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Corte Suprema confirma sentencia que rechazó recurso de reclamación presentado en favor de ciudadano venezolano que había ingresado a Chile por paso no habilitado

Thu, 11 Apr 2024 18:45:17 +0000

El pasado 9 de abril de 2024, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en causa Rol N° 12030-2024, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta (Rol N° 20-2024 – Contencioso Administrativo) que rechazó recurso de reclamación presentado en contra de Resolución Exenta dictada por el Servicio Nacional de Migraciones mediante la cual se dispuso la expulsión de ciudadano venezolano del territorio nacional.

El reclamante registraba un ingreso a Chile de forma irregular, eludiendo el control policial. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad migratoria notificó al reclamante del inicio del procedimiento de expulsión con fecha 9 de noviembre de 2023 y le entregó un plazo de 10 días hábiles para realizar sus descargos sobre la causal de expulsión invocada. Finalmente, con fecha 8 de enero de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones dictó Resolución Exenta que ordenó la expulsión del país del reclamante y estableció una prohibición de ingreso a Chile por el plazo de 5 años.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta había rechazado el recurso de reclamación el pasado 20 de marzo de 2024 en los siguientes términos:

“TERCERO: Que, conforme al mérito de la documentación acompañada, el fundamento de la Resolución Exenta N°17 de fecha 8 de enero de 2024, que dispuso la expulsión del territorio nacional del reclamante, obedece a la circunstancia que éste ingresó al país de forma irregular, conducta que vulnera el control de fronteras y una migración ordenada, segura y regular, añadiéndose en la referida resolución, que si bien acompaña contrato de trabajo y liquidaciones de sueldo, el extranjero no está autorizado por esa autoridad para ejercer labores remuneradas; asimismo, se señala que no registrando vínculos con cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile ni tiene hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país; también se expresa que no registra antecedentes delictuales ni reiteración de infracciones migratorias.

CUARTO: Que primeramente cabe analizar las normas que sustentaron la Resolución recurrida a efectos de determinar si se ha dictado con vicios de ilegalidad. En este sentido, las normas que amparan el actuar de la recurrida encuentran sus bases en la ley 21.325, que determina la prohibición de ingreso para aquellos extranjeros que hayan ingresado al país por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio. De este modo, se encuentran consagradas en la Ley de migración artículo 32; “Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

… 3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores.”

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 127 de la referida ley, establece: “Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que se regirán por dicha norma, las siguientes: 1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el Nº 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.”

Mientras que el artículo 129 de la nueva Ley de Migraciones dispone: “Artículo 129.- Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio considerará respecto del extranjero afectado: 1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión. 2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener. 3. La reiteración de infracciones migratorias. 4. El período de residencia regular en Chile. 5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva. 6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar. 7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional.”.

SEXTO: Que, en mérito de las normas previamente citadas se puede concluir que al extranjero le afecta una prohibición que se encuentra expresamente consagrada en la ley de migraciones, por haber ingresado de forma irregular al país, conforme fuera comunicado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante informe policial N°1455 de 4 de agosto de 2023, de lo que se sigue, que concurre en la especie el presupuesto jurídico que faculta a la autoridad migratoria para disponer la expulsión del país del extranjero, actuación que se encuentra comprendida dentro de las atribuciones de la reclamada y en conformidad a la legislación vigente, ya que, por mandato legal tiene la facultad de disponer la expulsión de los extranjeros que no den cumplimiento a la legislación migratoria y, de forma expresa, por la ejecución de ciertas conductas específicamente contempladas en ella.

En consecuencia, no se verifica ilegalidad en la Resolución recurrida, desde que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para comprender los fundamentos de la decisión adoptada.

SÉPTIMO: Que tampoco se advierte falta de motivación en la resolución recurrida, desde que el examen de las consideraciones del artículo 129 de la Ley de Migraciones, conduce, en la especie, a compartir la decisión de la autoridad migratoria, al no columbrarse el suficiente arraigo en el país por parte del actor, no bastando la circunstancia que se encuentre desarrollando una actividad remunerada; por lo que en razón de todo lo anterior y estimando que la resolución administrativa está completamente fundada, se rechazará el presente recurso judicial.(…)”.

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Corte Suprema rechaza reclamo presentado en favor de ciudadana colombiana con arraigo familiar en Chile condenada como autora del delito de tráfico de estupefacientes

Fri, 15 Sep 2023 01:52:09 +0000

El pasado 12 de septiembre de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia el pasado 12 de abril de 2023, que había acogido reclamo deducido en favor de ciudadana colombiana condenada como autora del delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, dejando sin efecto la orden de expulsión decretada en su contra por el Servicio Nacional de Migraciones, y en su lugar determinó rechazar el reclamo.

La extranjera, con arraigo familiar en Chile (cónyuge y 2 hijos), fue condenada como autora del delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, tipificado en el artículo 4 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, por hechos ocurridos el 23 de marzo de 2018, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y multa de 2 unidades tributarias mensuales, la que actualmente se encuentra cumplida, según consta en sentencia de fecha 27 de diciembre de 2018, emanada del Juzgado de Letras de La Unión.

Para resolver el asunto, la Corte Suprema tuvo presente:

El artículo 17 del Decreto Ley N° 1094, actualmente derogado, que señalaba “Los extranjeros que hubieren ingresado al país no obstante encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 15 o que durante su residencia incurran en alguno de los actos u omisiones señaladas en los números 1, 2 y 4 del artículo indicado, podrán ser expulsados del territorio nacional.”.
El artículo 15 del Decreto Ley N° 1.094 que indicaba: “se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: N° 2 Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres.”.
El artículo 128 de la actual Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería, publicada el 11 de abril de 2021, que dispone: “Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de residencia: N° 2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8 del artículo 32.”.
El artículo 32 N° 5 de la actual Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería que señala: “se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios, entre otros, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes.”.

A la luz de las disposiciones legales antes mencionadas, la Corte Suprema determinó revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y en su lugar rechazar el reclamo, toda vez que la actual Ley de Migración y Extranjería -como también lo hacía antiguo el estatuto-, contempla como supuesto para decretar la medida de expulsión administrativa, entre otros delitos, el tráfico de drogas, razón por la que sólo cabe concluir que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, de decretar la expulsión de la extranjera, se ajusta al principio de juridicidad.

En cuanto a la alegación vinculada al arraigo familiar (cónyuge y 2 hijos en Chile), a juicio de la Corte, éste carece de la entidad suficiente para constituir un impedimento o excepción para que el Servicio Nacional de Migraciones ejerza sus potestades legales.

Finalmente, la Corte Suprema, indica que se debe ser enfático en señalar que el arraigo que puedan tener en nuestro país los hijos de la extranjera, de nacionalidad colombiana, no puede ser una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, como lo es la seguridad y salubridad pública.

La sentencia fue acordada con el voto en contra de la Ministra señora Vivanco, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Corte Suprema, Rol N° 68296-2023

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Corte Suprema revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y deja sin efecto órdenes de expulsión de 5 ciudadanos estadounidenses

Thu, 08 Apr 2021 00:47:15 +0000

En fallo unánime, de fecha 6 de abril de 2021, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y dejó sin efecto las órdenes de expulsión decretadas por la Intendencia de la Región Metropolitana en contra de 5 ciudadanos estadounidenses.

Hechos

Los amparados ingresaron a Chile, provenientes desde Estados Unidos, en calidad de turistas, con examen PCR negativo y, todos con pasaje de regreso al país de origen para los días 20 y 24 de marzo del presente año.

En su calidad de turistas, se desplazaron al sur del país para conocer la zona, estando ahí entre el 9 y el 11 de marzo, con todos los documentos necesarios. Al regresar, y previo a bajar del avión, la asistente de vuelo les solicitó que tuvieran sus pasaportes o documento de identificación a la mano, ya que serían fiscalizados por Policía de Investigaciones. Luego de ser fiscalizados, los amparados fueron trasladados a dependencias policiales en el aeropuerto, siendo retenidos desde las 21:00 hasta las 04:00 horas del 12 de marzo, para ser posteriormente trasladados a una residencia sanitaria ubicada en Santiago Centro.

Todos los recurrentes se realizaron el examen para detectar Covid-19 el sábado 13 de marzo, siendo sus resultados negativos. Finalmente, el día 14 de marzo de 2021, en dependencias de la residencia sanitaria, se apersonaron funcionarios de la PDI, que notificaron a todos los recurrentes de los decretos de expulsión emanados de la Intendencia Regional, que señalaba como fundamento el hecho de que no se mantuvieron en aislamiento por el lapso de 10 días luego de haber ingresado al país, por lo cual infringieron el artículo 318 del Código Penal.

Conociendo del asunto, y teniendo presente el informe evacuado por la Intendencia de la Región Metropolitana, la Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo al considerar que los fundamentos contenidos en los decretos de expulsión se ajustaban a la preceptiva legal y reglamentaria vigentes y que por ende, al haber sido pronunciados por autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, la medida de expulsión de los amparados se ajustaba a derecho, tanto en el cumplimiento de las formalidades, como en la concurrencia de las causales de expulsión del país establecidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento.

Por último, la Corte Suprema, conociendo del recurso de apelación deducido en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, revoca el fallo y acoge el recurso de amparo, al establecer que las resoluciones cuestionadas no satisfacen las exigencias de proporcionalidad propias de una decisión adoptada en el ejercicio del poder público, al basarse en situaciones que objetivamente carecen de una gravedad y trascendencia compatible con lo gravoso de la expulsión del país, pues no se logró acreditar por la autoridad administrativa que los amparados hayan puesto en riesgo la salud pública.

Texto de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema

Santiago, seis de abril de dos mil veintiuno.

A los escritos folios N° 37972-2021, 38009-2021 y 38021-2021: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos sexto a décimo cuarto, que se suprimen.

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

1°) Que las Resoluciones Exentas N° 249, 250, 251, 252 y 253 de trece de marzo de dos mil veintiuno, dictadas por el Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, fundamentan las expulsiones de los amparados, en lo dispuesto en los artículos 2 y 82 inciso 2° del DL N° 1094, artículos 2, 167 inciso 3° y 173 del Reglamento de Extranjería, el Decreto N° 4 de 2020 del Ministerio de Salud, prorrogado por Decreto N° 1 de 2021, el Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y sus modificaciones posteriores y, las Resoluciones Exentas N° 503 y N° 555 de 2020, que declaran alerta amarilla y alerta roja regional, de esa Intendencia; y la Resolución Exenta N° 1147 de 2020, que modifica la Resolución Exenta N° 997/2020 y artículo 318 del Código Penal, por cuanto al viajar a la ciudad de Temuco transgredieron la cuarentena preventiva obligatoria de diez días, establecida por la autoridad sanitaria para extranjeros que lleguen al país, pues ingresaron el 07 de marzo de 2021 y viajaron a la mencionada ciudad el 09 de marzo pasado, retornando a Santiago, el 11 del mismo mes.

