita pronunciamiento respecto de la solicitud en trámite del recurrente, en un plazo razonable, de conformidad con los principios que les impone la normativa del ramo y el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.(…)”.

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Corte Suprema revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel y rechaza recurso de protección presentado por demora en respuesta a solicitud de residencia temporal por reunificación familiar

Sat, 30 Mar 2024 01:14:48 +0000

El pasado 27 de marzo de 2024, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en causa Rol N° 9784-2024, revocó la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel (Rol N° 88-2024), y en su lugar, rechazó el recurso de protección deducido en favor de ciudadanos venezolanos, cuyas solicitudes de residencia temporal por reunificación familiar presentadas en el mes de mayo de 2023, siguen sin ser resueltas por el Servicio Nacional de Migraciones.

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección en los siguientes términos:

“Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de los fundamentos que razonan en el sentido de acoger el recurso de protección, los que se eliminan. Y se tiene en su lugar, y además, presente:

Primero: Que la presente acción constitucional de protección dirigida en contra del Servicio Nacional de Migraciones, se interpone por la omisión en que habría incurrido el servicio referido, respecto de su solicitud de visa temporal. Pide, en definitiva, ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud presentada y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que la acción de protección de garantías constitucionales, procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental . De esta forma, resulta indispensable no sólo la existencia de un derecho cierto y determinado por parte de quien ejerce la acción cautelar, sino que también, un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere tal derecho, pues de no existir este perjuicio o amenaza, no se configuran los presupuestos que ameritan la adopción de medidas urgentes de cautela, que es el objetivo de esta vía excepcional. En otras palabras, la cuestión a resolver será si la demora del Servicio Nacional de Migraciones afecta los derechos de la parte recurrente.

Tercero: Que, siguiendo la misma línea de razonamiento, la parte recurrente ha centrado su acción en que la situación ya descrita, le afecta su derecho a la vida e integridad física y síquica, pues se le mantiene en un estado de permanente angustia y desesperación al no poder ejercer prácticamente ningún derecho constitucional, habiendo transcurrido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880.

Cuarto: Que si bien de los antecedentes que obran en autos, es posible desprender que el Servicio recurrido no se ha pronunciado sobre la solicitud de visa temporal del recurrente, al menos a la fecha de interposición de la presente acción, lo cierto es que ha resultado acreditado que tal requerimiento se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano, para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo. El estado de esta solicitud puede verificarse por el interesado, en la plataforma en línea, que el Servicio recurrido ha dispuesto para ello.

Quinto: Que este Tribunal tras realizar un acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión, estima que debe precisarse que existió un cambio de legislación reciente en esta materia, pues de estar regida por el Decreto Ley N°1094 y su Reglamento, actualmente se encuentra sometida a la Ley N°21.325 y al Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que contiene el Reglamento de la misma. Sobre la vigencia de esta nueva normativa, el artículo Undécimo transitorio de la Ley N°21.325 dispuso que: ¿Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.¿ Por su parte, el Decreto Supremo ya aludido fue publicado el 12 de febrero del año 2022, fecha ésta desde la cual ha cobrado vigencia este nuevo régimen.

Sexto: Que, este cambio de legislación, se ocupó de una de las grandes problemáticas que afecta a los extranjeros que se encuentran tramitando los beneficios migratorios como el de autos. Esta problemática dice relación con la pérdida de vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros antes que se obtenga un pronunciamiento de la autoridad administrativa respecto del permiso migratorio. Así, el artículo 43 de la Ley N°21.325, prevé lo siguiente: ¿Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia. El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva. La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo. Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.¿

Séptimo: Que, tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Por ende, si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud sobre la situación migratoria del extranjero, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva, pues no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada. Evidentemente, la conclusión antes dicha, se refiere a un extranjero en situación regular en el país.

Octavo: Que, además, en relación a la posibilidad de ingreso y egreso del territorio nacional, el artículo 38 de la Ley N°21.325 establece que: ¿No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento. Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.¿ Este precepto, viene a corroborar lo razonado en los motivos precedentes, en cuanto a que, no ha quedado demostrado que la parte solicitante sufra alguna vulneración en sus derechos garantizados por la Constitución Política de la República y amparados por la acción de protección, por el mero hecho de no existir pronunciamiento sobre su solicitud de visa temporal.

Noveno: Que, asimismo, en la presente causa no existe discusión acerca del hecho que la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, sin que exista una orden de expulsión u otra similar en su contra.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta acá, esta Corte se hará cargo de la alegación de la parte recurrente en relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento. Sobre el particular, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte en relación a este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

Undécimo: Que, igualmente, no deja de advertir esta Corte Suprema, tal como lo señala el Servicio recurrido en su presentación de diez de enero del año dos mil veintitrés, que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N°21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de visa temporal, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido. Sin embargo, atendido el principio de colaboración o cooperación que debe existir entre los organismos públicos, es que esta Corte ordenará en lo resolutivo, que esta sentencia sea puesta en conocimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la Superintendencia de Salud, del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Administradora del Fondo de Cesantía y de la Dirección del Trabajo, quienes deberán distribuirlo entre sus reparticiones y/o entidades fiscalizadas, según corresponda.

Duodécimo: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá revocarse lo resuelto y desestimarse la acción, sin perjuicio que el recurrido deberá emitir pronunciamiento en un plazo razonable de conformidad con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en autos.

Sin perjuicio de lo resuelto, se hace presente al recurrido que debe emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable. Asimismo, se ordenar remitir copia de esta sentencia a los organismos indicados en el considerando Undécimo y para los fines que se indicaron en dicho motivo.”.

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Corte Suprema confirma sentencia que acogió recurso de amparo presentado por demora en respuesta a solicitud de residencia temporal por reunificación familiar

Mon, 18 Mar 2024 12:55:50 +0000

El pasado 14 de marzo de 2024, la Corte Suprema (Rol 9473-2024) confirmó el fallo pronunciado el pasado 28 de febrero de 2024 por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 400-2024, con el voto en contra del Ministro señor Matus, quien fue de la opinión de revocar la resolución recurrida y, en consecuencia, rechazar la acción constitucional teniendo presente que la acción constitucional deducida era inadmisible, toda vez que la materia objeto del mismo excede los márgenes del artículo 21 de la Constitución Política de la República.

El recurso de amparo fue interpuesto en favor de dos ciudadanos extranjeros, en contra del Departamento de Extranjería (hoy Servicio Nacional de Migraciones), por no permitir la reunificación familiar de los amparados, al no haberse pronunciando acerca de la solicitud de residencia temporal por reunificación familiar presentada el pasado 2 de julio de 2023, estimando que aquello constituye un acto ilegal y arbitrario del Estado, que vulnera su derecho a la libertad personal y ambulatoria.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió dicho recurso en los siguientes términos:

“Considerando:

Primero: Conforme se colige de lo prescrito en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el amparo corresponde a una acción constitucional destinada a proteger y garantizar el derecho a la libertad personal y seguridad individual consagradas en el artículo 19 N° 7 de la misma Carta Fundamental.

Por consiguiente, comprende la tutela del derecho que tiene toda persona –sin distinción alguna-, para entrar y salir del territorio nacional, bajo la sola condición de que se guarden las normas establecidas por ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

Segundo: En la especie, el acto que se tacha de ilegal corresponde a la decisión de la administración, que según entiende el recurrente, no ha permitido la reunificación familiar entre los amparados, por la demora en la expedición de la decisión que se pronuncie sobre la solicitud que esta presentó.

Tercero: Según consta de los antecedentes aparejados en el informe de la recurrida, no ha existido aún pronunciamiento sobre la solicitud de residencia temporal en la subcategoría “reunificación familiar”, ingresada el día 2 de julio de 2023, la que se encuentra en trámite luego de que en el mes de septiembre pasado la amparada subsanara la falta de antecedentes necesarios para resolver su solicitud.

Cuarto: Conforme a lo expuesto, existen datos que dan cuenta de demora en la tramitación del referido procedimiento administrativo, dado que la misma lleva más de 6 meses en tramitación a la fecha de dictación de esta sentencia.

Quinto: En este entendido, si bien puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria, y por ende vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de amparo deducido. Consecuentemente, la autoridad recurrida -Servicio Nacional de Migraciones-, deberá pronunciarse sobre la solicitud de residencia, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia adquiera el carácter de firme.

Regístrese y devuélvase.

N°Amparo-400-2024.”.

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Corte Suprema acoge recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por rechazar solicitud de permiso de permanencia transitoria de menor de edad

Sun, 07 Jan 2024 20:28:08 +0000

El pasado 3 de enero de 2024, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, y acogió el recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó una solicitud de permiso de permanencia transitoria de un menor de edad.

El recurrente, quien cuenta con nacionalidad chilena y reside hace más de quince años en el territorio nacional, solicitó el permiso correspondiente para que su hijo menor de edad pudiese visitarlo en sus vacaciones (40-45 días), petición que fue rechazada por la autoridad por carecer el adolescente de medios económicos propios, y por presumir la autoridad que se trata de un viaje de reunificación familiar.

El solicitante, acompañó al expediente administrativo una carta de invitación de su padre, y documentos que dan cuenta de la actividad económica del mismo, quien se dedica a la compra, venta e importación de vehículos y del balance positivo de la empresa que detenta.

Evacuando informe, el Director General de Asunto Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que, la tramitación de la solicitud se realizó íntegramente conforme a derecho, y que su rechazo se debió a no haber acreditado de manera suficiente los medios económicos de subsistencia que permitan la permanencia en Chile, y por no haber acreditado el solicitante que no tienen un propósito migratorio o de residencia en Chile, como exige el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Migraciones.

La Corte, teniendo en consideración los artículos 4 y 69 de la Ley de Migración y Extranjería, y los hechos del caso, estimó que la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores deviene en ilegal y arbitraria, al no contar con la debida fundamentación a la que se encuentra sujeta en tanto constituye un acto administrativo, desde que no resulta procedente exigir a un menor de edad que presente medios económicos propios, en circunstancias que éste depende legalmente de sus progenitores.

Adicionalmente, se señala en el fallo que no se aprecia la intención de residencia en la motivación aducida para visitar al país, menos aún considerando que se probó su calidad de estudiante, y que su madre y hermanos son residentes de Pakistán.

Como consecuencia de lo anterior, los sentenciadores estiman que el acto administrativo impugnado, como acto terminal, ha devenido en vulneratorio de la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud, obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia, siendo procedente acoger el recurso de protección interpuesto, dejándose sin efecto la Resolución Exenta de la Secretaría de Asuntos Consulares, a través de la cual se rechazó la solicitud de residencia temporaria del menor y, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa ya explicada, la autoridad deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes del actor, sin exigir acreditar solvencia económica propia, y considerando que el solicitante es hijo de un ciudadano chileno, para adoptar su decisión.

Corte Suprema Rol 10454-2023

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Permiso de reunificación familiar

Sun, 15 May 2022 23:17:39 +0000

Aquel extranjero que acredite tener alguno de los vínculos que se señalan a continuación con un chileno o con un extranjero titular de un permiso de residencia definitiva, podrá acceder a un permiso de residencia temporal por reunificación familiar: a) cónyuge u otra figura análoga que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio; b) padre o madre; c) hijo menor de 18 años; d) hijo con discapacidad; e) hijo soltero menor de 24 años que se encuentre estudiando; o, f) menor de 18 años que se encuentre bajo su cuidado personal o curaduría.