Consta, además, que los exámenes de PCR practicados a los ciudadanos extranjeros al ingresar al país y los que se realizaron al retornar a la ciudad de Santiago, dieron resultado negativo a la presencia del virus y que para realizar ese viaje obtuvieron los permisos de vacaciones y pasaportes sanitarios.

2°) Que de los antecedentes descritos y aportados se colige que el fundamento de la decisión de expulsión adoptada por la autoridad administrativa se funda en el incumplimiento de la medida sanitaria de aislamiento de diez días mencionada.

3°) Que en ese orden de ideas, en el presente caso las resoluciones cuestionadas no satisfacen las exigencias de proporcionalidad propia de una decisión adoptada en el ejercicio del poder público, al basarse en situaciones que objetivamente carecen de una gravedad y trascendencia compatible con lo gravoso de la expulsión del país, pues no se acreditó por la autoridad administrativa que los amparados hayan puesto en riesgo la salud pública.

4°) Que en vista de todo lo que se ha venido razonando, las órdenes de expulsión decretadas por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago en contra de los amparados, constituyen una amenaza para su libertad personal y seguridad individual decretada con infracción a la Constitución y las leyes, por lo que la acción de amparo deberá ser acogida, revocándose el fallo apelado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la resolución apelada de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 468-2021 y, en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto por los ciudadanos norteamericanos B.C., G.F., B.K., M.L. y R.M.D., dejándose sin efecto la Resoluciones Exentas N° 249, 250, 251, 252 y 253, todas de 13 de marzo del año 2021, del Intendente de la Región Metropolitana.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.415-2021.

Enlace a la sentencia

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Corte Suprema rechaza 3 recursos de amparo y confirma expulsión de extranjeros que habían ingresado a Chile por pasos no habilitados

Wed, 24 Feb 2021 22:53:03 +0000

El día de hoy, 24 de febrero de 2021, la Corte Suprema revocó 3 fallos pronunciados por la Corte de Apelaciones de Iquique, que habían acogido recursos de amparo interpuestos en favor de extranjeros expulsados de Chile, luego de ingresar al país por pasos no habilitados.

En los fallos (causas Rol N° 14.338-2021, 14.340-2021 y 14.341-2021) dictados por la Segunda Sala de la Corte Suprema se señala:

«Que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental y a la legislación especial establecida en lo pertinente en los artículos 2, 3, 15 N° 7, 17 y 69 del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería y su reglamento, y Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente sus actos, no afectando a dichas facultades el hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del mismo, ni tampoco las circunstancias ocurridas con posterioridad al acto impugnado, las que deben ser planteadas como motivo de la solicitud de regularización de su situación migratoria mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley.».

Luego de lo razonado por la Corte Suprema, se revocan las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Iquique el pasado día 16 de febrero de 2021 (causas Rol N° 23-2021, 27-2021 y 29-2021), se rechazan los recursos de amparo interpuestos en favor de extranjeros que habían ingresado a Chile por pasos no habilitados, y se confirma su expulsión del país.

Fallo Causa Rol N° 14.338-2021

Fallo Causa Rol N° 14.340-2021

Fallo Causa Rol N° 14.341-2021

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Corte de Apelaciones de Arica rechaza recurso de amparo presentado en favor de ciudadano cubano que habría ingresado clandestinamente a Chile

Tue, 09 Feb 2021 22:03:06 +0000

En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica rechazó recurso de amparo (causa rol 38-2020) presentado en contra de la Intendencia de Arica y Parinacota por haber decretado la expulsión de ciudadano cubano que habría ingresado por paso no habilitado a Chile.

La sentencia sostiene que debe distinguirse entre lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al país, de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten con un ingreso regular.

En opinión de la Ministra María Verónica Quiroz Fuenzalida y el abogado (i) Ricardo Oñate Vera, «el reglamento respectivo permite esta segunda posibilidad, que es independiente de la acción penal, y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna ilegalidad al proceder a expulsar a quienes no demuestran haber cumplido las exigencias que el Estado impone a los extranjeros para entrar legalmente al territorio nacional. Tanto más, si los extranjeros reconocen haber ingresado por un paso no habilitado; no requiriendo previamente una condena penal por el ingreso ilegal al tratarse de facultades del orden administrativo del propio órgano recurrido.».

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del recurso

Compareció el abogado don V.E.R.O., en favor de O.K.S., ciudadano cubano, pasaporte N° XXXXX, domiciliado para estos efectos en calle Chacabuco Nº XXX comuna de Copiapó, quien interpuso recurso de amparo en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, por dictar la Resolución Exenta N°2.290/2.169 de 16 de abril de 2019, que ordenó la expulsión del amparado del territorio nacional, conculcando su garantía constitucional consagrada en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente ingresó a Chile por un paso no habilitado eludiendo los controles fronterizos. Añade que la recurrida emitió el decreto de expulsión, cuyo fundamento radica sólo en haber ingresado de forma clandestina a Chile.

Sostiene que la resolución que ordena la expulsión es arbitraria e ilegal y en la medida que se pretende implementar y desproporcionada.

Previas citas de derecho y jurisprudencia, estima que el acto es ilegal, que no se dictó condena penal en el proceso penal iniciado por la recurrida, que, además, no contiene una debida fundamentación fáctica a la luz de las Ley N° 19.880, pide sea acogido el recurso y se le brinde amparo al extranjero, ordenando dejar sin efecto la Resolución dictada por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota que ordenó su expulsión del territorio nacional.

Informe evacuado por la Intendencia de Arica y Parinacota

Informó la Intendencia recurrida, detallando que según antecedentes de Informe N° 958 de 8 de marzo de 2019, que el amparado fue detectado por personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Chacalluta, ingresando por un paso no habilitado y eludiendo todos los controles migratorios, por el sector de la línea férrea, sector los militares. De lo anterior se dio cuenta a la Prefectura de Extranjería y Policía Internacional de Arica y Parinacota.

Indica que la recurrida el 3 de abril de 2019, presentó una denuncia del hecho antes descrito, ante la Fiscalía de Arica y, posteriormente el desistimiento de la acción. Luego, considerando el hecho denunciado y demás antecedentes tenidos a la vista, dictó el 16 de abril de 2019 la Resolución N° 2.290/2.169, que ordena la expulsión del amparado, en razón de su ingreso clandestino al país.

Expone que el acto administrativo que dispuso la expulsión del amparado, se funda en su ingreso clandestino, eludiendo el control migratorio respectivo, lo cual está dentro de sus atribuciones legales conforme lo disponen 69 y 78 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, en relación con los artículos 146 y 148 de su Reglamento.

Asimismo, sostiene que la Intendencia siguió el procedimiento establecido en la Ley, se presentó la respectiva denuncia del hecho ante la Fiscalía y el posterior desistimiento.

Niega arbitrariedad en la resolución pronunciada al fundarse en norma legal expresa, agregando que el derecho de expulsar emana de la soberanía del Estado, y, a su juicio, no se requiere de condena por ingreso ilegal al tratarse de facultades administrativas de la recurrida, pidiendo rechazar el recurso por las consideraciones jurídicas que latamente expone.

Considerandos y decisión de la Corte

PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, en cuanto a los hechos, consta en la carpeta electrónica el decreto de expulsión en cuestión, motivado por el ingreso clandestino del recurrente, por el que se ha ordenado por la autoridad su expulsión del país.

TERCERO: Que, hay que distinguir lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al país, de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten con un ingreso regular. El reglamento respectivo permite esta segunda posibilidad, que es independiente de la acción penal, y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna ilegalidad al proceder a expulsar a quienes no demuestran haber cumplido las exigencias que el Estado impone a los extranjeros para entrar legalmente al territorio nacional. Tanto más, si los extranjeros reconocen haber ingresado por un paso no habilitado; no requiriendo previamente una condena penal por el ingreso ilegal al tratarse de facultades del orden administrativo del propio órgano recurrido.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento el artículo 17 del D.L. N° 1.094, así como la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.175, establecen la procedencia de la expulsión en los casos de ingreso clandestino, y que dicha atribución es ejercida, como lo señalan los mencionados cuerpos legales, por el Intendente Regional, por lo que la resolución atacada en esta sede ha sido dictada por autoridad competente, en uso de sus facultades legales y debidamente fundamentada, razón por la que, no existe la vulneración de derechos denunciada respecto del amparado, dado que admitió haber ingresado clandestinamente al país.

Por las anteriores consideraciones y normas legales citadas y lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de amparo deducido por el abogado V.E.R.O., en favor de O.K.S.

Acordada con el voto en contra de la Ministra doña Claudia Arenas González, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, en atención a los siguientes fundamentos:

1.- Que, con el mérito de los antecedentes que sirven de sustento al informe de la recurrida, se advierte que el amparado ingresó de manera clandestina a Chile y la recurrida reconoció que en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto Ley N°1094, presentó una denuncia del hecho ante la Fiscalía Local de Arica y Parinacota, desistiéndose posteriormente de la acción.

2.- Que, del análisis de los antecedentes, en la especie, no concurren los supuestos del artículo 146 en relación al 158 del Decreto 597 de 1984 que Establece el Reglamento de Extranjería, y que faculta a la autoridad administrativa para decretar la expulsión de personas que ingresen clandestinamente al país.

3.- Que, a ello se suma la circunstancia que, como en la especie, la recurrida ejerció primeramente la acción penal, de la que se desistió para luego dictar el decreto de expulsión, con las falencias ya anotadas en el considerando anterior, sin fundarlo de manera alguna en términos que, a lo menos, hiciera coherente tales actuaciones aparentemente contradictorias, a lo que se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.880.

4.- Que, en virtud de lo indicado en los considerandos anteriores, la Intendencia no tenía facultades legales para decretar la expulsión del amparado, por lo cual dicho acto administrativo, afecta su garantía constitucional establecida en el N°7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

5.- Que, así como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema (Rol 21.915-16, 6.462-18, 6.463-18 y 6.473-18 y 71.923-20), la resolución recurrida igualmente se torna ilegal, si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia, y que pese a ello, se le invoca en un acto administrativo de grave trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida, desconociéndose el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 38-2021 Amparo.

Enlace al texto de la sentencia

Imagen destacada: poderjudicialtv.cl

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Corte de Apelaciones de Copiapó acoge recurso de protección y ordena a Gobernación de Huasco a asesorar a ciudadano cubano para que formalice su solicitud de refugio

Sat, 03 Oct 2020 16:13:14 +0000

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección presentado en favor de nacional de Cuba, ordenando a la Gobernación Provincial de Huasco a citar al recurrente hasta sus dependencias en un día y hora determinado, a fin de otorgarle el debido asesoramiento para que éste pueda formalizar su solicitud de refugio, informando previamente a la Corte el día, hora y lugar, con al menos diez días de antelación, para efectos que éste puedan ser notificado, e Informar oportunamente a la Corte el resultado de dicha citación, dando cuenta de si se formalizó la referida petición o, en su caso, los motivos que lo impidieron, reiterando la citación en caso de ser necesario.

El recurrente, de iniciales Y.P.M., de nacionalidad cubana, habría solicitado refugio ante la recurrida, solicitud que no habría sido aceptada por existir un recurso de reposición pendiente de resolución interpuesto por don Y.P.M en contra de Resolución emitida por el Departamento de Extranjería y Migración.

En opinión de la Corte, no basta para la autoridad intentar justificar su cometido con la existencia de un recurso de reposición pendiente presentado por el recurrente hace más de un año, y que a la fecha no ha sido resuelto, por cuanto no se observa en las disposiciones legales que regulan la materia, norma alguna que impida solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado por existir un recurso pendiente que versa sobre una petición de naturaleza diversa. Si bien existió orden de expulsión en contra del recurrente, dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de la Ilustrísima Cirte de Apelaciones de Arica con fecha 28 de diciembre de 2018.

Del recurso interpuesto (recurrente)

PRIMERO: Que al folio 1 comparece doña M.I.S.V., abogada, domiciliada para estos efectos en XXXXX, departamento XXXX, comuna y ciudad de Santiago, en representación, según artículo 2º del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de Y.P.M., C.I.: N° XXXXXX, pasaporte Nº XXXX, profesor, de nacionalidad cubana domiciliado en XXXXX, Antofagasta, por quien recurre de protección en contra de doña Nelly Galeb, en su calidad de Gobernadora de la Provincia de Huasco, como representante del departamento de extranjería y migraciones de dicha localidad, domiciliada en Plaza A. O’Higgins sin número, Vallenar, por la negativa a la recepción de solicitud de refugio con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo anterior regulado en el artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados.

Expone que su representado se vio forzado a salir de Cuba por la opresión que ejercen los organismos de la seguridad social (policía) contra su persona, por ser disidente con el régimen.

Al llegar, acude a la Oficina de Migraciones, insistiendo en reiteradas ocasiones en su solicitud de formalizar su intención de reconocimiento de la condición de refugiado, asistiendo por última vez, con fecha 11-08-2020, no consiguiendo nada, ya que le indican que no están otorgando refugio a los cubanos.

Dice que su representado, ha seguido todas las instrucciones que le han dado.

La autoridad migratoria lo orientó a inscribirse en el proceso regulatorio del año 2019 siendo que por su fecha de ingreso al país no calificaba, negligencia de quienes revisaron sus antecedentes antes de realizar la postulación, volvió a insistir en su necesidad de protección mediante el refugio y le indicaron que escribiera una carta al Subsecretario del Ministerio de Interior solicitando la regularización, cuando ellos son los encargados por ley de asegurar la aplicación de una serie de derechos y principios a quien manifiesta una necesidad de obtener refugio.

A la fecha no ha obtenido ninguna respuesta de esa carta, enviada hace más de un año, constatando que las orientaciones realizadas por la autoridad migratoria no son más que dilaciones que no llevan a ninguna solución.

Adiciona que en recurso de amparo N° 246-2018 se ordenó el alzamiento de la medida de expulsión que existía en contra de su representado ya que al ser desertor del régimen pesa sobre él la posibilidad cierta de ser sancionado, vulnerando abiertamente su libertad ambulatoria. Dicha sentencia, que acompaña, fue exhibida en la cita del 11 de agosto del presente año, ante el Departamento de Extranjería y Migraciones de la ciudad de Vallenar, que se encuentra en el edifico de la Gobernación Provincial de Huasco, por lo que malamente no se puede desprender de sus antecedentes la necesidad de una protección internacional, habiendo una abierta negligencia en la forma en que la autoridad migratoria le ha asesorado.

Acompaña foto de su representado en la oficina de extranjería y cita respectiva, señalando que ya asesorado, éste solicitó de forma oral el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, realzando una manifestación que no fue registrada y que produce derechos y obligaciones que no han sido adquiridos, por el mero arbitrio de la autoridad migratoria.

Refiere que el artículo 26 de la Ley N°20.430, indica que al realizar la solicitud, la autoridad requerirá a la persona, que declare los motivos que la forzaron a dejar su país de origen, pero no dilatarlas con esperas injustificadas, sino que remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, trámite que está siendo obstruido de forma arbitraria e injusta por el departamento de extranjería al no recepcionar los antecedentes, siendo obligación hacerlo con prontitud.

Lo anterior se traduce en que, legalmente, sus intentos de que se tramite su solicitud, no constituyen manifestación de voluntad en tal sentido.

En cuanto al Derecho, cita el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 15 de la Constitución Política de la República y el artículo 26 de la Ley N°20.430, éste último, en cuanto establece el principio de no devolución e indica en su inciso cuarto, que “se aplicará desde el momento en que se manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad contralora de frontera o el departamento de extranjería y migración o gobernaciones provinciales su intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, se encargará de velar por el cumplimiento del principio de no devolución”.

Asevera que en los hechos, este derecho no ha podido ser adquirido, puesto que la sola manifestación de dicha voluntad no ha sido recibida por los organismos indicados, obstruyendo la posibilidad de entrega de los antecedentes, que la formalicen, siendo causal suficiente para la interposición del presente recurso ya que se vulnera la garantía constitucional establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto el proceder de la oficina de migraciones, importa una discriminación en relación con el trato dispensado a extranjeros que, en situación jurídica equivalente, habían podido tramitar regularmente –a lo menos, hasta junio de 2018- sus solicitudes de reconocimiento de condición de refugiados.

Pide en definitiva, se acoja el presente recurso, resolviendo que la autoridad administrativa ha actuado en forma arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales del recurrente, resolviendo que se ordene el ingreso de la solicitud de refugio a tramitación, mediante la entrega del formulario que corresponde y su timbraje respectivo, para obtener la visa temporaria de refugio, y se ordene su estampado dentro de plazo legal y su registro en Policía de Investigaciones, mientras se espera la evaluación de una comisión calificada en relación al recurrente, con costas.

Acompaña copia de la cita de fecha 11-08-2020, copia de carta a subsecretario del Interior, copia de sentencia de causa de amparo rol N° 246- 2018, copia de rechazo de solicitud de regularización de su representado de fecha 19 de julio el año 2019, copia de pasaporte del recurrente, fotografías de éste en las oficinas de migraciones.

Informe de la Gobernación Provincial del Huasco (recurrido)

SEGUNDO: Que informando doña Nelly Teresa Galeb Bou, Gobernadora de la Provincia del Huasco, expone Revisados los registros del extranjero, señor Y.P.M., en el sistema nacional de extranjería B3000, figura con un ingreso clandestino a Chile día 08 de abril del año 2018, según denuncia de la Policía de Investigaciones, a la Intendencia de Arica y Parinacota.

Actualmente figura en el sistema registrando domicilio en calle XXXXX, Copiapó.

Mediante la Resolución Exenta N° 1965 de 2018 de la Subsecretaría del Interior, se dispuso el proceso de regularización extraordinaria, cumpliendo con los requisitos ahí establecidos, incluidos aquellos extranjeros que hayan hecho ingreso al país por lugares no habilitados. Al respecto, el señor P.M. postula al proceso, pero fuera de plazo, por tanto, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (D.E.M.), rechaza la solicitud, mediante la Resolución Exenta N° 128607 del 15 de mayo del año 2019.

Con fecha 11 de junio del año 2019, el señor P.M. presenta un recurso de reposición administrativo, producto del rechazo al requerimiento de regularización, el cual se encuentra en proceso de análisis por la unidad jurídica del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Indica que el recurrente posee solamente una solicitud de atención en el sistema, el día 11 de agosto del año 2020, en la Gobernación de Huasco, ocasión en que realizó consultas relacionadas con el recurso de reposición presentado ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actualmente como se indicó, en estudio, sin exhibir ningún tipo de documento. Todo lo que atañe a la Ley N°20.430, sobre protección de refugiados, se rige por parámetros totalmente distintos.

También señala que se hicieron una serie de recomendaciones, sin embargo, antes de orientar a los extranjeros, se revisa el sistema, para ver en qué situación se encuentra. En este caso en particular, se informó que el recurso de reposición presentado, aún se encuentra en análisis.

El actuar de mala fe del Señor P.M. es evidente, teniendo domicilio según el sistema B3000 en la ciudad de Copiapó, solicita una hora vía web en el sistema de reserva de horas en la Gobernación de Huasco, ubicada de Vallenar, para generar la instancia necesaria, que le permita presentar un recurso dentro de los plazos establecidos, teniendo pleno conocimiento, que posee un recurso de reposición ante el D.E.M, que no ha sido resuelto.

No existe una situación arbitraria en contra del extranjero, considerando que pidió una hora el sistema de reserva vía web, para consultar por el estado de tramitación de su recurso de reposición presentado. Tampoco existe alguna omisión, considerando que, ante la eventualidad que hubiera solicitado refugio, dicha Entidad no puede acoger dicho requerimiento, considerado que existen trámites realizados por el extranjero, de otra naturaleza, y no han sido resueltos.

Transcribe el artículo 69 del Decreto Ley 1094 de 1975, adicionando que el extranjero vulnera abiertamente dicha disposición, ingresando por un lugar no habilitado, a pesar de ello, la Resolución Exenta N° 1965 de 2018 de la Subsecretaría del Interior, otorga la posibilidad de regularizar su situación, sin embargo, realiza la gestión fuera de plazo.

También transcribe el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880, que señala “Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración”, para luego adicionar que ante la eventualidad que el extranjero hubiera pedido refugio, no se puede acoger el requerimiento, considerando que tiene un trámite pendiente ante el D.E.M., lo que impide que inicie un nuevo procedimiento.

El artículo 32 del Decreto N°837, que aprueba reglamento de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados y que dispone expresamente que: “los extranjeros afectados por una medida de prohibición de ingreso, EXPULSIÓN VIGENTE o que se encuentren obligados a abandonar el país, sólo podrán formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado siempre que dichas medidas hayan sido previamente suspendidas o dejadas sin efecto.”. En el caso del señor P.M., existe una orden de expulsión vigente.

Sostiene que la ley 20.730 sobre refugiados, así como su reglamento, consagran principios que de forma expresa les mandata como autoridad a observar ciertos resguardos en la materia que nos convoca. Es así entonces que el principio confidencialidad, contemplado en el artículo 7°, señala: “Todo solicitante de la condición de refugiado y refugiado tiene derecho a la protección de sus datos personales. El registro de la información, así como el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, en todas sus etapas, deberá respetar la confidencialidad de cada uno de los aspectos de la solicitud, inclusive el mismo hecho de que la persona haya requerido protección como refugiado.” Lo anterior, les impone la obligatoriedad de efectuar la tramitación como de los antecedentes de las personas de manera reservada y prolija, por lo que exponer un concepto de manera pública, como señala la recurrente, vía citas on line, como el resto de las residencias que obedecen a trámites migratorios generales, no es posible por parte del Departamento de Extranjería y Migración.

Finalmente, cita fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de la Octava Sala, Rol N°290102019 y pide el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de dicha autoridad, que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, por todas las razones y argumentos esgrimidos en su informe.