Documentación requerida para solicitar el permiso de reunificación familiar

Documentación general

1) Copia del pasaporte del solicitante o del documento de identificación: Si la solicitud de permiso de reunificación familiar se realiza dentro de Chile se podrá acompañar copia del pasaporte o copia del documento de identificación. Si la solicitud se realiza desde el extranjero (fuera de Chile), solo será posible postular con el pasaporte, el que deberá tener una vigencia que no sea inferior a un año a la fecha de presentación de la solicitud (art. 11 del DS 177/2022); Y,

2) Si el postulante es mayor de 18 años: Se deberá acompañar el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente del país de origen debidamente apostillado o legalizado, y traducido en caso de encontrarse en un idioma distinto del español o inglés. Adicionalmente, si se ha residido en un país distinto al de origen hace más de 5 años, se tendrá que adjuntar también un certificado o documento emitido por la autoridad competente de dicho país que de constancia del tiempo por el cual se ha residido en dicho país.

Documentación específica

a) Cónyuge u otra figura análoga que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio

Cónyuge de chileno(a):

Certificado de Matrimonio o aquel que se asemeje a esta condición (no puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular): Si el matrimonio fue celebrado fuera de Chile, el documento debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido en caso de haberse emitido en un idioma distinto al español o inglés. Si el matrimonio fue celebrado dentro de Chile, o inscrito ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, se deberá acompañar el documento vigente emitido por el Registro Civil; Y,
Copia de la Cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados); Y,
Certificado de Nacimiento del vínculo chileno: Emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular.

Conviviente Civil de chileno(a):

Certificado de Unión Civil o aquel que se asemeje a esta condición (no puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular): Si la unión fue celebrada fuera de Chile, el documento debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido en caso de haberse emitido en un idioma distinto al español o inglés. Si la unión fue celebrada dentro de Chile, o inscrita ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, se deberá acompañar el documento vigente emitido por el Registro Civil; Y,
Copia de la Cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados); Y,
Certificado de Nacimiento del vínculo chileno: Emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular.

Cónyuge de residente definitivo:

Certificado de Matrimonio o aquel que se asemeje a esta condición (no puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular): Si el matrimonio fue celebrado fuera de Chile, el documento debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido en caso de haberse emitido en un idioma distinto del español o inglés. Si el matrimonio fue celebrado dentro de Chile, o inscrito ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, se deberá acompañar el documento vigente emitido por el Registro Civil; Y,
Copia de la Cédula de identidad del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile (por ambos lados).

Conviviente Civil de residente definitivo:

Certificado de Unión Civil o aquel que se asemeje a esta condición (no puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de postular): Si la unión fue celebrada fuera de Chile, el documento debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido en caso de haberse emitido en un idioma distinto al español o inglés. Si la unión fue celebrada dentro de Chile, o inscrita ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, se deberá acompañar el documento vigente emitido por el Registro Civil; Y,
Copia de la Cédula de identidad del vínculo que es titular de Residencia Definitiva en Chile (por ambos lados).

b) Padre o madre

Padre o madre de chileno(a):

Copia de la Cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados); Y,
Certificado de nacimiento del vínculo chileno: Emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación.

Padre o madre de residente definitivo:

Copia de la cédula de identidad del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile (por ambos lados); Y,
Certificado de Nacimiento del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile: No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. Si el certificado ha sido emitido en el exterior (fuera de Chile), debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido en el caso de que el idioma del documento sea distinto al español o inglés.

c) Hijo menor de 18 años

Hijo(a) de chileno(a):

Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero (fuera de Chile), debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido si el idioma del documento es distinto al español o al inglés; Y,
Declaración de cuidados: Documento firmado ante notario por el padre o la madre, en el que se declara asumir el costo de mantención del menor de edad en Chile. No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Copia de la cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados).

Hijo(a) de residente definitivo:

Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero, debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido si el idioma del documento es distinto al español o inglés; Y,
Declaración de cuidados: Documento firmado ante notario por el padre o la madre, en el que se declara asumir el costo de mantención del menor de edad en Chile. No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Copia de la cédula de identidad del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile (por ambos lados).

Además, de acuerdo al Decreto Supremo N° 177 de 2022, cuando corresponda, deberán adjuntarse los antecedentes que den cuenta de la regularidad de la salida de dichos niños, niñas y adolescentes desde su país de origen, o desde aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años.

d) Hijo con discapacidad

Hijo(a) de chileno(a):

Copia de la cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados); Y,
Certificado de nacimiento del vínculo chileno: Emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero, debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido si el idioma del documento no es español ni inglés; Y,
Certificado Médico que acredite la condición de discapacidad: Debe encontrarse firmado por el Profesional e Institución de Salud responsable. Si el documento fue emitido fuera de Chile debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido si su idioma es distinto al español o ingles. Si el documento ha sido emitido dentro de Chile, debe presentarse legalizado ante notario.

Hijo(a) de residente definitivo:

Copia de la cédula de identidad del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile (por ambos lados); Y,
Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero, debe encontrarse apostillado o legalizado, y traducido si el idioma del documento es distinto al español o al inglés; Y,
Certificado Médico que acredite la condición de discapacidad: Debe encontrarse firmado por el profesional e Institución de Salud responsable. Si el documento fue emitido fuera de Chile debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido si su idioma es distinto al español o ingles. Si el documento ha sido emitido dentro de Chile, debe presentarse legalizado ante notario.

e) Hijo soltero mayor de 18 años pero menor de 24 que se encuentre estudiando

Hijo(a) de chileno(a):

Copia de la cédula de identidad del vínculo chileno (por ambos lados); Y,
Certificado de nacimiento del vínculo chileno: Emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero, debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido si el idioma del documento es distinto al español o al inglés; Y,
Certificado de matrícula o alumno regular de una entidad de educación superior reconocida por el Estado (Chile): No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Declaración Jurada de Soltería: No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación. Debe encontrarse firmada ante notario por el solicitante.

Hijo(a) de residente definitivo:

Copia de la cédula de identidad del vínculo que es titular de residencia definitiva en Chile (por ambos lados); Y,
Certificado de nacimiento del solicitante (de quien será el beneficiario del permiso): No puede tener más de 60 días de antigüedad al momento de la postulación. En caso de haber sido emitido en el extranjero, debe encontrarse apostillado (art. 345 bis CPC) o legalizado (art. 345 CPC), y traducido si el idioma del documento es distinto al español o al inglés; Y,
Certificado de matrícula o alumno regular de una entidad de educación superior reconocida por el Estado (Chile): No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Declaración Jurada de Soltería: No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación. Debe encontrarse firmada ante notario por el solicitante.

f) Menor de 18 años que se encuentre bajo cuidado personal o curaduría

Si el tutor/curador es chileno(a):

Certificado de Custodia o Tutoría: En este certificado debe constar la determinación de la persona que debe ejercer de manera provisoria o definitiva el cuidado personal del menor. El documento debe ser otorgado por la entidad que sea competente de conformidad con el ordenamiento vigente en el Estado que otorgó el cuidado personal o la curaduría (art. 13 del DS N° 177 de 2022). Si ha sido emitido en el extranjero debe encontrarse apostillado o legalizado y además traducido en el caso de que el idioma del documento sea distinto al español o inglés; Y,
Declaración de cuidados: Documento firmado ante notario por el padre o la madre, en el que se declara asumir el costo de mantención del menor de edad en Chile. No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Documento de identificación del tutor o curador.

Si el tutor/curador es residente definitivo:

Certificado de Custodia o Tutoría: En este certificado debe constar la determinación de la persona que debe ejercer de manera provisoria o definitiva el cuidado personal del menor. El documento debe ser otorgado por la entidad que sea competente de conformidad con el ordenamiento vigente en el Estado que otorgó el cuidado personal o la curaduría (art. 13 del DS N° 177 de 2022). Si ha sido emitido en el extranjero debe encontrarse apostillado o legalizado y además traducido en el caso de que el idioma del documento sea distinto al español o inglés; Y,
Declaración de cuidados: Documento firmado ante notario por el padre o la madre, en el que se declara asumir el costo de mantención del menor de edad en Chile. No puede tener más de 30 días de antigüedad al momento de la postulación; Y,
Documento de identificación del tutor o curador.

Información importante acerca de la documentación que deberá acompañarse a la solicitud

Vigencia

Las solicitudes de residencia temporal, así como las prórrogas, cambios de calidad, subcategoría y categoría migratoria, deberán ser fundadas y acompañadas de documentación vigente, cuya fecha de emisión en caso de documentos emitidos por organismos públicos no podrá ser anterior a los 60 días corridos contados desde la fecha de su presentación. Este plazo será de 30 días corridos en caso de documentos emitidos por entidades privadas. En casos calificados, previa solicitud fundada por parte del interesado, el Director Nacional del Servicio podrá aceptar documentación que no cumpla con el plazo señalado.

Apostilla / Legalización

Los documentos presentados por los solicitantes de residencia temporal, que fuesen emitidos por una institución extranjera pública, deberán cumplir con las normas de legalización o apostilla comprendidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Traducción

Todos los documentos presentados por los solicitantes de residencia temporal, que se encuentren en un idioma distinto del español o el inglés, deberán acompañar la respectiva traducción, la cual deberá ser autorizada por el organismo competente.

Forma de solicitud

De acuerdo al artículo 16 del Decreto Supremo N° 177 de 2022, las solicitudes de permiso de residencia temporal por reunificación familiar deberán ser efectuadas por el chileno o residente definitivo con el cual el extranjero tiene el vínculo en que se basa esta subcategoría, mediante la plataforma electrónica proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones, utilizando para ello la clave única proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación u otro sistema de autentificación digital que la reemplace.

Sin embargo, en la práctica, el Servicio Nacional de Migraciones exige que las solicitudes sean realizadas por quienes serán los beneficiarios de los permisos (quien obtendrá el permiso de residencia temporal en caso de aprobación):

Por lo tanto, el solicitante debe crear su propia cuenta en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones y realizar la postulación utilizando su cuenta personal.

Artículo relacionado: Cómo crear una cuenta en el sitio web de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones.

Dentro de Chile

Los extranjeros que cuenten con alguno de los vínculos señalados anteriormente con chileno o con residente definitivo en Chile, y se encuentren en el país bajo un permiso de permanencia transitoria (turismo) podrán postular al permiso de reunificación familiar dentro de Chile a través del trámite de «Solicitud de Residencias Temporales para extranjeros dentro de Chile» disponible en el sitio web de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones:

Fuera de Chile

El permiso de reunificación familiar también podrá solicitarse desde el extranjero a través del sitio web de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones:

La posibilidad de postular desde el exterior solo se mostrará cuando el postulante ingrese a la plataforma desde fuera de Chile.

Desarrollo de actividades remuneradas

Los titulares del permiso de residencia temporal por reunificación familiar podrán desempeñar actividades lícitas remuneradas, sin perjuicio de las limitaciones que establece el Código del Trabajo en materia de capacidad para contratar menores de edad.

Prórroga del permiso de reunificación familiar

Los extranjeros que deseen solicitar la prórroga del permiso de residencia temporal por reunificación familiar, deberán acreditar, en la forma establecida por el Decreto Supremo 177, que mantienen vigente el vínculo con la persona de nacionalidad chilena o titular de la residencia vigente.

Fuentes

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Corte de Apelaciones de Concepción acoge recurso de amparo y ordena a Consulado a reanudar tramitación de Visa de Responsabilidad Democrática

Fri, 28 May 2021 20:10:57 +0000

El pasado 25 de mayo de 2021, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, acogió recurso de amparo deducido en favor de ciudadano venezolano, cuya solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática fue cerrada a través de un correo electrónico de carácter masivo enviado el 11 de noviembre de 2020, ordenando al Consulado de Chile en Venezuela a continuar con la tramitación ya iniciada, adoptando, dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles administrativos, todas las medidas que fueren del caso para continuar con la tramitación de la Visa de Responsabilidad Democrática relativas a la situación de reunificación familiar formulada, debiendo dar una respuesta precisa y clara, a la solicitud efectuada en tal sentido.