Razonamiento y decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por finalidad el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y a la debida protección del afectado. De este modo, este tribunal debe examinar si de los antecedentes proporcionados por las partes se produce lesión a los derechos constitucionales de los recurrentes.

CUARTO: Que el recurrente en lo fundamental basa su recurso de protección en las dificultades que ha debido enfrentar para realizar una solicitud de refugio, misma que califica como arbitraria e ilegal y que en definitiva se han dado en un ámbito de informalidad que le ha impedido ejercer dicha facultad, viéndose así lesionado en el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley. Por su parte, la recurrida ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, básicamente por encontrarse pendiente por resolver, recurso de reposición administrativo, presentado por el recurrente con fecha 11 de junio del año 2019, en contra de resolución que le rechazó un requerimiento de regularización, el cual se encuentra en proceso de análisis por la unidad jurídica del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A lo que adiciona que el recurrente, posee solamente una solicitud de atención en el sistema, el día 11 de agosto del año 2020, ocasión en que realizó consultas relacionadas con el recurso de reposición sin exhibir ningún documento. Tampoco existe alguna omisión, considerando que, ante la eventualidad que hubiera solicitado refugio, dicha entidad no puede acoger dicho requerimiento, considerado que existen trámites realizados por el extranjero, de otra naturaleza, que no han sido resueltos y además existe orden de expulsión vigente en su contra.

QUINTO: Que ante la controversia anteriormente descrita esta Corte estima que no basta para la autoridad intentar justificar su cometido con la existencia de un recurso de reposición pendiente presentado por el recurrente el 11 de junio del año 2019, esto es hace más de un año, y que a la fecha no ha sido resuelto, recurso incoado en contra de resolución que rechazó por extemporáneo su requerimiento de regularización al amparo de la resolución Exenta N° 1965 de 2018 de la Subsecretaría del Interior, por cuanto no se observa en las disposiciones legales que regulan la materia, norma alguna que impida solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado por existir un recurso pendiente que versa sobre una petición de naturaleza diversa, es más el artículo 32 de la ley 20.430 establece:

“Artículo 32.- Solicitante de la condición de refugiado. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su ingreso o residencia en el país fuere regular o irregular. En caso de ingreso o residencia irregular en el país, se estará a lo dispuesto en artículo 8º del presente reglamento. Los extranjeros afectados por una medida de prohibición de ingreso, expulsión vigente o que se encuentren obligados a abandonar el país, sólo podrán formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado siempre que dichas medidas hayan sido previamente suspendidas o dejadas sin efecto. En todo caso, se garantizará el Principio de No Devolución al extranjero que no obstante encontrarse afecto por las señaladas medidas manifieste la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, mientras se resuelve al respecto”.

En el caso de marras, si bien existió orden de expulsión en contra del recurrente, aparece de la sentencia por éste acompañada, que dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, sin que la recurrida haga referencia alguna a la existencia de una orden de expulsión posterior, de modo tal, que la situación del recurrente encuadra precisamente en la hipótesis de la norma citada, esto es, se encuentra en condiciones de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado al haberse dejado sin efecto la medida de expulsión decretada en su contra.

Resulta indispensable advertir la especial materia sobre la que versa el recurso de autos y que lo único reclamado, es que se le conceda el recurrente la posibilidad cierta de solicitar el reconocimiento de su calidad de refugiados, ante lo cual el Estado no sólo debe proveer mecanismos para tal fin, sino que además debe asumir un rol activo para remover las naturales barreras que pudieran impedir o dificultar su formulación, tales como diferencias idiomáticas o la falta de comprensión del ordenamiento administrativo chileno, entre otras.

Sobre el particular, es conveniente recordar además la especial condición de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que buscan refugio. Ello queda de manifiesto si se analiza el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados, aprobada internamente por el Estado Chileno mediante Decreto 287 de 1972, y cuyo Protocolo además fue aprobado también por Decreto 293 de 1972, conforme al cual un refugiado corresponde a una persona respecto de la que existen “…fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él…”.

SEXTO: Que, por otra parte, esta Corte considera poco plausible el hecho que el actor haya llegado a recurrir de protección, sin haberse acercado personalmente ante la autoridad administrativa a formular la petición por la cual recurre, más aún si lleva más de un año esperando respuesta de un recurso de reposición incoado en contra de resolución que rechazó por extemporáneo su requerimiento de regularización al amparo de la resolución Exenta N° 1965 de 2018 de la Subsecretaría del Interior y acompañó citación que acredita su comparecencia ante las dependencias de la recurrida.

Así, resulta atendible su interés de formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin que la recurrida haya justificado y acreditado haber adoptado un rol activo para que el recurrente hubiera podido formalizar tal solicitud.

SÉPTIMO: Que conforme a lo razonado en la motivación anterior, es preciso concluir además que la conducta de la recurrida ha importado para el actor una perturbación indebida a su derecho de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, conforme a la cual ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Al efecto, se ha sostenido que “…la igualdad se construye, sobre todo, como un límite de la actuación de los poderes públicos y como mecanismo de reacción frente a la posible arbitrariedad del poder. Es, por lo tanto, un principio negativo, limitativo, que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos; y reaccional, en cuanto permite reaccionar frente a las actuaciones de estos cuando sean arbitrarias.” (VIVANCO, Ángela. Curso de Derecho Constitucional. Aspectos Dogmáticos de la Carta Fundamental de 1980, Tomo II. Santiago: Ediciones UC, 2006, segunda edición, página 340).

Al efecto, se estima que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario, en cuanto ha desarrollado una conducta pasiva, limitándose a expresar que existe de un recurso de reposición pendiente, por cuanto no se observa en las disposiciones legales que regulan la materia, norma alguna que impida solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante la existencia de un recurso pendiente que versa sobre una petición de naturaleza diversa. Tampoco se ha acreditado que exista orden de expulsión vigente en contra del recurrente, en circunstancias que, por la materia envuelta en el caso de autos y especialmente por las condiciones de vulnerabilidad que ésta supone para una persona que busca acogerse al estatuto correspondiente, era indispensable que la autoridad hubiere adoptado un rol activo, en términos de justificar el fácil acceso al procedimiento de rigor, tales como la existencia formularios sencillos y de personas capacitadas para atender los requerimientos de las personas que buscan peticionar tal calidad, la disponibilidad y mecanismos sencillos y expeditos por los que estas personas puedan tomar contacto con los funcionarios respectivos, así como la concurrencia de garantías mínimas que aseguren que estas personas no se verán expuestas a sanciones u otras consecuencias negativas por el sólo hecho de acudir ante la autoridad.

Lo anterior, no es más que el cumplimiento por parte del Estado del fin que le impone la Constitución Política de la República que conforme a su artículo 1 “…está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”. De esta manera, la autoridad debe ser capaz de acreditar acciones positivas que configuren las condiciones necesarias para que personas en una situación especial de vulnerabilidad, puedan sortear las barreras que dificultan su acceso a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado.

OCTAVO: Que conforme al mérito de lo razonado y habiéndose constatado una conducta arbitraria por parte de la autoridad recurrida y que ha significado una vulneración en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental de los recurrentes expresamente amparado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acogerá el presente recurso de protección, debiendo adoptarse las medidas que se indicarán en lo resolutivo a fin de restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por doña M.I.S.V. en representación de don Y.P.M., antes individualizado, de nacionalidad CUBANA, sólo en cuanto se ordena a la Gobernación Provincial de Huasco, adoptar las siguientes medidas:

I. Citar al recurrente hasta sus dependencias en un día y hora determinado, a fin de otorgarle el debido asesoramiento para que éste pueda formalizar su solicitud de refugio, informando previamente a esta Corte el día, hora y lugar, con al menos diez días de antelación, para efectos que éste puedan ser notificado.

II. Informar oportunamente a esta Corte el resultado de dicha citación, dando cuenta de si se formalizó la referida petición o, en su caso, los motivos que lo impidieron, reiterando la citación en caso de ser necesario.

Regístrese y archívese en su oportunidad. Redacción del Ministro señor Pablo Krumm de Almozara.

N° Protección 362-2020

Fuentes

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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco impidiendo expulsión de ciudadana colombiana mientras no se resuelva solicitud de regularización migratoria

Tue, 15 Sep 2020 17:07:53 +0000

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada de fecha 22 de abril de 2020, declarando que el Departamento de Extranjería y Migración actuó de manera arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud de regularización migratoria presentada ciudadana colombiana – fundado en no haberse acompañado Certificado de Antecedentes Penales del país de origen dentro de plazo –, y declarar vigentes resoluciones de expulsión dictadas en 2011 y 2015, sobre las cuales se ha producido el decaimiento del acto administrativo.

El fallo del máximo Tribunal del país impide la expulsión de la recurrente mientras no se resuelva su solicitud de regularización de acuerdo con la Resolución Exenta N° 1965 de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Texto del fallo

Primero: Que en estos autos Rol N° 50.696-2020 doña L.S.C., por sí y en representación de su hijo menor de edad, deduce recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dictación de la Resolución Exenta N° 147104 de 31 de mayo de 2019, que rechaza su solicitud de regularización migratoria y otorga validez a la Resolución Afecta N° 132 de 8 de abril de 2011 y a la Resolución Afecta N° 62 de 16 de marzo de 2015, que ordenaron su expulsión del territorio nacional por infracción al Decreto Ley N° 1094 de 1975; acto que, según acusa, es ilegal y arbitrario y que conculca la garantía prevista en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide acoger el recurso y dejar sin efecto el acto administrativo cuestionado, de manera que se le permita solicitar su regularización migratoria conforme a derecho, con costas.

Por sentencia de veintidós de abril de dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso y dejó sin efecto las tres resoluciones mencionadas precedentemente, ordenando a la recurrida otorgar a la actora residencia provisoria mientras se tramita la regularización de su situación migratoria, con todos los antecedentes allegados a estos autos.

En contra de dicha resolución se alzó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del respectivo recurso de apelación.

Segundo: Que la cronología de los hechos en que incide el presente recurso puede resumirse de la siguiente manera:

A. La recurrente, de nacionalidad colombiana, ingresó al país con fecha 30 de abril de 2011, de manera clandestina, esto es, eludiendo el control fronterizo migratorio, permaneciendo en Chile en diferentes ciudades hasta el año 2015, en que decidió retornar a su país de origen.

B. Con fecha 9 de abril de 2015 la actora ingresó nuevamente al territorio nacional, en forma clandestina, iniciándose en su contra una investigación penal por eventual infracción al Decreto Ley N° 1094 de Extranjería, la cual terminó con el desistimiento de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de rigor.

C. Por Resoluciones Afectas N° 132 de 8 de abril de 2011 y N° 62 de 16 de marzo de 2015, la Intendencia de la Región de Tarapacá ordenó la expulsión de la recurrente del territorio nacional, por infringir lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería.

D. El 7 de abril de 2017 la actora concurrió a las dependencias de la Policía de Investigaciones, con la finalidad de autodenunciarse y regularizar su situación migratoria, siendo notificada en ese acto de los decretos de expulsión singularizados en el literal que antecede; solicitando la recurrente con fecha 23 de junio de 2017 la reconsideración de dichos actos administrativos.

E. El 24 de abril de 2018 la protegida solicitó regularizar su situación migratoria conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución Exenta N° 1965 de 9 de abril de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, requiriendo esta última repartición pública que la actora acompañara el certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente apostillado.

F. Con fecha 14 de junio de 2018 la actora dio a luz, en Chile, a su hijo G.I.P.S., de actuales dos años.

G. Por Resolución Exenta N° 147.104 de 31 de mayo de 2019 del Departamento de Extranjería y Migración, se rechazó la solicitud de regularización migratoria, fundado en que la solicitante no acompañó el certificado de antecedentes penales de su país de origen en el plazo otorgado por la Administración, declarándose la vigencia de las Resoluciones Afectas N° 132 y N° 62, que ordenaron la expulsión de la recurrente del territorio nacional.

Tercero: Que, para resolver el asunto en examen, es preciso considerar que de acuerdo con el Derecho Internacional los Estados tienen la facultad para expulsar a los extranjeros que residen en su territorio, regla que se encuentra bien reconocida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacional, así como en la jurisprudencia interna de la mayoría de los Estados (Vgr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03 sobre Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, de 17 de septiembre de 2003; Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana, sentencia (fondo, reparaciones y costas) de 24 de octubre de 2012; Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vélez Loor v. Panamá, sentencia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) de 23 de noviembre de 2010.

Cuarto: Que, asimismo, se hace necesario destacar que la expulsión no tiene en sí misma la naturaleza de una sanción penal (aunque podría tenerla y, de hecho, la tiene en el caso del artículo 34 de la Ley N° 18.216), sino que se trata de un acto de carácter administrativo. Además, los Estados gozan respecto de la expulsión de un importante margen de discrecionalidad. Sin embargo, es incuestionable que la facultad de expulsar extranjeros está sometida a limitaciones que emergen tanto del derecho interno como del derecho internacional.

Quinto: Que, tratándose del derecho internacional, algunos de esos límites dicen relación con “la prohibición del abuso de derecho, el principio de la buena fe, la prohibición de adoptar medidas arbitrarias, y el trato mínimo debido a los extranjeros. Igualmente, se ha afirmado que el derecho de expulsar debe ser ejercitado en los límites de su función y propósito, y que está sometido al requerimiento de justificación, aunque el Estado goce de un cierto margen de apreciación al respecto” (Fernando Arlettaz, La expulsión de extranjeros en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Volumen 49, Issue 2016, página 17).

Otras limitaciones emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, el artículo 22 N° 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe en su artículo 13 que “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”.

Sexto: Que, en el derecho interno, los extranjeros gozan de todos los derechos garantizados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en igualdad de condiciones que los nacionales, salvo las distinciones expresamente establecidas por la ley. Interesa destacar, para los efectos del presente recurso, el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía un racional y justo procedimiento, previstos en los incisos 1° y 6° del numeral 3 del mencionado artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Desde el punto de vista legal, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley de Extranjería, y siendo la expulsión una medida esencialmente de carácter administrativo, es claro que los actos que la dispongan deben cumplir con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, ambos de la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado. Se debe reconocer, incluso, que el estándar de motivación es especialmente intenso cuando se refiere a la expulsión de extranjeros, no sólo porque se trata de un acto de contenido desfavorable para el administrado, sino, especialmente, debido a la normativa internacional que otorga protección a los migrantes.

Séptimo: Que, atendidos los contornos de la controversia, en la especie se ha producido lo que en doctrina se conoce como decaimiento del acto administrativo, respecto de las Resoluciones Afectas N° 132 de 2011 y N° 62 de 2015, que en su momento ordenaron la expulsión de la recurrente del territorio nacional por infracción a lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Ley de Extranjería. Sobre el tópico, esta Corte ha sostenido que el decaimiento consiste en “(…) la extinción de un acto administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo” (CS Rol N° 7554-2015).

En el caso de marras tales circunstancias sobrevinientes son, indudablemente, el nacimiento del hijo de la actora, que sólo tiene dos años, por lo depende completamente de ella; y la situación de pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro país y al mundo, manteniéndose cerradas las fronteras de la mayoría de los países, salvo casos excepcionales.

Octavo: Que, además, el fundamento esgrimido en la Resolución Exenta N° 147104 de 31 de mayo de 2019 para rechazar la solicitud de regularización migratoria de la recurrente, radica en la no presentación dentro de plazo del certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente apostillado, por cuanto la invocación de los artículos 15 N° 17, 16 N° 2 y 69, todos del Decreto Ley de Extranjería, ya no resulta procedente, por haber operado a su respecto el decaimiento de los actos administrativos que le sirven de fundamento.

En este orden de consideraciones, consta en autos que la actora acompañó el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente apostillado, por lo que corresponde que la Administración pondere el valor de dicho instrumento conforme a derecho, en el contexto del procedimiento de regularización migratoria antes mencionado, el que deberá reabrirse a fin de continuar su tramitación hasta su término, conforme con el principio conclusivo que orienta la sustanciación de los procedimientos administrativos de acuerdo con el artículo 8 de la Ley N° 19.880.

Noveno: Que, en ese contexto jurídico, resulta que el acto impugnado es ilegal, por cuanto declara la validez de dos resoluciones respecto de las cuales se ha producido el decaimiento del acto administrativo, debido a la variación sustancial de las circunstancias de hecho tenidas a la vista al decretarlas. En cualquier caso, el acto censurado es contrario a derecho en lo que atañe a la Resolución Exenta N° 132 de 2011, desde que los efectos jurídicos de este acto administrativo se agotaron una vez que la recurrente salió del territorio nacional el año 2015, siendo irrelevante si el abandono del país lo fue de manera voluntaria o involuntaria.

Asimismo, el acto impugnado es arbitrario, toda vez que el plazo otorgado a la recurrente para acompañar el certificado de antecedentes penales de su país de origen es manifiestamente exiguo, siendo del caso añadir que la actora acompañó dicho instrumento, en los presentes autos, apareciendo datado el 10 de julio de 2019 y debidamente apostillado.

Décimo: Que las transgresiones constatadas vulneran la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto la recurrida ha dado a la actora un trato diferenciado en relación a otros solicitantes, al declarar la vigencia e imperio de actos administrativos que han perdido su eficacia; y, por otro lado, ha otorgado un exiguo plazo a la protegida para acompañar antecedentes cuya obtención no resulta ágil ni expedita, por lo que se acogerá el recurso, pero no en los extremos decididos en el fallo en alzada, sino en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de veintidós de abril de dos mil veinte, con declaración que la protección que se otorga a doña L.F.S.C. y a su hijo menor de edad, por medio de la presente acción constitucional, lo es para evitar su expulsión del territorio nacional mientras no se resuelva conforme a derecho su solicitud de regularización de acuerdo con la Resolución Exenta N° 1965 de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debiendo esta última repartición tener como presentado, para todos los efectos legales, el certificado de antecedentes penales acompañado en estos autos, continuar con la tramitación de la solicitud hasta su término, y resolverla como en derecho corresponda.

Se previene que el Ministro señor Muñoz concurre al acuerdo, pero teniendo únicamente en consideración:

Primero: Que la legislación distingue entre las fases administrativas y jurisdiccionales de los procedimientos contencioso administrativos.

Por su parte, en relación con la primera etapa, la Ley 19.880 “establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado” (art. 1°). Regula igualmente en su Capítulo I lo relativo a las disposiciones generales, debiendo, en lo pertinente, atender a lo dispuesto en el artículo 8° que se reconoce el principio conclusivo, conforme al cual todo “procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”, que, por lo mismo se ve complementado en el inciso tercero del artículo 14, por el principio de inexcusabilidad, que ante la terminación de un procedimiento aún por causales extraordinarias corresponde dejar expresada esta circunstancia, disponiendo al efecto : “En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.

Es relevante que la ley establezca como causal extraordinaria de término del procedimiento “la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento”, todo lo cual es complementado por el artículo 40, respecto de la conclusión del procedimiento, dispone que terminará normalmente por la “resolución final”, pero también por las causales extraordinarias de desistimiento, abandono y renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando no esté prohibida la renuncia, y también “producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes”, la que deberá ser declarada por resolución fundada. En este contexto el inciso quinto del artículo 41 dispone: “En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”.

La ley regula la renuncia, el desistimiento y el abandono del procedimiento administrativo, en el entendido que todas estas causales recaen en los casos que aquél se inició por requerimiento del administrado. En tales circunstancias no es posible declarar el abandono en procedimientos iniciados de oficio por la Administración (art.42 y 43), se excluye igualmente esta declaración “cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente continuarla para su definición y esclarecimiento”.

En otro sentido es preciso destacar que el cumplimiento de los plazos en la ley 19.880 “u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos” (art. 23); fijándose los plazos máximos de respuesta y la posibilidad que el interesado solicite la certificación que la solicitud se encuentra en estado de resolverse, originando responsabilidad administrativa la “prolongación injustificada de la certificación” (art. 24); para hacer referencia expresa al silencio administrativo, de forma tal que los plazos “se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo” (art. 25); pudiendo ampliarse los plazos en que no se encuentre prohibido y que estén vigentes, lo que se podrá hacer de oficio o a petición de parte, sin exceder la mitad de los mismos y en “ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido” (art. 26), expresando perentoriamente en el artículo 27: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Vinculado con lo anterior, se regula el silencio administrativo, en el artículo 64, desde el prisma positivo, en que se llega a acoger la solicitud del administrado, previa denuncia de esta circunstancia a la autoridad competente de resolver el requerimiento y transcurrido que sea el plazo de cinco días, oportunidad en que “la solicitud del interesado se entenderá aceptada” si no ha existido pronunciamiento de la autoridad. En el artículo 65 se desarrolla el silencio negativo, en que el requerimiento a la Administración se entiende rechazado, limitado a las peticiones de carácter patrimonial y que afecte los intereses fiscales o la Administración actúe de oficio, “cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política”. La consecuencia que los actos concluyan por aplicación del silencio positivo o negativo de la Administración, es que éstas circunstancias producirán los mismos efectos “que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva” (art. 66).

Por último, el artículo 54, inciso segundo ordena que interpuesta “la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional”, el cual volverá a computarse “desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”.