En opinión de los sentenciadores, no existiría un acto administrativo terminal propiamente dicho, en los términos de la Ley 19.880, situación que conduce razonablemente a concluir que no se ha impedido, en forma definitiva, el ingreso al país al amparado. Sin embargo, y en base principalmente al principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 9° de la Ley 20.430 – aplicable en la especie por analogía-, así como el deber de resguardo de la familia que dispone el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, impone al Estado de Chile, luego de haber otorgado visa a la cónyuge e hijas del amparado, no ser el causante o responsable de impedimentos u obstáculos injustificados y/o arbitrarios de orden administrativo y burocrático que entorpezcan o dificulten más allá de lo razonable, la reunión de ellas y sus padres.

De acuerdo al Considerando Séptimo del fallo, atendida la gravedad de la medida administrativa de obstaculizar el otorgamiento de la Visa de Responsabilidad Democrática que impide el ingreso al país del amparado para la reunificación familiar, requiere que los argumentos expuestos en la resolución impugnada excedan de los aspectos puramente formales, convirtiéndola en una actuación arbitraria, carente de razonabilidad suficiente en relación con la relevancia de la medida adoptada.

Del recurso

Compareció Marco Antonio Valdés chileno, abogado, cédula de identidad N° XX.YYY.ZZZ-X, domiciliado en XXXXX, comuna de XXXX, en representación de doña M.A.R.C., venezolana, soltera, médico cirujano, cédula de identidad para extranjeros N° 25.XXX.YYY-Z, T.C. N° XXX, XXXX, Región del Bío-Bío, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 inciso 3 de la Constitución Política de la República, recurriendo de amparo en favor de L.A.R.Z., venezolano, pasaporte N° XXXXX, en contra del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE en razón del cierre y rechazo de su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, acto que debe ser calificado como arbitrario e ilegal al vulnerar el derecho a la libertad personal del amparado contemplado en el artículo 19 N° 7 letra a) de nuestra Carta Fundamental, al impedirse la posibilidad de hacer ingreso a Chile y reunirse con su esposa e hijas, solicitando proceda a restaurar el imperio del derecho, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores a dejar sin efecto la decisión de cerrar y rechazar la solicitud de Visa ó de Responsabilidad Democrática del amparado, y ordenar a la recurrida a través de la Sección Consular de Chile en Venezuela a citar al amparado sin más trámite a la entrevista de rigor, y cumplidos los requisitos establecidos otorgar la visa solicitada, emitiendo el salvoconducto respectivo en caso de que al momento de ser estampada la visa, el cierre de fronteras decretado en Chile continúe, con el fin de que puedan viajar a Chile y se materialice la reunificación familiar.

Indica, que Venezuela se encuentra pasando por una grave crisis humanitaria y económica, razón por la cual gran parte de su población ha decidido abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida.

En razón de lo anterior, el grupo familiar, conformado por el amparado, don L.A.R.Z., su esposa, doña M.C.C.R., C.I. N° XX.XXX.XXX-Y, y sus hijas M.C.R.C., C.I. N XX.XXX.XXX-Y y M.A.R.C., C.I. N XX.XXX.XXX-Y tomaron la decisión de emigrar a Chile en búsqueda de un mejor futuro.

La primera en viajar a Chile, en el mes de julio del año 2017, fue una de las hijas del amparado, M.R., médico cirujano, con residencia en la comuna de Talcahuano, actualmente tramitando su permiso de Permanencia Definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración.

Posteriormente, en el mes de mayo de 2019, el amparado, don L.R., su esposa, doña M.C., y su hija M.R., solicitaron Visa de Responsabilidad Í Democrática a través del Sistema de Atención Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener una visa de residencia que les permitiera viajar a Chile, reunirse con su hija y hermana, M.R., y comenzar una nueva vida en nuestro país.

Las Visas de Responsabilidad Democrática de doña M.C. y de M.R. fueron aprobadas y estampadas en el mes de Agosto de 2019 por el Consulado de Chile en Puerto Ordaz, ingresando ambas a Chile el día 29 de octubre del año 2019.

Sin embargo, la solicitud de Visa presentada por el amparado en el mes de mayo de 2019, al mismo tiempo que las de su esposa e hija, fue rechazada en el mes de julio de 2019, presentando el amparado una nueva solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática en el mes de agosto de 2019, quedando a la espera de ser citado por el Consulado para la entrevista de rigor.

Mientras el amparado esperaba la citación por parte del Consulado, este recibe, con fecha 11 de noviembre de 2020, un correo électrónico de carácter masivo, enviado por la Cancillería de Chile a todo aquel que se encontraba tramitando una solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, con el siguiente mensaje: “Con motivo de la crisis sanitaria, producto del SARS-CoV 2, mediante el Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó el cierre de fronteras que impidió el ingreso de numerosos extranjeros al país, con la consecuente suspensión de sus procedimientos de visación.

Habiéndose prolongado en el tiempo la necesidad de mantener dicho cierre, se ha excedido con ello el plazo exigido para la finalización del procedimiento administrativo, lo que corresponde, además, al criterio adoptado en diversos fallos por los Tribunales de Justicia, en el sentido que, de existir un retardo en su tramitación, debe dictarse el correspondiente acto terminal conforme a lo dispuesto en la ley. Por ende, de conformidad a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, se deber rechazar una solicitud de visa de responsabilidad democrática por concurrir alguna de las causales contenidas en dicha disposición legal.

En el presente caso, corresponde rechazar dicha solicitud en virtud de la causal establecida en el artículo 63 N° 1 del DL 1094, en relación con los artículos 2° y 15 N° 7 del señalado cuerpo legal, así como de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, por brote de Coronavirus.

Sin perjuicio de lo se alado anteriormente, en caso de variar las circunstancias tenidas a la vista, se podrá volver a pedir visación, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, para lo cual se tendrá en especial consideración las solicitudes fundadas en reunificación familiar directa, cuando corresponda.

Durante las próximas semanas usted recibirá correo electrónico registrando la correspondiente resolución de rechazo.”.

Al conocer esta noticia, el amparado, consultando el estado de su solicitud a través del Sistema de Atención Consular, confirmó que la misma había sido cerrada, dejándole como única alternativa el volver a realizar una nueva solicitud de visa, lo cual no resulta serio, legal ni razonable.

Por último, en el mes de diciembre del año 2020, el amparado, por medio del envío de un sobre a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, solicitó la reconsideración de su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, de acuerdo a las instrucciones entregadas por la recurrida a través de la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana en Chile. No obstante lo anterior, a la fecha de presentación de este recurso, el amparado no ha recibido ninguna respuesta por parte de la autoridad, prolongándose así la separación del núcleo familiar por más de 18 meses, sin siquiera existir certeza sobre un futuro pronunciamiento por parte de Cancillería.

Informe evacuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Informa JULIO FIOL ZUÑIGA, Embajador, Director General de Asuntos Consulares Inmigración y Chilenos en el Exterior, indicando que por el brote mundial de SARS – CoV 2, el que ha afectado a Chile y a otros Estados, exigiendo a los Gobiernos disponer medidas sanitarias para contener su propagación y resguardar la salud de las personas. El estado de Chile, mediante Decreto Supremo N° 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por calamidad pública. Previsto en el art culo 41 de la Constitución Política de la República, el que ha sido prorrogado sucesivamente. Adicionalmente, por medio del Decreto Supremo N° 102 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso el cierre de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros al territorio nacional. Mediante Decreto Supremo N 500 de 2020, se modificó el Decreto Supremo N° 102 de 2020, manteniendo el cierre de los lugares habilitados para el tránsito de pasajeros hacia a el territorio nacional, por lo tanto existió un periodo de a lo menos 8 meses en que el ingreso de extranjeros no residentes estuvo prohibido, por el cierre de los terminales y pasos fronterizos que permiten el ingreso al territorio nacional.

Explica el artículo 55 de la Convención de Viena sobre relaciones Consulares (CRVS), dispone que la obligación internacional para el Estado de Chile de cumplir las normas del Estado receptor, en la especie Venezuela, cuya infracción llevaría una responsabilidad internacional para el país acreditante.

Agrega que el 13 de marzo de 2020 a través del Decreto N° 4.160 de la República Bolivariana de Venezuela, estableció un sistema de alarma para todo su territorio. La aplicación de normas restrictivas por parte de las autoridades venezolanas, incidieron tanto en lo que respecta a la atención de público como al cumplimiento de las reglas de suspensión de actividades y aforos. En los meses sucesivos, el estado de alarma fue prorrogado por diversos decretos.

Refiere que en el caso de los solicitantes de la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), podían iniciar el respectivo procedimiento administrativo en forma presencial, como también se encontraban en la obligación de proporcionar a la autoridad de Chile en Caracas el certificado de antecedentes penales (con una duración de 90 días) y, en el evento de obtener una decisión favorable, les correspondía a pagar en dependencias consulares el respectivo arancel, requerir la impresión de la visa de residencia en etiqueta autoadhesiva y las cedulas consulares, fuera de que se disponga el estampado de la misma en el o los pasaportes.

Se ala que dio el largo tiempo trascurrido desde que se decretó el estado de excepción en Venezuela y ante la imposibilidad de efectuar cualquier tipo de atención, el consulado general solicitó a la Cancillería venezolana indicar si existía a la posibilidad de continuar con la prestación de servicios consulares. Como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por Venezuela, no se pudo atender público de forma presencial, entre los meses de marzo y octubre de 2020, generando una acumulación importante en el número de solicitudes que no se pudieron tramitar.

Agrega que en el caso de marras, el proceso de tramitación de la VRD, no ha terminado, ya que el correo enviado al recurrente, solo era una comunicación de un cierre o suspensión informática debido a la priorización de labores que se tuvo que realizar en la Secretaria de Estado, debido a la crisis sanitaria mundial debido al SARS-CoV2, lo que ha alterado el funcionamiento normal del servicio, lo que se traduce en la amplia congestión en la tramitación de permisos consulares.

Sostiene que el correo electrónico no debe ser considerado como acto administrativo terminal, por cuanto constituye una sola comunicación para atender la situación general de caso fortuito o fuerza mayor.

Estima que ordenar la continuación de la tramitación de VRD, solicitada por el recurrente es ineficaz, por cuanto dicha tramitación aún persiste hasta el día de hoy, considerando las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Ya que las restricciones sanitarias existentes tanto en Chile como en Venezuela hacen imposible tanto para los requirentes como para el estado cumplir con las exigencias que establece la normativa nacional para el otorgamiento de este tipo de visado.

Añade que se ha preferido como medida de buena administración, examinar desde la perspectiva migratoria las solicitudes que versan sobre la concesión de visas para los casos de reunificación familiar. Respecto a las demás solicitudes se ha vuelto imposible impracticable su sustanciación y han quedado pendientes hasta que las circunstancias lo permitan, según lo habilita el artículo 27 inciso final de la Ley 19.880.

Reitera que el correo electrónico que motiva el recurso de amparo, no debe ser considerado como un acto terminal del procedimiento de VRD, por cuanto no se ha dictado el acto decisorio que se pronuncia sobre la solicitud de visa por parte del Cónsul General de Chile en Caracas.

Sostiene que el derecho alegado por el recurrente no es un derecho indubitado, ya que éste está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas parta obtener la autorización por parte de la autoridad competente. El único derecho que se configura para el recurrente por haber presentado una solicitud de VRD ante consulado respectivo, es obtener una respuesta por parte de la autoridad consular, la que podrá ser impugnada por las vías legales o administrativas correspondientes.

Dice que para el caso de autos no se ha configurado el derecho constitucional del artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República de ingresar a Chile; por cuanto éste establece que las personas tendrán el derecho de entrar y salir del territorio de la república en la medida que cumplan con las normas establecidas en la ley y salvando siempre el perjuicio de terceros. En el caso de los nacionales venezolanos, dicho derecho se configurará para entrar en calidad de turista o residente una vez que obtengan la visa o visto de turismo correspondiente.

El recurrente presentó al Ministerio de Relaciones exteriores la solicitud prioritaria de Visa de Responsabilidad Democrática de reunificación familiar, mediante carta de 5 de diciembre de 2020, la que fue referida por la Secretaria de Estado como prioritaria para la gestión consular de Chile para el año 2021, por tanto los trámites administrativos están plenamente vigentes y han sido preferidos por sobre otros tramites consulares ordinarios que practica el Servicio Exterior de Chile.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, en todas sus partes, atendido que el proceso de tramitación de la visa solicitada por el recurrente, aún no ha concluido; la administración general y servicio consular de Chile, no han podido funcionar con normalidad durante los años 2020 y 2021 debido a las restricciones sanitarias vigentes en Chile y en Venezuela; y porque el derecho invocado por el recurrente no es indubitado, aún más si la esfera de libertad ambulatoria reclamada se encuentra delimitada conforme a la Carta Fundamental.

Considerandos y decisión de la Corte

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo es una acción que puede ser deducida a favor de toda persona que se hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en lo expositivo precedente, en el recurso deducido en la especie se pretende que se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores a dejar sin efecto la decisión de cerrar y rechazar la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del amparado R.Z., a fin de que a través de la Sección Consular de Chile en Venezuela, lo cite a la entrevista de rigor y cumplidos los requisitos establecidos, otorgar la visa solicitada, emitiendo el salvoconducto respectivo en caso de que al momento de ser estampada la visa, el cierre de fronteras decretado en Chile continúe, con el fin de que puedan viajar a Chile y se materialice la reunificación familiar con su esposa, doña M.C.C.R., y sus hijas, M.C.R.C. y M.A.R.C..

Sostiene la recurrente que la petición de dichos documentos se hallaba en trámite, cuando recibió un correo electrónico, de carácter masivo, donde se informaba el cierre del procedimiento de solicitud de visas, a propósito del cierre de fronteras como motivo de la emergencia sanitaria, situación que impide el libre desplazamiento de su padre hacia Chile, impidiéndole reunirse con su mujer y sus dos hijas, que ya se encuentra en el país.

TERCERO: Que informando por el recurrido, el Embajador, Director General de Asuntos Consulares Inmigración y Chilenos en el Exterior, indicó , que en el caso materia de autos no es que se haya negado el otorgamiento de la visa mencionada, sino que se suspendió el procedimiento de otorgamiento, ya que éste importaba un fase de atención presencial en el Consulado de Chile en Venezuela, lo que no fue posible realizar dadas las medidas sanitarias, que detalla, y que se adoptaron por las autoridades de dicho país, más aún que se trata de gran cantidad de peticiones las recibidas en dicha legación, y que una vez que sean flexibilizadas tales medidas restrictivas, se continuará con la atención de público, pero en forma restringida y guardando la normativa dictada en ese país con motivo de la emergencia sanitaria, y, asimismo, teniendo en cuenta las capacidades humanas y estructurales limitadas de dicha representación consular.

Aduce, que en Chile se cerraron todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional, y, recientemente, mediante Decreto N° 82, de 1 de abril de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso, a partir del 5 de abril de este año, el cierre de fronteras durante ese mes para efectos de enfrentar la pandemia, restringiéndose los viajes al extranjero por treinta días, tanto para los ciudadanos chilenos como para los extranjeros residentes, salvo excepciones calificadas que allí se norman, mirando siempre el interés general del país, medida que fue extendida hasta el 31 de mayo de 2021, mediante Decreto N° 99, de 28 de abril de 2021, de la misma cartera, que extiende la vigencia del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del citado ministerio, que dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por brote del nuevo coronavirus (2019- NCOV).

CUARTO: Que, según aparece de autos, esta Corte no cuenta con el texto preciso del mencionado correo masivo que, supuestamente, impediría la obtención de las denominadas Visas de Responsabilidad Democrática (exigidas por nuestro país) y relativas al padre de la recurrente.

Sin embargo, de lo expuesto en el recurso y de lo consignado en el informe recién citado, fluye que ese correo existió, empero que no se trataría de uno que clausure administrativamente las posibilidades de obtención de las visas, sino que se refiere a la comunicación de una paralización transitoria, entretanto se regulariza el funcionamiento del Consulado de Chile en Puerto Ordaz, cuya normalidad de atención a usuarios se ha visto afectada, por largo tiempo, por las normas sanitarias y de orden público dictadas en Venezuela, y de que da cuenta detalladamente el aludido informe.

Y lo recién dicho, además, en estricta vinculación con las medidas que ha adoptado la autoridad administrativa de nuestro país – y que son de público conocimiento-, que ha redundado en el cierre temporal de nuestras fronteras, impidiéndose con ello el libre tránsito de connacionales y de extranjeros.

QUINTO: Que, entonces, no existe aquí un acto administrativo terminal propiamente dicho, en los términos de la Ley 19.880, situación que, desde luego, conduce razonablemente a concluir que no se ha impedido, en forma definitiva, el ingreso al país al amparado.

Sin embargo, y en base principalmente al principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 9° de la Ley 20.430 – aplicable en la especie por analogía-, así como el deber de resguardo de la familia que dispone el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, impone al Estado de Chile, luego de haber otorgado visa a la cónyuge e hijas del amparado, no ser el causante o responsable de impedimentos u obstáculos injustificados y/o arbitrarios de orden administrativo y burocrático que entorpezcan o dificulten más allá de lo razonable, la reunión de ellas y sus padres.

SEXTO: Que en un caso análogo, la Excma. Corte Suprema en sentencia de 18 de mayo de 2021, dictada en casa rol N° 33.951 – 2021, ha se alado que: “esos impedimentos u obstáculos carentes de motivación y razonabilidad se observan en la especie, desde que no se atiende a la circunstancia de la titularidad de Visa de Responsabilidad Democrática por parte de los padres de los niños Moreno León y la tramitación de los permisos de residencia definitiva respecto a ellos” y agrega, “Que, así las cosas, siendo la Administración responsable de la separación familiar de los amparados y sus padres, por causas que no resultan aceptables, este Tribunal adoptará las medidas necesarias para reparar la afectación de los derechos vulnerados.”.

SÉPTIMO: Que en estas condiciones y atendida la gravedad de la medida administrativa de obstaculizar el otorgamiento de la Visa de Responsabilidad Democrática que impide el ingreso al país del amparado para la reunificación familiar, requiere que los argumentos expuestos en la resolución impugnada excedan de los aspectos puramente formales, convirtiéndola en una actuación arbitraria, carente de razonabilidad suficiente en relación con la relevancia de la medida adoptada.

OCTAVO: Que, entonces, el remedio al acto arbitrario antes referido, se traduce en que la autoridad administrativa, en este particular caso, debe adoptar las medidas más eficientes y eficaces para entregar, en el menor tiempo posible, una respuesta precisa y clara sobre la petición de obtención de la mencionada visa de ingreso al país, porque mantener en el caso del amparado una situación prolongada de incertidumbre, importa, como es de toda evidencia, impedirles en los hechos, la reunificación familiar, mediante su libre tránsito hacia nuestro país, cumplidos que sean, dentro de un término razonable, los trámites de rigor.

Y de frente a la situación descrita -y en las peculiares circunstancias anotadas-, no ha habido una respuesta oportuna de la respectiva autoridad administrativa, lo que deviene en un escenario de ilegalidad, razón por la que se hará lugar, sin mayores dilaciones, al amparo impetrado y de la forma que se pasar a indicar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Decreto ley N° 1.094, de 1975; se acoge el recurso de amparo de autos, dejándose sin efecto la resolución que dispuso el rechazo de la visa de responsabilidad democrática pedida en favor del amparado L.A.R.Z. y, consecuencialmente, se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela continúe con la tramitación ya iniciada, adoptando, dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles administrativos, todas las medidas que fueren del caso para continuar con la tramitación de la denominada Visa de Responsabilidad Democrática relativas a la situación de reunificación familiar formulada, debiendo dar una respuesta precisa y clara, a la solicitud efectuada en tal sentido.

El señor Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá informar oportunamente a esta Corte, de las medidas adoptadas con motivo de lo resuelto precedentemente.

Comuníquese, en su oportunidad y por la vía más expedita, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro titular don Carlos Aldana Fuentes.

Rol N° 186-2021 Amparo.-

Enlace al fallo

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Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de amparo y ordena tramitar Visas de Responsabilidad Democrática de madre e hija venezolanas

Wed, 07 Apr 2021 16:22:05 +0000

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros Jorge Luis Zepeda, Omar Antonio Astudillo y Ministro Suplente Enrique Faustino Duran, acogió recurso de amparo y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela, a continuar con la tramitación de las solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática de madre e hija venezolanas, cuyo cónyuge y padre se encuentra tramitando Permanencia Definitiva en Chile, y a realizar todas aquellas medidas necesarias para garantizar la reunificación familiar.

Texto de la sentencia

Santiago, uno de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don K.A.C.C., licenciado en ciencias jurídicas, en representación de don H.E.P.H., su cónyuge doña D.M.S.O. y la hija de ambos, de 3 años de edad, M.V.P.S., todos ciudadanos venezolanos, en favor de los cuales interpone acción constitucional de amparo respecto de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior.

Expone que don H.E.P.H. cuenta con residencia regular en Chile, al haber obtenido una visa de responsabilidad democrática, otorgada por el Consulado de Chile en Caracas, el 29 de abril de 2019. En la actualidad se encuentra en trámite su solicitud de permanencia definitiva.

Añade que el 15 de junio de 2019 las amparadas solicitaron visa de responsabilidad democrática en Venezuela, siendo citadas para el día 3 de abril de 2020 al Consulado de Chile en su país. Sin embargo, posteriormente, el 11 de noviembre de 2020, fueron notificadas del cierre masivo de sus solicitudes, lo que trajo como consecuencia el rechazo de las visas. Asevera que esa denegación masiva constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto resuelve de forma genérica todas las solicitudes de visa que se encontraban en trámite, sin tener en consideración la situación particular de cada uno de los ciudadanos que las requirieron.

Ante esa decisión doña D. y su hija pidieron -ante la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior-, ser acogidas al beneficio de reunificación familiar, presentando una reconsideración a su solicitud de visa. Sin embargo, hasta la fecha de interposición del amparo aún no han tenido respuesta o información del caso, sin siquiera conocer si su petición se encuentra en trámite, transcurriendo ya 3 meses desde su presentación.

Por otra parte, expone que el 29 de enero de 2021 la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, a través del Oficio Circular N° 17, dejó sin efecto el Oficio Circular N° 96 de 9 de abril de 2018, el cual instruía el otorgamiento de visa de responsabilidad democrática a venezolanos, agregando como requisito para el otorgamiento la visa de responsabilidad democrática que el solicitante cuente con un familiar residente en chile, con permanencia definitiva otorgada por el Departamento de Extranjería y Migración. Ese nuevo requisito viene a eliminar la visa de responsabilidad democrática creada en 2018, igualándola a la solicitada por vínculos con extranjero con permanencia definitiva, conforme a los artículos 48 y siguientes del Reglamento de Extranjería.

Aduce en tal sentido que no se debe confundir el principio de reunificación familiar, que aplica en este caso, con la visa temporaria por vínculos con extranjero con permanencia definitiva o pretender que se vuelvan la misma institución cuando evidentemente no lo son. Así entonces el Oficio Circular N° 17 constituye también un acto ilegal y arbitrario, por cuanto tiene como fin restringir la migración, sin tener en cuenta los casos como el de autos.

Pide ordenar a la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones exteriores otorgar sin más trámite una cita para que ambas amparadas presenten la documentación pertinente para concretar el estampado de la visa de responsabilidad democrática, junto con toda otra medida que permita la reunificación familiar en el plazo más breve posible.

Se apersona don Raúl Sanhueza Carvajal, Embajador y Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, evacuando el correspondiente informe.