De esta forma, la fase administrativa de todo procedimiento, respecto a su sustanciación reposa, a lo menos, en los siguientes supuestos:

a.- Acción de oficio. Teniendo presente lo dispuesto respecto de la iniciación (art. 29) y la sustanciación (art. 34), pero especialmente derivado de los principios conclusivo (art. 8°) e inexcusabilidad (art. 14), el procedimiento está destinado a obtener que la Administración emita pronunciamiento sobre las materias que éste trata, emita una resolución final, razón por la que se dota a la Administración de acción de oficio en el procedimiento;

b.- A la Administración le vinculan los plazos y en especial el término máximo de respuesta, el que la ley establece para el procedimiento propiamente tal en seis meses (art. 27), desde la iniciación y hasta la decisión final, con la sola excepción, la que en todo caso deberá probarse, de caso fortuito o fuerza mayor;

c.- La demora injustificada por parte de la Administración da origen a responsabilidad, sin perjuicio de aplicar positiva o negativamente el silencio como causal de término del procedimiento.

d.- Se regula expresamente que “producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes” (arts. 14, inciso final y 40, inciso segundo).

e.- La iniciación del procedimiento tiene como efecto interrumpir cualquier plazo para ejercer acciones ante la autoridad jurisdiccional. Los plazos volverán a computarse (art. 54).

Segundo: Que en el Mensaje del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, se lee:

“2. Los plazos en el procedimiento administrativo.

“Por mucho que estén reguladas las etapas que lo componen, un procedimiento sin plazos, no funciona. En efecto, mediante los plazos se logra fijar un límite temporal a las distintas etapas o a los diferentes trámites por los que pasa un acto administrativo antes de surgir al mundo del derecho.”

“De ahí que el plazo sea definido como aquel espacio de tiempo que fija el ordenamiento jurídico para que un órgano de la administración ejerza sus potestades o para que un particular que se vincula con dichos órganos, ejerza sus derechos o cumpla sus obligaciones.”

“Mientras en el derecho privado prevalecen los plazos convencionales, en el derecho público los plazos son fijados por la ley o el reglamento.”

“Sin embargo, la inexistencia de una regulación del procedimiento administrativo ha llevado a que sea la doctrina y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República las que definan los elementos centrales de los plazos para la Administración. Estos pueden sintetizarse en dos.”

“En primer lugar, se sostiene que para el cumplimiento de sus fines, la Administración no puede concebirse, en principio, como supeditada a un plazo determinado, más allá del cual la Administración se vería impedida de actuar.”

“Ello, se agrega, derivaría en un perjuicio del interés general, que exige que cada vez que las circunstancias lo hagan necesario, la Administración provea adecuada y oportunamente a la solución de las necesidades públicas.”

“De ahí que se concluya que requerida legalmente a prestar un servicio que la ley ha puesto a su cargo, la Administración no puede válidamente negarse a actuar, no otorgándolo a pretexto de que haya transcurrido el plazo dentro del cual debió responder al requerimiento de que fue objeto; en este caso, su obligación de actuar no puede encontrarse sujeta a prescripción.”

“En el derecho público, se sostiene, las obligaciones que se imponen a la Administración tienen relevancia colectiva y ello origina un interés general en su cumplimiento. De este modo, deben armonizarse la finalidad de los plazos y las consecuencias que involucra su incumplimiento.”

“En segundo lugar, lo anterior no significa que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración no produzca consecuencias jurídicas. La exigencia de un plazo tiene una finalidad conducente a la implantación de un buen orden administrativo. Luego, cada vez que la administración no cumpla una obligación dentro del plazo fijado, se atenta contra este buen orden.”

“Ambos elementos han permitido arribar a la conclusión de que la regla general es que la Administración no está sujeta a plazos para cumplir sus obligaciones, aún cuando la ley los fije determinadamente. Los actos de ejecución extemporánea de dichas obligaciones son, en consecuencia, válidos.”

“Esta regla tiene una excepción: los casos en que la ley contemple expresamente la «caducidad» como sanción al incumplimiento del plazo, o bien, que la ley establezca expresamente un mecanismo de sustitución de dicha sanción que determine el destino de la obligación incumplida.”

“De este modo, por regla general, el incumplimiento del plazo no tiene otra consecuencia que la de motivar la adopción de medidas correctivas y sancionatorias respecto de los funcionarios responsables de alterar dicho orden.”

“Pero no afecta la validez de los actos de ejecución extemporánea, toda vez que en el efectivo cumplimiento de las mismas existe un interés general comprometido, con prescindencia de su oportunidad.”

“Dicha visión de los plazos para la administración genera incerteza para las personas beneficiadas con una decisión que deba adoptar un órgano de la administración del Estado.”

“Si a esto se suma que muchos procedimientos no tienen plazo para dictar el acto terminal, o que no contemplan plazos para la emisión de los actos trámites que fundan o preparan dicha decisión, el panorama no es alentador.”

“Precisamente a solucionar estos problemas apunta el presente proyecto.” (Historia de la Ley 19.880, páginas 7 y 8 del Mensaje Presidencial).

Tercero: Que así las cosas, si bien el decaimiento de los actos de la Administración se produce en el contexto del demérito o pérdida de eficacia primero por desaparición sobreviniente de los presupuestos de hecho que ocasionan la imposibilidad de producir sus efectos, en que la substancia o contenido del acto pierde su eficacia, y en segundo lugar, producto de su falta de legitimidad por antijuricidad del acto también con posterioridad a su dictación, por alteración del ordenamiento jurídico sobre cuya base se dictó y que determina que, en el nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos ilegítima. Así el profesor Enrique Sayagués Laso, caracteriza los motivos del decaimiento en: a) Por la desaparición de un presupuesto indispensable para la validez de un acto; b) Por la derogación del precepto legal en que se funda el acto, cuando dicha regla es indispensable para su vigencia, y c) Por modificación del régimen legal, en términos tales, que constituya un impedimento para el mantenimiento del acto, por lo que define esta causal como “la pérdida de eficacia que experimenta un acto administrativo por circunstancias supervivientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho, indispensable para su existencia” (Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Talleres Bianchi-Altuna, Montevideo, 1953, páginas 518 y 519, citado por Hugo A. Olguín Juárez, Extinción de los Actos Administrativos, Universidad de Chile, páginas 268 y 269).

Vinculado a lo anterior nuestro legislador hizo referencia que el procedimiento puede terminar tanto por “la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento” (art. 14) como por la “imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes” (art. 40), conceptos que están más bien referidos a circunstancias de hecho, como el fallecimiento de un solicitante de un derecho personalísimo o la destrucción del bien respecto del cual se solicita el pronunciamiento favorable de la Administración, pero que nada impide darle aplicación en relación a presupuesto de derecho, puesto que materialmente en tal caso la Administración tampoco podrá actuar.

Ante la claridad del precepto del artículo 27, que “el procedimiento no podrá exceder de 6 meses” de duración en su sustanciación, contado desde su iniciación y hasta la decisión final, como lo indicado por el Ejecutivo en su Mensaje, en orden a que el proyecto, precisamente, tiende a solucionar los problemas derivados de considerar que la Administración no le afectan los plazos y que solamente generan responsabilidades administrativas su incumplimiento, entre otros aspectos, deriva en que existe una imposibilidad material para continuar el procedimiento, en que la causa sobreviniente es el cumplimiento del plazo, deviniendo todo el actuar posterior en ineficaz por ilegalidad. Teniendo presente que dentro de los presupuestos de la institución en análisis, no se encuentra descartado que el antecedente de la ilegalidad esté previsto al momento de dictarse el acto, corresponde darle aplicación, en este caso en torno al procedimiento sustanciado. Resolverse en sentido contrario, la ley no habría solucionado lo que expresamente contempló entre sus objetivos.

Cuarto: Que al encontrarse el procedimiento sustanciado más de seis meses y materialmente paralizado por más de este plazo, corresponde declarar su imposibilidad material de continuarlo, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 inciso segundo de la Ley 19.880.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Lagos, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada y rechazar el recurso de protección deducido, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°) Que la Resolución Exenta N° 147104 impugnada en estos autos, al igual que las Resoluciones Afectas N° 132 de 2011 y N° 62 de 2015, constituyen actos administrativos dictados por la autoridad competente, en los casos y en la forma señalados por la ley y se encuentran debidamente fundados, por lo que a su respecto rige la presunción de validez establecida en el artículo 3 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

2°) Que lo anterior no importa dejar a la recurrente en la indefensión, toda vez que la validez e imperio de los señalados actos administrativos lo es sin perjuicio de los recursos que establece la ley para impugnar la decisión expulsiva de la Administración, en atención a que lo cuestionado en estos autos es una resolución del Departamento de Extranjería y Migración que rechazó la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente, pero que no se refirió de manera primaria a la expulsión, sino solo tangencialmente, como una consecuencia directa y necesaria del rechazo de la solicitud de regularización.

3°) Que el artículo 84 del Decreto Ley de Extranjería establece que la medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior y, más adelante, el artículo 91 N° 7 expresa que corresponde al mencionado Ministerio aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de las normas establecidas en el decreto ley.

4°) Que, en cuanto a los derechos del menor G.I.P.S, en concepto de quien disiente éstos no se ven vulnerados en los términos que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, toda vez que la Administración no ha dispuesto, en caso alguno, la separación del niño de su madre, sino únicamente la expulsión de esta última conforme al derecho interno.

En ese contexto, y atendido que el Estado goza de la potestad discrecional para expulsar a los extranjeros que residen en su territorio, siempre, claro está, que se acredite la existencia de una infracción a la regulación normativa en materia de migración, la sola circunstancia de haber dado a luz la recurrente a un niño en nuestro país, no resulta suficiente para restringir el ejercicio de una atribución estatal legítima, cuya finalidad propende al bien común y no a los intereses particulares de quienes puedan verse afectados por las decisiones de la Administración.

Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pierry y de la prevención y disidencia sus autores.

Rol Nº 50.696-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con permiso y el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. Santiago, 09 de septiembre de 2020.

Corte Suprema – Rol N° 50.696-2020

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Corte de Apelaciones de Coyhaique acoge recurso de amparo y deja sin efecto expulsión de ciudadano colombiano con hijos chilenos

Sat, 22 Aug 2020 15:11:22 +0000

En sentencia de fecha 05 de agosto de 2020, confirmada por la Corte Suprema (Rol N° 95.073-2020), la Corte de Apelaciones de Coyhaique (Rol N° Amparo-26-2020) acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en contra de la resolución de la Intendencia Regional de Aysén, que decretó la expulsión de ciudadano colombiano, quien habría ingresado clandestinamente al territorio nacional a través de la comuna de Chile Chico. Lo anterior, luego de establecer el actuar ilegal de la autoridad, al ordenar la expulsión del territorio nacional del amparado, quien cuenta con arraigo y dos hijos chilenos.

Relación de hechos y argumentos de las partes

Ciudadano extranjero (amparado)

Se deduce recurso de amparo en favor de A.P., nacional de Colombia, en contra de la Intendencia Regional de Aysén, por el hecho de dictar la Resolución Exenta número 282, de fecha 7 de Marzo del año 2016. El recurso se fundamenta señalando que en el año 2013, mientras don A.P. trabajaba en una petrolera en Colombia, habría sido amenazado por paramilitares, por lo que el año 2015 habría abandonado su país, ingresando clandestinamente a Chile a través de la comuna de Chile Chico, solicitando posteriormente refugio, pero el 01 de Marzo de 2016, mientras trabajaba en Coyhaique habría sido fiscalizado por la PDI, la que emitió el Informe nº 23 a la Intendencia Regional de Aysén por infracción al artículo 146 del Reglamento de Extranjería.