En primer término, señala que no es posible vislumbrar una afectación a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 7° de la Constitución Política de la República porque, tal como los actores lo exponen en su escrito, el 5 de diciembre de 2020 presentaron una solicitud de reconsideración de la visa de responsabilidad democrática de las amparadas, teniendo como fundamento la reunificación familiar, la cual tiene como requisito contar con un familiar con residencia regular en Chile.

Enfatiza que actualmente se encuentra en trámite una solicitud de reconsideración. Por ende, al no estar otorgada ni rechazada la visa, no puede entenderse que se encuentren en una situación de vulneración, ya que por lo demás el Oficio Circular N° 17 de la Subsecretaría a de Relaciones Exteriores, ha otorgado prioridad a los casos de reunificación y no es efectivo que instruya requisitos adicionales a la visa de responsabilidad democrática. Esa priorización no puede ser alterada, de manera que deben analizarse primero los casos de reunificante con residencia definitiva en Chile. Esto busca evitar un detrimento a las familias y a la certeza jurídica de quien está exactamente en el caso que plantea la normativa.

Finalmente, destaca que el artículo 54 de la Ley N° 19.880 dispone que, interpuesta una reclamación, no puede el reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para entenderse desestimada.

En cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, evacuó también su informe don Antonio Henríquez Beltrán, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del amparo.

Refiere que por Resolución Exenta N° 1855, de 14 de febrero de 2019, el Consulado General de Chile en Caracas otorgó visa de responsabilidad democrática al extranjero de nacionalidad venezolana H.E.P.H., quien solicitó permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración, el 29 de abril de 2020. Indica que por Comunicación Electrónica N° 13239074, de 26 de marzo de 2021, se informó al señor P.H. que su solicitud de permiso de permanencia definitiva no cumplía con los requisitos formales establecidos en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N° 597 de 1984, del Ministerio del Interior (en lo sucesivo, “Reglamento de Extranjería”), puesto que el certificado de antecedentes de su país de origen se encontraba vencido a la poca que remitió la solicitud (venció en el año 2018) y que su certificado de vigencia de contrato de trabajo no estaba autorizado ante Notario. Acto seguido, se le concedió el plazo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, bajo el apercibimiento de esa misma norma, para que adjunte la documentación objetada.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que mientras se tramita una solicitud de permiso de residencia, sea temporaria o definitiva, el solicitante mantiene situación migratoria regular en conformidad a los artículos 157 N° 5, en relación al 135, ambos del Reglamento de Extranjería.

En cuanto a las solicitudes que realicen extranjeros fuera del territorio de la República, las mismas son de competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Servicio Exterior, dependiente de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, lo mismo que los recursos que los extranjeros deduzcan respecto de las resoluciones dictadas por dichas autoridades. Todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975. Por lo mismo, como lo solicitado por este amparo es la obtención de una visa de reunificación familiar, el asunto es de competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como sea, subraya que es efectivo que un requisito legal para su otorgamiento es que el extranjero reunificador sea titular de permanencia definitiva en Chile. En consecuencia, como don H.P.H. no es titular del permiso de permanencia definitiva, no se cumplen los requisitos para la reunificación, a menos que se resuelva positivamente su petición.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Conforme se colige de lo prescrito en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el amparo corresponde a una acción constitucional destinada a proteger y garantizar el derecho a la libertad personal y seguridad individual consagradas en el artículo 19 N° 7 de la misma Carta Fundamental. Por consiguiente, comprende la tutela del derecho que tiene toda persona –sin distinción alguna-, para entrar y salir del territorio nacional, bajo la sola condición de que se guarden las normas establecidas por ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

Segundo: En la especie, el atentado a la libertad que se denuncia en el recurso es de composición compleja. En efecto, por un lado, corresponde a la decisión adoptada por la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, de poner término, mediante denegación, a las solicitudes de visa de “responsabilidad democrática” impetradas a favor de las personas amparadas; y, de otro lado, se cuestiona también la falta de respuesta por la administración respecto de las solicitudes de reunificación familiar presentadas en Diciembre de 2020, a favor de esas mismas personas, con el añadido que –respecto de esas últimas peticiones-, se ha pretendido hacerles aplicable el Oficio Circular N° 17, de acuerdo con el cual para que prospere la visa de reunificación familiar es preciso que el familiar avecindado o residente en Chile, cuente con autorización de permanecía definitiva;

1.- Sobre la denegación masiva

Tercero: En lo que atañe a este extremo, cabe consignar que mediante un correo electrónico masivo de la Cancillería de Chile, se informó a las amparadas –y a todos aquellas personas que habían presentado solicitudes de visa de responsabilidad democrática-, que debido a la prolongación del cierre de las fronteras por la pandemia del coronavirus y al hecho que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad había decidido dictar un acto terminal de todos los trámites de solicitud de visa de responsabilidad democrática y, en consecuencia, rechazar todas las solicitudes efectuadas;

Cuarto: En efecto, la autoridad adoptó la decisión de remitir una comunicación electrónica masiva, del siguiente tenor:

“Con motivo de la crisis sanitaria, producto del SARS – CoV 2, mediante el Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó el cierre de fronteras que impidió el ingreso de numerosos extranjeros al país, con la consecuente suspensión de sus procedimientos de visación. Habiéndose prolongado en el tiempo la necesidad de mantener dicho cierre, se ha excedido con ello el plazo exigido para la finalización del procedimiento administrativo, lo que corresponde, además, al criterio adoptado en diversos fallos por los Tribunales de Justicia, en el sentido que, de existir un retardo en su tramitación, debe dictarse el correspondiente acto terminal conforme a lo dispuesto en la ley. Por ende, de conformidad a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, se deberá rechazar una solicitud de VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA por concurrir alguna de las causales contenidas en dicha disposición legal. En el presente caso, corresponde rechazar dicha solicitud en virtud de la causal establecida en el artículo 63 N° 1 del DL 1094, en relación con los artículos 2° y 15 N° 7 del señalado cuerpo legal, así como de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, por brote de Coronavirus. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso de variar las circunstancias tenidas a la vista, se podrá volver a pedir visación, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, para lo cual se tendrá en especial consideración las solicitudes fundadas en reunificación familiar directa, cuando corresponda. Durante las próximas semanas usted recibirá correo electrónico registrando la correspondiente resolución de rechazo.”

Quinto: Esa forma de proceder implica que la entidad competente omitió pronunciarse -emitiendo un acto administrativo fundado- sobre las solicitudes pendientes, limitándose a poner término al procedimiento mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación concreta que afecta a las recurrentes. Por consiguiente, ese comunicado, en los términos en que fuera expedido, constituye un acto ilegal y arbitrario e incumple los principios y normas de la Ley N° 19.880, dando por concluido el proceso a través de un mecanismo no previsto en la ley, desoyendo lo previsto en el artículo 41 de la citada normativa, en cuanto dispone que cuando el procedimiento se inicia a petición del interesado y que la resolución de dicho procedimiento debe ajustarse a la solicitud formulada y que tiene que ser fundada, nada de lo cual se observa en el presente caso. Esa falta de fundamentación y de razonabilidad determina que tal proceder se aparte de la legalidad vigente y se torne arbitrario;

2.- Sobre las solicitudes de reunificación familiar

Sexto: De acuerdo con lo expuesto por los comparecientes y según da cuenta la documentación acompañada, es posible asentar los datos que siguen:

1.- Don H.E.P.H. es cónyuge y padre, respectivamente, de las amparadas D.M.S.O. y de M.V.P.S. (3 años de edad), todos de nacionalidad venezolana;

2.- El señor P.H. permanece actualmente en Chile, contando para ese efecto con visa temporaria otorgada por el Departamento de Extranjería y Migración y con solicitud de permanencia definitiva en trámite.

3.- Con fecha 15 de junio de 2019 las amparadas solicitaron la Visa de Responsabilidad Democrática a través del Sistema de Atención Consular.

4.- El 11 de noviembre de 2020, se informó por correo electrónico a las amparadas el cierre masivo de solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática.

5.- Con posterioridad a ello, el 05 de diciembre de 2020, las amparadas solicitaron reconsideración de su petición de Visa de Responsabilidad Democrática, sustentada en razones de reunificación familiar, petición pendiente de resolver a la fecha;

Séptimo: Por lo pronto, debe ponerse en relieve, en lo que atañe a las amparadas, que la petición de visa basada en razones de unificación familiar fue planteada a la autoridad respectiva en el mes de Diciembre de 2020. Consecuentemente, por una cuestión de temporalidad elemental, esto es, que una solicitud de esa índole debe regirse por la normativa vigente al tiempo de su formulación, no resultan aplicables a su respecto las instrucciones o criterios impartidos por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a través del Oficio Circular 17 de 29 de enero de 2021. Particularmente, no es posible exigir la condición de residencia definitiva para el nacional de Venezuela que permanece en el territorio nacional, generador del factor de arraigo que sirve de apoyo a la solicitud de reunificación. Ello, porque con anterioridad al citado oficio 17 la mencionada no era una condición requerida para quien fuera titular de la denominada “Visa de Responsabilidad Democrática”, especial para nacionales de Venezuela, como es el caso de don H.E.P.H.. Por lo mismo, una solicitud de esa clase no estaba ni estuvo sujeta al régimen de visado migratorio de carácter general;

Octavo: En efecto, esa modalidad especial de visa puede entenderse como la respuesta dada por el Estado de Chile a la resolución 2/18, de 02 de marzo de 2018, sobre “Migración Forzada de Personas Venezolanas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a través de la cual se resolvió exhortar a sus Estados miembros, para que propendieran, entre otros objetivos, a los siguientes: “(…) 3.- Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a garantizar la reunificaci ón familiar de las personas venezolanas con sus familias…” (Énfasis añadido); y (…) 6. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites…”;

Noveno: Ahora bien, en cuanto a la indefinición o falta de respuesta a la reconsideración sustentada en motivos de reunificación familiar, no cabe más que concluir que habiéndose ejerciendo oportunamente la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, debe darse tramitación a la misma. Si el Estado de Chile le otorgó visa al padre, desde la óptica que interesa para estos fines, dicha autorización termina erigiéndose en el elemento que –se quiera o no-, provoca el efecto colateral de separación de la familia, por lo que al negar la tramitación de visa a los restantes recurrentes, se vulnera el artículo 1 inciso primero y final de la Constitución Política de la República, correspondiendo enmendar tal afectación.

Décimo: De otro lado, es pertinente señalar que la reconsideración presentada no es obstáculo para el ejercicio de esta acción constitucional porque no se trata del mismo asunto planteado, no se formula la misma pretensión. Antes bien, se denuncia la falta de actividad de la Administración, que es cosa muy distinta;

Décimo: Por todo lo dicho, corresponde acoger este amparo dado que la conducta de la recurrida resulta ilegal y también arbitraria al dictarse un acto genérico que no distingue la situación particular de los amparados, agregando nuevas exigencias a solicitudes presentadas, limitando con ello la libertad ambulatoria de estas personas y el logro la reunificación, obligando a iniciar un nuevo trámite con todo el costo y desgaste que ello trae consigo por el largo tiempo de separación del grupo familiar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se acoge la acción de amparo deducida a favor de doña D.M.S.O. y M.V.P.S. y se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela, continúe con la tramitación de sus peticiones de visa con miras a concretar el estampado de la “Visa de Responsabilidad Democrática ” y realizar todas aquellas medidas necesarias para garantizar la reunificación familiar de las amparadas junto al cónyuge y padre don H.E.P.H. quien reside regularmente en territorio chileno.

Se previene que el Ministro Sr. Zepeda concurre a acoger la acción de amparo, teniendo además presente que la citada Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas es un antecedente internacional suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a los amparados en Chile, en base a los efectos de los Principios de No Retorno y No Devolución en Frontera en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, lo que se ve complementado con lo atinente de la Nota de ACNUR para los Refugiados que solicita a los Estados la aplicación del Principio de No Retorno y los alienta a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Astudillo.

Rol Corte N° 493-2021 Amparo.

Enlace a la sentencia

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Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de amparo y ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores a otorgar visas de Reunificación Familiar a 97 ciudadanos haitianos

Tue, 30 Mar 2021 05:55:19 +0000

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de fecha 26 de marzo de 2021, acogió recurso de amparo interpuesto en favor de 97 ciudadanos haitianos, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores a entregar las visas de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití que habían sido otorgadas en favor de los amparados por el Consulado de Chile en Puerto Príncipe, República de Haití.

Si bien las visas de Reunificación Familiar habían sido aprobadas, producto de la pandemia y del cierre de fronteras decretado en Chile, los extranjeros no pudieron ingresar a Chile dentro del plazo de 90 días establecido en los artículos 7° de la Ley de Extranjería y 14° del Reglamento de Extranjería. Los amparados, al solicitar una nueva fecha para estampar la salida hacia Chile, recibieron una respuesta negativa por parte de la autoridad, la cual les señaló que debían volver a solicitar nuevas Visas de Reunificación Familiar.

En opinión de la Corte, la actividad de la autoridad diplomática consiste en una verdadera denegación de las visas ya otorgadas, que se torna arbitraria e ilegal y que debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados. La perturbación a la libertad personal se configura al impedir el ingreso al país de los ciudadanos extranjeros con sus visas, quienes, cumplían con los requisitos legales y que, por efectos de la pandemia, al no poder viajar, lo que no les es imputable, en la práctica se les prohibió ingresar al territorio nacional y con ello poder obtener la reunificación familiar.

“(…) Si bien la autoridad migratoria posee discrecionalidad para disponer expulsiones o rechazar permisos de residencia, es necesario recordar que el ejercicio de aquella facultad debe ajustarse a los elementos reglados que norman dichas atribuciones, como el respeto y protección de la unidad familiar, teniendo presente que en este caso, los amparados hicieron las solicitudes y tramitaron las visas con el ánimo de residir en Chile junto a sus parientes directos, a fin de fortalecer sus lazos familiares y también tener una mejor calidad de vida.”.

Texto de la sentencia

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don MACKENSON GUILLAUME, empleado, líder de la comunidad haitiana, Pasaporte N° 26629616-9, con domicilio en XXXXXX, comuna XXXXX, Valparaíso, en representación de 97 ciudadanos haitianos MAGDALINE MARCELIN ó BELIZAIRE, PASAPORTE N PP5233073, JOSUE SAMUEL ° BELIZAIRE PASAPORTE N° PL5431518, MOGENE TERRANCE MILOUSE PASAPORTE N PP5467063, MOGENE MICHAELLE ° PASAPORTE N° PP5197555, LORA JONYKA PASAPORTE N° PP 5403965, DJEDBISON NAPOLEON PASAPORTE N° PP4723575, CLERAD ANGELINE PASAPORTE N° GV4832805, ULYSE JOWENSKIA PASAPORTE N° TN4804277, JUNIOR JUDEL DESANCE PASAPORTE N° PP5465744, GUE DIUENIE PASAPORTE N° PV4608545, GEORGES FREDLERE PASAPORTE N° JC4977187, CHARLES YVENELSON PASAPORTE N GV5209582, CHARLES ° KERVENS PASAPORTE N GV5209587, CHARLES ° GEDEON CELICIA PASAPORTE N° GV5208270, MONEUS FABIOLA FRANTZCISCA PASAPORTE N PP5185448, MONEUS ° CLIFFON PASAPORTE N° PP4914033, DARLY JOSUE JUNIOR PIERRE SAC2229787, ROBENSKY ERICK PASAPORTE N GV5383712, ° DJEVERNA PASAPORTE N° ER4741262, LOUDJINA JENICA PASAPORTE N GV4164494, LOUIS FLORENCE LORTE ° PASAPORTE N TB4721426, RUTH LORTE PASAPORTE ° N° TB4721428, SAHENS LOUIS PASAPORTE N TB5369257, MOSE ° NAPHARA LOUIS PASAPORTE N° VR4803575, STEPH MARABELLE STAEL GUILLAUME PASAPORTE N° GV5236841, TWESSIE DARLA CASTRA PASAPORTE N° JC4809003, AMICHE MAELLE LOUIS PASAPORTE N° GV4628884, AMICHE CHAELLE LOUIS PASAPORTE N° GV4628882, MERCIE LOURDES TOUSSAINT PASAPORTE N° JC5212286, MITSHAINA BORGELLA PASAPORTE N AH4416492, DARLENSCHA BORGELLA PASAPORTE N ° ° AH4363711, MITHENLEE DALENTZKY BORGELLA PASAPORTE N° AH4381359, SHNAIDINE LEISSA BRIGNOLLE PASAPORTE N° PP5446961, DAVENSON SAINT FLEUR PASAPORTE N PP4618651, ° ESTHER BALTHAZAR PASAPORTE N° PP4402355, SHIMANNE DALIEN PASAPORTE N° H4522621, PIERRE VENSE PASAPORTE N° MG52266647, ALEXANDRA PIERRE PASAPORTE N° SD4972285, ANGEL ALEXANDER PIERRE LOUIS PASAPORTE N PP5253130, ° KENDRY ALBERTO PIERRE LOUIS PASAPORTE N° JC5200632, ABIGAIL CHERY PASAPORTE N° TB4931204, IPHONISE DESAMOURS PASAPORTE N° SD4732758, DARDENSKY ARISTIL PASAPORTE N° PP5198551, GARDENSKY ARISTIL PASAPORTE N° PP5364334, DJEANILOVE ARISTIL PASAPORTE N° PP4995132, JULIANNE LORMILCA JEAN PASAPORTE N PL4663335, LAURY ° STEPHIE LORMILCA PASAPORTE N PL4663336, LICE ° LAURENCIE LORMILCA PASAPORTE N° PL4663337, LOOVENS RAYAN LAFONTANT PASAPORTE N JC4734414, CHRISTY ° ROSALINEDA LAFONTANT PASAPORTE N BL4738379, ROSELINE ° LAFONTANT HYPPOLITE PASAPORTE N° JC4796589, MEDSAYDA SILHOMME PASAPORTE N° PP4714947, ANTONIA ULYSSE PASAPORTE N° PP4579645, GAELLE THEODORE PASAPORTE N° PP4339388, AZAWANO THEODORE PASAPORTE N° PP4339387, CLARINS VALERIUS PASAPORTE N° PP4546631, BENATA NOEL PASAPORTE N PP4003397, KEYANNIE ° NELIE TELFORT PASAPORTE N° PL5207444, CARLINS HONORE PASAPORTE N° PP4462997, FABIOLA DERIZAIRE PASAPORTE N° JC4974422, ROSIE NERLIE CAPRIATI CHARLES PASAPORTE N° PP4547950, NORMIL SARGINE PASAPORTE N° JC4664060, BEATRICE THELEMAQUE PASAPORTE N° PP4633364, REYNALDO ESTIMPHIL PASAPORTE N° PP4505816, SAME SUZE JEAN MARIE PASAPORTE N CY4303775, MADELEY ° ISTA JEAN MARIE PASAPORTE N° CY4304874, DIEUNIE MONNASE PASAPORTE N° PP5210664, WIVENDJY MONNASE PASAPORTE N PP4789857, ° LOSSE DARLINE LOUIS JEUNE PASAPORTE N° GV4642866, YONTOUSKY LOUIS JEUNE PASAPORTE N° GV4628323, HUBERSON CANTAVE PASAPORTE N PP4927556, BERVALINE ° CANTAVE PASAPORTE N° GV4927556, OBED ICHNAIDER CANTAVE PASAPORTE N° PP4928946, SHARMALHIA ARISTIL PASAPORTE N SAC2237570, LOUTCHMY ° ARISTIL PASAPORTE N° SAC2237569, ROSE CARMEL LOUIS SELADON PASAPORTE N° DL4315130, ROSALYNDA LOUIS PASAPORTE N DL4312200, ° CHRISTANIA LOUIS PASAPORTE N° DL4320041, KINGBELLYNE SAINPHARD PASAPORTE N° PP4615592, KERVENS SAINPHARD PASAPORTE N° PP4924576, FEDSON SAINPHARD PASAPORTE N° PP4914329, JEAN REMUS FEDELIS PASAPORTE N PL4840378, ° ALISHA JOSEPH PASAPORTE N PP4668216, OBERMAN ° JOSEPH PASAPORTE N° PP4878783, KERLANDIA ROMELUS PASAPORTE N° GV4878739, MYKENS JOSEPH PASAPORTE N° JC4609740, JUMELLECA JOSEPH PASAPORTE N° PP5202969, JADLIE SANON PASAPORTE N° PP4708790, JADLEY SANON PASAPORTE N° PP4708787, KEYLA DESARMES PASAPORTE N° CH5191139, MARIE BENKA LAVENTURE PASAPORTE N PL5170838, LORVENS ° LAVENTURE PASAPORTE N° PL4625193, LOUIS VITA PASAPORTE N° HY4570707, SIMILIEN WISLY PASAPORTE N° PP5203440, NACEKESHA E. DORSAINVIL PASAPORTE N° GV4541093, NADAMISE DERISME LAURA PASAPORTE N° PP4499725 y WOODLEYCY REBECAT PASAPORTE N° PP5388330, quienes interponen acción de amparo constitucional en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores (CONSULADO DE HAITI EN PUERTO PRINCIPE), representado legalmente por su titular, don Andrés Allamand Zavala, por haber incurrido este en una omisión ilegal y arbitraria al no responder su solicitud de otorgamiento de los nuevos 90 días correspondiente a la visa de reunificación familiar ya aprobada, que ha afectado su derecho a la reunificación familiar del instructivo presidencia 009, y a su libertad ambulatoria consagrado en el artículo 19 N° 7 letra a) de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja su acción, declarando la ilegalidad y/o arbitrariedad de la omisión denunciada, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores emitir y reimprimir, sin más trámite el Visado de Reunificación Familiar, dentro del mas breve plazo que se fije al efecto, o bien, adoptando las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho; que se autorice una linea directa o de contacto con los correos xxxxx@xxxxx.cl, yyyyy@yyyyyy.cl el consulado en Haiti, para ayudar a familias que se encuentren en la misma situación y gestionarlos directamente sin necesidad de interponer nuevos recursos en un proceso de economía procesal; y que se reimpriman las visas con un tiempo superior a 90 días (si se puede dejar abierto a 365 días lo que dura la visa).

Fundando su recurso, indican que iniciaron los tramites de “Visa de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití”, cumpliendo con todos los requisitos exigidos y con la finalidad de que sus hijos menores de edad pudieran trasladarse a vivir con sus padres, y de esta manera otorgarles una mejor calidad de vida, educación y un ambiente seguro, todas las cuales fueron aprobadas.

No obstante, detallan atendido el contexto de pandemia generada por el COVID -19, el 15 de marzo de 2020 Haití cerró las vías aéreas, junto con otros paises de Suramérica, dejando a niños y cónyuges con sus visas y los pasajes comprados.

Refieren que dichas visas tenían un tiempo de vigencia de 90 días para poder ingresar a Chile, lo que no fue posible de cumplir por la pandemia y el cierre de fronteras.

Afirman que los voceros de la comunidad se reunieron con el Cónsul en Haití el señor Claudio Felipe Quiñones Santelices, quien les confirmó que una vez que pasara la pandemia y se abrieran los aeropuertos se reimprimirían las visas de reunificación familiar, lo que fue enviado como respaldo a un correo electrónico de los líderes de la comunidad Haitiana Mackenson Gui y Jean Wilford Polynice.

Indican que desde el 12 noviembre 2020 que intentan comunicarse con el señor cónsul en Haití, pero que no los atienden ni le contestan sus correos, lo que se agrava de considerarse que sus hijos viajaron a República Dominicana para poder viajar a Chile y por la pandemia se encuentran en ese país estancados buscando un regreso a Haití o poder ingresar a Chile, siendo el guardia de seguridad el único funcionario que los atiende en el Consulado de Chile en Haití, quien les informó que debían empezar nuevamente el proceso de dos años solicitando visas para sus hijos menores de edad.