A raíz de los anterior, el 07 de Marzo de 2016 la recurrida (Intendencia Regional de Aysén) habría emitido la Resolución Exenta nº 282 que dispuso la expulsión de don A.P. por infracción al artículo 3 del DL 1094, Ley de Extranjería, en relación al artículo 146 del Reglamento de Extranjería, por el delito de ingreso clandestino al país.

Con ello, dada la solicitud de refugio presentada por A.P., la Intendencia Regional de Aysén habría emitido la Resolución Exenta nº 583 de 20 de Abril de 2016, suspendiendo la expulsión por el término de treinta días hábiles, para luego, mediante Resolución Exenta nº 731, de 11 de Julio de 2017, suspender la orden de expulsión hasta que se resuelva la solicitud de refugio, otorgándosele residencia temporaria, lo que le habría permitido trabajar en el rubro de la construcción e iniciar actividades en albañilería, agregando que el año 2017 habría contraído matrimonio con Y.Z.S.J., colombiana, con residencia definitiva en Chile, con quien tiene dos hijos menores de edad, de 3 años y 10 meses.

En Marzo de 2020 se le habría notificado al amparado (A.P.) la Resolución nº 46.276, emitida con fecha 09 de Marzo de 2020 por el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, por la cual se habría rechazado su solicitud de refugiado, por lo que el amparado presentó una carta a la Intendenta Regional de Aysén solicitándole se deje sin efecto la orden de expulsión y se le otorgue la posibilidad de obtener una visa, pero la recurrida (Intendencia) habría dictado la Resolución Exenta nº 846, de 06 de Julio de 2020, amonestándolo por escrito y en la que le otorgaría veinte días hábiles para regularizar su residencia o abandonar el país, motivo por el cual se habría acercado a la Gobernación Provincial de Coyhaique donde le habrían señalado que la orden de expulsión contenida en la Resolución Exenta nº 282, seguía vigente dado el rechazo de su solicitud de refugio.

La Resolución Exenta nº 282 sería ilegal por cuanto la recurrida carecería de facultades para expulsar a un extranjero por el ingreso clandestino sin que exista una condena penal previa, conforme lo dispuesto en el artículo 69 del DL 1094, omitiendo información en cuanto a si se denunciaron los hechos al Ministerio Público, por lo que supone que de haberlo efectuado se habría desistido de ésta.

Se agrega que la Resolución Exenta nº 282 no habría observado el principio de contradictoriedad, contenido en los artículos 10, 17 y 34 de la Ley 19.880, ya que el amparado no habría podido presentar descargos ni prueba alguna, infringiendo además la presunción de inocencia y lo dispuesto en el artículo 35 inciso 2º de la Ley 19.880, en tanto que igualmente se habría vulnerado el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la ley referida, al sostener que la resolución impugnada se fundaría en una aseveración, sin analizar los antecedentes relativos al delito que se le atribuyó, ahondando en que el amparado poseería arraigo familiar en Chile, por lo que su expulsión afectaría la libertad personal y la seguridad individual del amparado y el interés superior del niño (se cita jurisprudencia de altos Tribunales del país, así como también Derecho Internacional sobre los derechos humanos y lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique – en autos Rol 32- 2019).

Intendencia Regional de Aysén (Recurrida)

Que, en el informe evacuado por el abogado don A.B.C., en representación de la recurrida, luego de relatar los antecedentes del caso y las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, señaló que el 9 de Marzo de 2020, mediante Resolución Exenta nº 46.276, se rechazó la solicitud de refugio del amparado indicando que por la simple solicitud no se habría logrado acreditar los dichos, por lo que los hechos expuestos en ella no se enmarcarían dentro de las causales de inclusión previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni tampoco en el artículo 2 de la Ley 20.430, agregando que, además, en el año 2017 el extranjero regresó temporalmente a su país sin presentar problema de seguridad, por lo que no se daban las hipótesis de persecución ni riesgo grave que pudiese afectar sus derechos fundamentales en caso de regresar a su país.

Con ello, manifiesta que por Resolución Exenta nº 846 de 06 de Julio de 2020 de la Intendencia Regional de Aysén, se habría amonestado al extranjero por mantener residencia irregular, la que fue dejada sin efecto por la misma autoridad mediante Resolución Exenta nº 1036 de 29 de Julio del presente, al percatarse de un error administrativo involuntario.

No obstante lo anterior, la recurrida plantea que la Resolución Exenta nº 46.276 que rechazó la solicitud de refugio, habría quedado firme ya que el solicitante no presentó recursos en su contra, por lo que se encontraría vigente debiendo el extranjero abandonar el país, sin que existan otros recursos aplicables.

Finalmente sostiene que no existiría afectación ni amenaza a la libertad personal y seguridad individual del extranjero, tampoco de poder dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 282 que ordenó su expulsión, ya que habría sido resuelta por medio de la Resolución Exenta Nº 46.276, notificada el 23 de Marzo de 2020, esto es, transcurridos más de cuatro meses sin que haya sido repuesta ni apelada jerárquicamente por el amparado, por lo que este recurso no tendría otra finalidad que intentar revivir una causa ya terminada, ocultando antecedentes.

Consideraciones y decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique

CONSIDERANDO CUARTO: Que, el Decreto de Expulsión impugnado mediante el presente arbitrio constitucional, se funda en que se ha infringido la normativa vigente de extranjería al ingresar el amparado en forma clandestina al país, configurándose el delito contemplado en el artículo 69 del D.L. N° 1094, de 14 de junio de 1975.

CONSIDERANDO QUINTO: Que el artículo 69 del citado D.L. N° 1094 establece lo siguiente: “Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo.

Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional.”

CONSIDERANDO SEXTO: Que, del propio decreto de expulsión no consta que la Intendencia Regional de Aysén haya ejercido la acción penal por tal ingreso clandestino, ni mucho menos alude a la obtención de una sentencia condenatoria al efecto, por lo que no se da en la especie el supuesto que prevé el artículo 69, antes transcrito, tornándose ilegal la resolución exenta objeto del presente arbitrio.

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no puede dejar de advertirse que la Resolución Exenta Número 282, impugnada por esta vía constitucional, no da cuenta de haberse tramitado un proceso administrativo en el que el amparado haya tenido a lo menos el derecho a ser oído, a controvertir las imputaciones que pesan en su contra, o a contar con una defensa letrada en representación de sus derechos y a presentar las pruebas que estimare del caso, lo que implica una grave vulneración al debido proceso, derecho que rige transversalmente, tanto en sede Jurisdiccional como Administrativa; máxime si, como se dijo, no consta la existencia de una sentencia ejecutoriada condenatoria en su contra por tales hechos.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que, además de lo ya señalado, cabe tener presente que la Resolución impugnada no contiene sino una fundamentación formal, incumpliendo las exigencias mandatadas por el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República y artículos 1, 2, 3, 17 y 41 de la Ley N° 19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, de modo que de ella no puede desprenderse criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad.

CONSIDERANDO NOVENO: Que, sobre lo mismo, la Excma. Corte Suprema, ha resuelto: “5°) Que en ese orden de ideas, en el presente caso la decisión ministerial revisada, sin perjuicio de lo expuesto en el motivo 3°) ut supra, no satisface tampoco las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de una decisión no arbitraria, al desatender completamente las circunstancias personales y familiares del amparado”. (Sentencia de 9 de septiembre de 2013, en autos Rol N° 6649-2013).

Así, reiterando la necesidad de que una resolución de expulsión satisfaga estos criterios, el Máximo Tribunal ha dicho en fallo de 5 de Octubre de 2015, dictado en causa Rol N° 1539-2015, que: “6° Que, en consecuencia, los fundamentos entregados por la autoridad carecen de razonabilidad, y considerando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal de la amparada, garantizado por la Constitución Política de la República, es motivo suficiente para revocar el fallo apelado”.

De igual modo ha señalado que: “1°) Que como se lee en la Resolución N° 16/821 de 12 de diciembre de 2017 dictada por la Intendencia de la Región de Los Lagos, el fundamento de la decisión de expulsar a la amparada viene dado exclusivamente por lo informado en parte denuncia de la Policía de Investigaciones, en que se señala que la encartada ingresó al país en forma clandestina. En el mismo decreto se indica que se denunciaron estos hechos ante la Fiscalía Local del Ministerio Público y posteriormente se presentó desistimiento de dicha denuncia. 2°) Que al desistirse de la denuncia la Intendencia Regional impidió que el órgano persecutor pesquisara y verificase los hechos constitutivos del delito de ingreso clandestino del que se le daba noticia, lo que precisamente llevó al término de esa causa. Asimismo, tal proceder impidió a la amparada defenderse y controvertir los hechos que fundaron la denuncia. En definitiva, el dictamen de expulsión se basa en la mera noticia de la autoridad policial, antecedente del todo insuficiente para fundar la decisión de expulsión cuestionada.” (Sentencia de 24 de abril de 2018, en autos Rol N° 7458-18); y, sentencia de fecha 9 de enero de 2018, dictada en autos Rol N° 84-2018: “2.- Que la Intendencia recurrida, el 1 de junio de 2012, formuló denuncia contra la amparada a fin de que el Ministerio Público iniciara la investigación por infracción al artículo 69 del D.L. N° 1094, que sanciona al extranjero que ingrese clandestinamente al país, desistiéndose de ella en el mismo acto, lo que trajo como consecuencia la extinción de la acción penal, impidiendo con ello que el órgano persecutor pesquisara y verificase los hechos constitutivos del delito de ingreso clandestino del que se le daba noticia y, de paso, tampoco permitió a la amparada controvertirlos. 3.- Que en tal situación resulta forzoso concluir que la decisión en contra de la cual se ha interpuesto esta acción constitucional se torna ilegal, porque su única motivación fáctica no fue eficazmente investigada por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia, pese a lo cual se la invoca en un acto administrativo de grave trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida. En definitiva, el dictamen de expulsión se basa únicamente en la mera noticia de la autoridad policial a la administrativa del ingreso al país del recurrente, antecedente del todo insuficiente para sostener en este caso la decisión de expulsión cuestionada, circunstancia que priva de fundamento al acto, pone en peligro la libertad personal de la amparada, compelida a hacer abandono del país, y faculta a la jurisdicción para dictar las medidas pertinentes que garanticen el ejercicio del derecho a la libertad individual que se ha afectado con la medida de que se trata, por lo cual la presente acción constitucional será acogida. 4°.- Que, por último, no está demás consignar que desde el ingreso de la amparada al territorio nacional ha intentado insertarse laboralmente, y carece de antecedentes policiales y penales en Chile y en su país de origen, nada de lo cual le ha sido permitido demostrar, con motivo de la decisión administrativa carente de toda justificación.”

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que, junto con lo anterior debe tenerse presente el derecho de cada migrante a las garantías mínimas en los procedimientos judiciales, penales y administrativos, tendientes a asegurar la existencia de un proceso justo y equitativo, con el fin último de evitar arbitrariedades o abusos por parte de las autoridades responsables.