Manifiestan que para los niños varados sin familia en República Dominicana en tránsito al país, decidieron ir a la embajada de Chile en República Dominicana para exponer su situación y solicitar una nueva fecha para estampar la salida hacia el país, pero que el consulado les indicó que no podía hacer aquellos y que debían empezar nuevamente el proceso, porque no fueron ellos quienes aprobaron las anteriores visas, aduciendo que el Gobierno de Chile informó que Haití había entrado en la Etapa 4 del Coronavirus COVID-19, por lo que a contar del miércoles 18 de marzo pasado regía la prohibición de ingreso de personas extranjeras no residentes, suspendiendo desde esa fecha el estampado de las visas y visas de turismo en toda la red de Consulados de Chile en el mundo.

En cuanto a la ilegalidad, refieren que la recurrida Consulado de Chile en Haití, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores ha infringido en los artículos 27 de la Ley N° 19.880 y 6° inciso 1 de la Carta Fundamental, que fija un plazo máximo de 6 meses para resolver las solicitudes de los administrados, al no responder su solicitud de otorgamiento de los nuevos 90 días correspondiente a la visa ya aprobada y que se había prometido mediante correo electrónico, ya que los aeropuertos se encuentran abiertos desde noviembre del año 2020. Afirma, que en el presente caso no concurre el caso fortuito o fuerza mayor como motivo para justificar la demora excesiva en la reimpresión de las visas de los amparados.

Señalan que la recurrida no puede alegar que la situación de pandemia que afecta a la Republica Haití como motivo de la falta de servicio del consulado Chileno en el exterior, pues la embajada ha estado en funcionamiento satelitalmente y ya tiene los documentos con los cuales autorizó la visa, reiterando que sólo están pidiendo la reimpresión y que dicho trabajo podía haber sido realizado por vías telemáticas.

Añaden que además se infringe los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad que deben informar los procedimientos administrativos de la Ley N° 19880 y que la Jurisprudencia en caso similares ha cuestionado la demora excesiva e injustificada en los plazos con los que la autoridad migratoria suele tramitar las solicitudes de los extranjeros administrados.

Respecto de la arbitrariedad, afirman que no existe motivo para justificar la demora excesiva en la reimpresión de las visas de los amparados, una vez sobrellevada la pandemia los consulados y aeropuertos están funcionando hace mas de seis meses, por lo que la omisión de la autoridad consular carece de toda razonabilidad y justificacion.

Agregan que además es arbitrario que un funcionario desde un correo institucional de solución de una esperanza a las familias y a su vez ilegal que no permita la reunificación familiar de los hijos con sus padres, vulnerando el principio de la buena fe.

Hacen presente que la importancia de su solicitud, es que varias de las visas de un año de vigencia de sus hijos y cónyuges vencen en marzo 2021 y que el aeropuerto Arturo Merino Benítez va ser de nuevo abierto a operaciones, por lo que quieren aprovechar de poder traer a nuestras familias.

Respecto de sus garantías fundamentales afectadas, argumentan que si bien es efectivo que el Ministerio del Interior por el Decreto Ley N° 1.094 tiene facultades para aprobar o rechazar visas, el Tribunal Constitucional se pronunció en el fallo rol N° 2.273-12-INA de requerimiento de inaplicabilidad, que la reagrupación familiar es un principio que la autoridad debe considerar especialmente al ejercer sus potestades, no pudiendo discriminar entre extranjeros.

Sostienen que aquel reafirma el derecho de igualdad y por ende, su derecho al articulo 19 N° 7 letra a) de la Carta Fundamental, que les asegura su libertad personal y a la seguridad individual, y su derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, garantías que se ven vulneradas ante la omisión de la recurrida de reimprimir las visas de que se tratan, pues este constituye un procedimiento que es dado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que consiste en un permiso que le autoriza a entrar y residir en el territorio nacional, como señala el articulo 5° del Decreto Ley N° 1094, del Ministerio del Interior, de 1975.

Finalmente hace presente que se debe respetar el principio de reunificación familiar, que está reconocido en nuestra Constitución Política de la República de Chile en su articulo 1° inciso 2 y en diversos tratados internacionales que cita, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerar especialmente que se ven afectados niños, sujetos de protección especial, tal como se evidencia en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

SEGUNDO: Que informa el Ministerio Relaciones Exteriores, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, indica que de la revisión de los casos, del tenor del libelo presentado y sus documentos se evidencia que a todos los amparados ya se les otorgó su visación, estampándola en sus pasaportes, acto terminal positivo que da por finalizada la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores, vía su Servicio Consular, al satisfacer la pretensión de los recurrentes.

En segundo término, refiere que lo demandado por los recurrentes, esto es, permitir su ingreso al país sin contar con su respectiva visa vigente concierne directamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vía su Departamento de Extranjería y Migración y, especialmente, de la Policía de Investigaciones (PDI), que es quien controla el ingreso de extranjeros y sus prohibiciones.

Precisa que conforme lo dispone el artículo 7° de la DL N 1.094, una vez estampada la visa esta tiene una duración por ley de 90 días, contados desde la fecha de su concesión, plazo que dicho Ministerio fijará en el respectivo documento y dentro del cual el titular de ese tipo de visación podrá ingresar al país, el que es fatal, no se suspende ni interrumpe. Añade, que además según lo prescribe el art culo 26 inciso final de la Ley N° 19.880, en el caso no se pueden ampliar las visas, pues ya caducaron por el sólo ministerio de la ley.

Manifiesta que lo que el recurrente denomina eufemísticamente «re estampar las visas» supone el otorgamiento de nuevas visas, pues, al haberse estas estampado, tal como se explicó, se dio término administrativo a las respectivas solicitudes de visa, y su parte no posee facultades legales de otorgar visaciones sin que exista previamente una solicitud por parte del interesado, efectuada y tramitada de conformidad a un procedimiento legal y que, además, la potestad de otorgar visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país es exclusiva de su parte tal como se desprende del artículo 6 del citado decreto.

En razón de ello, afirma que la pretensión de la recurrente contraveniene un texto expreso de la ley y crearía una situación absurda, pues, al no tener visa vigente, tampoco podrían obtener cédula de Identidad, pues el Servicio de Registro Civil e Identificación sólo inscribe visas válidas, y si ingresara ingresaran al país por sola disposición judicial, la Policía de Investigaciones se encontraría obligada a denunciarles, por encontrase residiendo en forma irregular en el país.

Agregan que tampoco podrían adquirir visa en el país, pues para su tramitación el Ministerio del Interior por ley exige que cuenten con visa o tarjeta de turismo, ambas cosas de las que carecerían.

Finalmente, hace presente que la mayor a de los recurrentes contó con un tiempo de vigencia de sus visas para ingresar al país, no siendo una situación imputable a su Ministerio el cierre de fronteras decretado por el Gobierno, en razón de la presente pandemia y que además se decretó la reapertura de las fronteras el día 23 de noviembre de 2020, fecha en la que los recurrentes pudieron efectuar nuevas solicitudes de visa, que ya estaría resueltas por el Consulado en Puerto Príncipe, pues conscientes de la necesidad de privilegiar la reunificación familiar, se está dando tramitación preferente a estas visas, contempladas para los ciudadanos haitianos, de conformidad al Oficio N° 17, de 29 de enero pasado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

TERCERO: Que informa la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional que revisados los antecedentes expuestos en el recurso de amparo, no se registran movimientos migratorios ni antecedentes policiales vigentes, por parte de los amparados, a quienes les fueron otorgadas visación por el Consulado General de Puerto Príncipe, Haití, estampándolas en sus pasaportes, de acuerdo al artículo 5° del Decreto Ley N° 1.094.

Afirma que conforme lo dispone el artículo 5° del Decreto Ley N° 2.460, de 9 de enero de 1979 Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile”, artículo 10° del Decreto Ley N 1.094 y artículo 4° del Decreto Supremo N° 597 a su parte le corresponde controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan con los requisitos establecidos en esos cuerpos legales, para lo cual se estará a lo que disponga el Departamento de Extranjería y Migración.

Añada, que conforme dispone el Decreto N° 232-2014 de Transporte y Telecomunicaciones “Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional”, su parte debe verificar tan pronto como sea posible, si los pasajeros y la tripulación, cumplen con los requisitos para ingresar al país, momento en el cual se procede al estudio de las circunstancias particulares y documentación con que se cuente en cada caso, por lo que no habiéndose concretado el viaje que la acción constitucional no es posible informar debidamente y de forma previa respecto de la decisión que como control migratorio presencial se tomará para un pasajero, pues existen otras circunstancias a considerar que podrían tener incidencia la posible decisión de ingreso, tales como nuevas directrices, modificaciones normativas o posiblemente, legislación diversa que para un caso en particular, podría ser evaluada y aplicada.

Finalmente hace presente que los recurrentes se encontrarían con su plazo caducado para hacer ingreso al país como residentes y, por tanto, su calidad al momento del control migratorio sería de turistas, y como tal, requerirían la visa consular por su nacionalidad haitiana.

CUARTO: Que el recurrente formula observaciones al informe evacuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que sólo están solicitando que se deje entrar a sus hijos y cónyuges por reunificación familiar, pues si tienen las visas de ingreso vencidas no pudieron viajar por la pandemia, el cierre de aeropuertos de consulados la paralización y ralentización de la sociedad.

Señalan que si bien se les vencieron las visas fue un funcionario del propio Consulado quien les confirmó que les ayudarían de nuevo con visación, pues si aquel les hubiera informado que debían volver a iniciar sus trámites de reunificación familiar no habrían interpuesto el presente recurso.

QUINTO: Que comparece don Francisco Javier Alarcón Calderón, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Alega que de la lectura del escrito que dio origen a estos autos, es posible apreciar que la acción se dirige contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues de conformidad a lo dispuesto en el articulo 6° del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, el otorgamiento de vistos de turismo, visas y permisos de residencia a extranjeros que se encuentren fuera del territorio de la República es de exclusiva competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Servicio Exterior y no de su parte.

Añade que no existen antecedentes de que alguno de los extranjeros recurrentes hayan hecho ingreso al país con posterioridad a las fechas referidas, no habiendo realizado su parte alguna de aquellas actuaciones comprendidas en el Decreto Ley N° 1.094, o en su Reglamento, el Decreto Supremo N° 597, ni mucho menos realizado alguna actuación u omisión que pueda considerarse ilegal o arbitraria, y que haya amenazado, perturbado o privado la libertad personal o seguridad individual de los extranjeros de marras.

Hace presente que el Decreto Supremo N° 102, del 17 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como sus mas de veintiséis actualizaciones, en ningún caso se ha referido sobre la tramitación de procedimientos administrativos de visas o permisos de residencia de extranjeros, sean de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que solo ha establecido en principio el cierre total de la frontera nacional para extranjeros no residentes, y en sus últimas actualizaciones ha permitido el ingreso de extranjeros en calidad de turistas solo mediante el Aeropuerto Internacional de Santiago.

SEXTO: Que lo que motiva el presente recurso de amparo es la negativa de entregar las visas otorgadas vigentes que ya habían sido aprobadas por la autoridad diplomática a las personas por quienes se recurre y así respetar el principio de la protección de la reagrupación y unidad familiar. Determinadamente, la “Visa de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití”.

SÉPTIMO: Que esta materia está regulada en la Ley de Extranjería, DL N° 1094, de 1975, que establece Normas sobre Extranjeros en Chile; en el Decreto N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Extranjería; y en el Decreto N° 172, de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular de Chile.

Además, rige el Decreto Presidencial N° 009, de fecha 02 de septiembre de 2008, que imparte instrucciones sobre la “Política Nacional Migratoria” , e instruye la Política Nacional Migratoria a los órganos y servicios que componen la Administración del Estado, la que expresamente reconoce los principios, normas y derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes, la que instruye que la Política Nacional Migratoria fundamentará su acción y velará por el cumplimiento, entre otros principios, a los de:

«i. Residencia y libertad de circulación. La Constitución Política de la República de Chile garantiza el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y estar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.

ix. Reunificación familiar. La Constitución Política de la República establece como base de la sociedad a la familia. El Gobierno, en su preocupación por fortalecer esta institución fundamental, dispone que los extranjeros que tienen vínculos de familia (padres, hijos, cónyuges) con chilenos o con extranjeros residentes, tienen prioridad para su establecimiento en el país.»

Asimismo, es atinente el art culo 27 de la Ley N 19.880, aplicable a la actividad de la Administración, el que conforme a las reglas generales, dispone que «salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. La norma anterior deja claro la admisión del caso fortuito o la fuerza mayor en materia administrativa.

OCTAVO: Que, por consiguiente, de los antecedentes relacionados consta que, la autoridad Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Consulado de Chile en Haití, Puerto Príncipe, al señalar en su informe que, extendió la Visas y esa es su responsabilidad, ha desatendido que los amparados incurrieron en una demora luego de la obtención y entrega de sus visas, sin considerar que tal tardanza provino de una causa enteramente ajena a la voluntad de los solicitantes, sin que ellos hayan contribuido en forma alguna a su producción; además, no estimó la autoridad diplomática que se trató de un hecho imprevisto, es decir, sin que haya sido posible calcular o prever de manera ordinaria y corriente; y el que a pesar del interés de los amparados de poder obtener sus visas e ingresar dentro del plazo legal al país para lograr la reunificación familiar, reconocida por los tratados internacionales y la ley interna, no lo pudieron hacer.

NOVENO: Que, por consiguiente, si bien al Estado le corresponde decidir a quien admite en su territorio y la situación migratoria de los extranjeros, tales límites al derecho de ingreso de éstos al país, no pueden comprometer la esencia del derecho de la libertad ambulatoria y no debe invertirse la relación entre el derecho y su restricción, esto es, entre la norma y la excepción, por cuanto las restricciones deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos fundamentales, debiendo las restricciones o excepciones al ingreso, adecuarse al principio de proporcionalidad de la función protectora que garantiza el derecho fundamental, manifestado en los casos de autos con el otorgamiento de las visas de «Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití”, en los términos autorizados por la ley.

DÉCIMO: Que, en efecto, conforme a los antecedentes, la actividad de la autoridad diplomática consiste en verdad en una verdadera denegación de las visas ya otorgadas, que se torna arbitraria e ilegal y que debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados.

En tal sentido, se configura la perturbación a la libertad personal al impedir con ello el ingreso al país de los ciudadanos extranjeros con sus visas, quienes, según se señaló, cumplían con los requisitos legales y que, por efectos de la pandemia, al no poder viajar, lo que no les es imputable, en la práctica se les prohibió ingresar al territorio nacional y con ello poder obtener la reunificación familiar.

Como ha señalado esta Corte, “este derecho fundamental se puede interpretar de manera amplia en el sentido que implica el derecho de toda persona de organizar su vida de la manera que sus propias convicciones estimen, con sujeción estricta a la ley”. (Rol Amparo 2225-2019, confirmada por sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol 41.117-19).

En el caso sub lite, en consecuencia, los amparados sufren arbitraria e ilegalmente una restricción a la libertad para ingresar al territorio nacional, limitando la decisión su libertad ambulatoria y su derecho a desarrollar el proyecto de vida familiar en el lugar que decidan.

En efecto, se debe poner énfasis en que, si bien la autoridad migratoria posee discrecionalidad para disponer expulsiones o rechazar permisos de residencia, es necesario recordar que el ejercicio de aquella facultad debe ajustarse a los elementos reglados que norman dichas atribuciones, como el respeto y protección de la unidad familiar, teniendo presente que en este caso, los amparados hicieron las solicitudes y tramitaron las visas con el ánimo de residir en Chile junto a sus parientes directos, a fin de fortalecer sus lazos familiares y también tener una mejor calidad de vida.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se acoge el recurso de amparo deducido a favor de MAGDALINE MARCELIN BELIZAIRE, PASAPORTE N PP5233073, JOSUE SAMUEL BELIZAIRE PASAPORTE N° PL5431518, MOGENE TERRANCE MILOUSE PASAPORTE N PP5467063, MOGENE MICHAELLE PASAPORTE ° N° PP5197555, LORA JONYKA PASAPORTE N° PP 5403965, DJEDBISON NAPOLEON PASAPORTE N° PP4723575, CLERAD ANGELINE PASAPORTE N° GV4832805, ULYSE JOWENSKIA PASAPORTE N° TN4804277, JUNIOR JUDEL DESANCE PASAPORTE N° PP5465744, GUE DIUENIE PASAPORTE N° PV4608545, GEORGES FREDLERE PASAPORTE N° JC4977187, CHARLES YVENELSON PASAPORTE N GV5209582, CHARLES ° KERVENS PASAPORTE N GV5209587, CHARLES ° GEDEON CELICIA PASAPORTE N° GV5208270, MONEUS FABIOLA FRANTZCISCA PASAPORTE N PP5185448, MONEUS ° CLIFFON PASAPORTE N° PP4914033, DARLY JOSUE JUNIOR PIERRE SAC2229787, ROBENSKY ERICK PASAPORTE N GV5383712, ° DJEVERNA PASAPORTE N° ER4741262, LOUDJINA JENICA PASAPORTE N GV4164494, LOUIS FLORENCE LORTE ° PASAPORTE N TB4721426, RUTH LORTE PASAPORTE ° N° TB4721428, SAHENS LOUIS PASAPORTE N TB5369257, MOSE ° NAPHARA LOUIS PASAPORTE N° VR4803575, STEPH MARABELLE STAEL GUILLAUME PASAPORTE N° GV5236841, TWESSIE DARLA CASTRA PASAPORTE N° JC4809003, AMICHE MAELLE LOUIS PASAPORTE N° GV4628884, AMICHE CHAELLE LOUIS PASAPORTE N° GV4628882, MERCIE LOURDES TOUSSAINT PASAPORTE N° JC5212286, MITSHAINA BORGELLA PASAPORTE N AH4416492, DARLENSCHA BORGELLA PASAPORTE N ° ° AH4363711, MITHENLEE DALENTZKY BORGELLA PASAPORTE N° AH4381359, SHNAIDINE LEISSA BRIGNOLLE PASAPORTE N° PP5446961, DAVENSON SAINT FLEUR PASAPORTE N PP4618651, ° ESTHER BALTHAZAR PASAPORTE N° PP4402355, SHIMANNE DALIEN PASAPORTE N° H4522621, PIERRE VENSE PASAPORTE N° MG52266647, ALEXANDRA PIERRE PASAPORTE N° SD4972285, ANGEL ALEXANDER PIERRE LOUIS PASAPORTE N PP5253130, ° KENDRY ALBERTO PIERRE LOUIS PASAPORTE N° JC5200632, ABIGAIL CHERY PASAPORTE N° TB4931204, IPHONISE DESAMOURS PASAPORTE N° SD4732758, DARDENSKY ARISTIL PASAPORTE N° PP5198551, GARDENSKY ARISTIL PASAPORTE N° PP5364334, DJEANILOVE ARISTIL PASAPORTE N° PP4995132, JULIANNE LORMILCA JEAN PASAPORTE N PL4663335, LAURY ° STEPHIE LORMILCA PASAPORTE N PL4663336, LICE ° LAURENCIE LORMILCA PASAPORTE N° PL4663337, LOOVENS RAYAN LAFONTANT PASAPORTE N JC4734414, CHRISTY ° ROSALINEDA LAFONTANT PASAPORTE N BL4738379, ROSELINE ° LAFONTANT HYPPOLITE PASAPORTE N° JC4796589, MEDSAYDA SILHOMME PASAPORTE N° PP4714947, ANTONIA ULYSSE PASAPORTE N° PP4579645, GAELLE THEODORE PASAPORTE N° PP4339388, AZAWANO THEODORE PASAPORTE N° PP4339387, CLARINS VALERIUS PASAPORTE N° PP4546631, BENATA NOEL PASAPORTE N PP4003397, KEYANNIE ° NELIE TELFORT PASAPORTE N° PL5207444, CARLINS HONORE PASAPORTE N° PP4462997, FABIOLA DERIZAIRE PASAPORTE N° JC4974422, ROSIE NERLIE CAPRIATI CHARLES PASAPORTE N° PP4547950, NORMIL SARGINE PASAPORTE N° JC4664060, BEATRICE THELEMAQUE PASAPORTE N° PP4633364, REYNALDO ESTIMPHIL PASAPORTE N° PP4505816, SAME SUZE JEAN MARIE PASAPORTE N CY4303775, MADELEY ° ISTA JEAN MARIE PASAPORTE N° CY4304874, DIEUNIE MONNASE PASAPORTE N° PP5210664, WIVENDJY MONNASE PASAPORTE N PP4789857, ° LOSSE DARLINE LOUIS JEUNE PASAPORTE N° GV4642866, YONTOUSKY LOUIS JEUNE PASAPORTE N° GV4628323, HUBERSON CANTAVE PASAPORTE N PP4927556, BERVALINE ° CANTAVE PASAPORTE N° GV4927556, OBED ICHNAIDER CANTAVE PASAPORTE N° PP4928946, SHARMALHIA ARISTIL PASAPORTE N SAC2237570, LOUTCHMY ° ARISTIL PASAPORTE N° SAC2237569, ROSE CARMEL LOUIS SELADON PASAPORTE N° DL4315130, ROSALYNDA LOUIS PASAPORTE N DL4312200, ° CHRISTANIA LOUIS PASAPORTE N° DL4320041, KINGBELLYNE SAINPHARD PASAPORTE N° PP4615592, KERVENS SAINPHARD PASAPORTE N° PP4924576, FEDSON SAINPHARD PASAPORTE N° PP4914329, JEAN REMUS FEDELIS PASAPORTE N PL4840378, ° ALISHA JOSEPH PASAPORTE N PP4668216, OBERMAN ° JOSEPH PASAPORTE N° PP4878783, KERLANDIA ROMELUS PASAPORTE N° GV4878739, MYKENS JOSEPH PASAPORTE N° JC4609740, JUMELLECA JOSEPH PASAPORTE N° PP5202969, JADLIE SANON PASAPORTE N° PP4708790, JADLEY SANON PASAPORTE N° PP4708787, KEYLA DESARMES PASAPORTE N° CH5191139, MARIE BENKA LAVENTURE PASAPORTE N PL5170838, LORVENS ° LAVENTURE PASAPORTE N° PL4625193, LOUIS VITA PASAPORTE N° HY4570707, SIMILIEN WISLY PASAPORTE N° PP5203440, NACEKESHA E. DORSAINVIL PASAPORTE N° GV4541093, NADAMISE DERISME LAURA PASAPORTE N° PP4499725 y WOODLEYCY REBECAT PASAPORTE N° PP5388330 y, en consecuencia, se resuelve:

Que se ordena a la autoridad recurrida de amparo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a fin de restablecer el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados, lo siguiente:

a) Entregar las visas de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití que habían sido otorgadas en favor de los amparados por el Consulado de Chile en Puerto Príncipe, República de Haití.

b) Ante el hecho imposible de prever de la pandemia mundial, la autoridad no podrá considerar para los efectos migratorios que ha operado el plazo de vigencia de un año respecto de estas visas de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití;

c) Entregar a las autoridades administrativas migratorias los antecedentes necesarios para la autorización del ingreso de los amparados al país con la visa de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití, con el fin de obtener la pronta reunificación familiar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Zepeda.

Rol N 466 – 2021 Amparo.-

Enlace al texto de la sentencia

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