Asimismo, el debido proceso está consagrado como un derecho fundamental y, por consiguiente, como criterio inspirador de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho.

En relación a los derechos de los migrantes, el principio del debido proceso, está inserto en los procedimientos migratorios, con el fin de proteger a estas personas de la violación de sus derechos ante autoridades tanto del actuar judicial como administrativo, exigiéndose, en el Derecho Internacional, la necesidad de adoptar a nivel regional algunas normas mínimas uniformes para garantizar los derechos de las personas migratorias que se encuentren sometidas a procedimientos judiciales, penales o administrativos de cualquier índole, esto es, un piso mínimo de debido proceso al que tienen derecho todos los migrantes cualquiera sea su situación, y respecto de los cuales se han pronunciado en forma reiterada y uniforme los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, en términos de consagrar el debido proceso como una garantía y derecho con cabal aplicación en los procedimientos migratorios (Declaración Universal, artículo 10; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículos 13 y 14; Declaración Americana artículo XVIII; Convención Americana, artículo 8.).

CONSIDERANDO UNDÉCIMO: Que, finalmente, ha de atenderse, además, a las circunstancias personales del amparado, en cuyo ingreso irregular al país, según los antecedentes aportados por la recurrente, y con el transcurso de los años en que se tramitaba su solicitud de refugio, desarrolló lícitamente una actividad económica con iniciación de actividades, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, debiendo considerarse que el amparado reside en forma permanente en la comuna de Coyhaique, lo que da cuenta de un ánimo de permanencia.

CONSIDERANDO DUODÉCIMO: Que, por todo lo antes razonado, esta Corte estima que el actuar de la recurrida, mediante la dictación de la Resolución impugnada, ha resultado del todo ilegal, provocando al amparado una perturbación o amenaza a su libertad personal, lo que conlleva que la acción interpuesta deba ser acogida.

CONSIDERANDO DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la solicitud de la recurrente en orden a que se ordene la regularización de la situación migratoria del amparado, cabe precisar que, conforme el mérito de los antecedentes existentes, éste habrá de concurrir ante la autoridad administrativa respectiva con el objeto de interponer las solicitudes atingentes, atendida la especial circunstancia de contar con dos hijos chilenos menores de edad. Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República en relación al Decreto Ley N° 1094 de 1975, Decreto Supremo N° 597, de 1984 del Ministerio del Interior, y demás disposiciones citadas, se declara: Que SE ACOGE el recurso de amparo interpuesto con fecha 27 de Julio de 2020, por la abogada doña P.A.M.R., en favor de A.P., colombiano, pasaporte número XXXX, en contra de la Intendencia Regional de Aysén, representada para estos efectos por la Intendenta Regional de Aysén doña G.N.A. y en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO la Resolución Exenta N° 282 de fecha 07 de Marzo del año 2016, que ordenó la expulsión del territorio nacional del amparado, ya individualizado, debiendo el recurrente ya individualizado regularizar su situación migratoria conforme el mérito de sus antecedentes y la especial circunstancia de tener dos hijos menores de edad de nacionalidad chilena.

Fuente:

Corte de Apelaciones de Coyhaique – Sentencia de fecha 05-08-2020 – Rol N° 26-2020 (Amparo)

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Corte Suprema revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y deja sin efecto expulsión de ciudadano venezolano

Sun, 16 Aug 2020 17:44:04 +0000

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° Amparo-1645-2020) y dejó sin efecto la Resolución Exenta de fecha 6 de abril de 2020 expedida por la Intendencia Regional de Santiago, la cual disponía la expulsión del amparado de nacionalidad venezolana.

Texto del fallo

1°.- Que, según aparece del mérito de los antecedentes que el amparado J.L.T.S., ingreso de manera irregular del país, lo que motivó la denuncia correspondiente al Ministerio Público por el delito cometido y, respecto del cual, posteriormente presentó desistimiento de tal acción, evidenciando con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido, desde que el desistimiento tiene el efecto de extinguir la responsabilidad penal, no obstante que el artículo 69 del D.L. 1.094, invocado como fundamento legal de la resolución recurrida, impone la medida de expulsión para los extranjeros que intenten egresar clandestinamente o por lugares no habilitados del país, una vez cumplida la pena que la misma norma establece.

2.- Que, el hecho de haber formulado la autoridad competente el correspondiente requerimiento en contra del amparado para enseguida, desistirse de él, extinguiéndose consecuencialmente la acción penal hecha valer y luego decretar su expulsión del país mediante las resoluciones impugnadas, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal, como la expuesta en la decisión atacada, que se funda únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, así como en la circunstancia no controvertida del intento de ingreso del recurrente al territorio nacional, por un paso no habilitado.

3.- Que, así las cosas, la resolución atacada, deviene en arbitraria por ausencia de fundamentos, motivo por el cual la presente acción constitucional será acogida, al afectar la libertad ambulatoria del ciudadano extranjero antes individualizada, sujeto a la medida de expulsión del territorio nacional.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Ingreso N° 103-2020, y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional de amparo deducida en favor del ciudadano venezolano J.L.T.S. y, consecuencialmente, que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 616, de seis de abril del año en curso, dictada por la Intendencia Regional de Santiago, que dispuso la expulsión del amparado.

Se previene que el Ministro Sr. Valderrama concurre a la revocatoria del fallo en alzada, teniendo únicamente en consideración para ello la epidemia generada por el virus Covid-19, enfermedad que amenaza la vida y salud individual de la totalidad de la población mundial, de modo que de mantenerse el decreto de expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, lo pondría necesariamente en una situación de riesgo mayor de contagio.

Fuente:

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Corte de Apelaciones de Talca ordena dejar sin efecto expulsión de familia venezolana

Thu, 06 Aug 2020 02:25:51 +0000

En sentencia de fecha 04 de agosto de 2020 (Rol N° 149-2020), la Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Departamento de Extranjería y Migración, ordenando dejar sin efecto la medida de expulsión del país aplicada a familia venezolana.

La Gobernación de Diguillín rechazó las solicitudes de visa de 3 de los 4 integrantes del grupo familiar por no contar con visto consular de turismo. Lo anterior, en opinión de la Corte, carece de toda motivación, ya que el contar con Visto Consular de Turismo comenzó a ser un requisito para nacionales de Venezuela solo a partir del 22 de junio de 2019 y el ingreso al país, por parte de todos los integrantes de la familia, se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la medida establecida en el Decreto N° 42.386 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Texto del fallo

PRIMERO: Que, el veintisiete de julio del presente año comparece doña S.K.P.F., pasaporte Nº XXXXX y don N.E.G.H., pasaporte Nº XXXXXX por sí y en representación de su hijo I.M.G.P., Rut escolar N° XXXXXX, todos de nacionalidad venezolana, domiciliados en XXXXXX, Talca, interponiendo recurso de amparo en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, que dictó y mantiene vigentes Resoluciones Exentas N° 2247, 2248 y 2249 de 15 de julio de los corrientes, que rechazan sus solicitudes de visación y dispone su abandono del país en 15 días, por no cumplir con los requisitos que habilitan para obtener la residencia solicitada, actuación que vulnera la garantía de igualdad ante la ley; libertad de trabajo, entre otras.

Exponen que como grupo familiar decidieron emigrar a Chile buscando mejores condiciones de vida el 14 de junio de 2019, fecha en la cual salieron de Venezuela. El 21 de junio del mismo año llegaron a la frontera que divide Perú y Chile, dejando constancia de su ingreso en sus tarjetas migratorias y pasaportes, sellado con una vigencia de 90 días.

Detallan que el 8 de julio de 2019 presentaron ante la Gobernación de Diguillín, Depto. De Extranjería, su solicitud de Visa Profesional, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 102 N°5 del Reglamento de Extranjería y visa de dependiente de sus dos hijos, por lo que se les otorgaron permisos para trabajar. Además, inscribieron a sus hijos en el sistema escolar, quienes demostraron excelente desempeño académico y conductual.

De lo descrito se colige que su ingreso al país fue de manera legal, pues comenzaron su proceso migratorio el 21 de junio de 2019, antes de la entrada en vigencia del Decreto N° 42.386 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 22 de junio de 2019, que exige visto de turismo para el ingreso y, en segundo término, quien les permitió el ingreso al país fue la autoridad competente, sin presentar ninguna objeción o mención del decreto antes referido, lo que se contradice con lo expuesto en las resoluciones exentas N° 2247, 2248 y 2249, que niegan la visación por no contar con los vistos de turismo correspondientes.

Agregan que en el mes de agosto de 2019 firmaron contratos de trabajo indefinidos y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Todo esto a la espera de una respuesta por parte del Depto. De Extranjería y Migración con respecto a sus solicitudes de visa.

Dan cuenta que el 3 de abril de 2020 se recibe correo electrónico del que informa que a su hijo A.G.P. de 10 años le fue otorgada visa, con estampado provisorio electrónico N° 18.062, resolución N° 4447 de 7 de noviembre de 2019.

Solo el 23 de julio de 2020 recibieron las notificaciones vía correo electrónico, indicándose el rechazo de sus solicitudes de visa por no contar con el visto de turismo solicitado, otorgándoseles 15 días para salir del país.

Reafirman el hecho de que iniciaron su proceso migratorio el 21 de junio de 2019 a las 23:00 horas, lo cual quedó plasmado en el acta de declaración voluntaria realizada por los funcionarios de la PDI, momento en el cual no había entrado en vigor el Decreto N° 42.386 de 22 de junio de 2019, que establece la necesidad del visto de turismo para ingresar.

Sin perjuicio de lo anterior, carece de toda lógica y coherencia que a su hijo A.G.P. le haya sido aprobada la Visa Temporaria si éste ingresó al país el mismo día y a la misma hora, con el mismo sello de ingreso y bajo las mismas circunstancias que el resto de la familia, máxime considerando que él es un menor de edad que depende económica y emocionalmente de sus padres, no pudiendo permanecer en el país solo.

Finalmente, y previas citas legales y jurisprudenciales, solicita dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N° 2247, 2248 y 2249 de 15 de julio de 2020, Gobernación Provincial de Diguillín, Depto. De Extranjería y Migración, mediante las cuales se dispuso su abandono del país. Adicionalmente, solicita que se les reconozca el derecho que tienen de acceder y obtener su Visa Temporaria Profesional, pues cuentan con todos los requisitos para su obtención y la Visa de Dependiente para su hijo M.G.P.

SEGUNDO: Que, con fecha 28 de julio del presente año comparece don A.C.S., abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe, precisando que debería informar el recurso la Gobernación Provincial de Diguillín, pues fue ésta la que rechazó las solicitudes de visa respecto de los amparados, no correspondiendo a su parte la dictación de los actos administrativos atacados con el presente recurso.

Finalmente, solicita se tenga por evacuado el informe, haciendo presente que le corresponde informar este recurso a la Gobernación Provincial de Diguillín.

TERCERO: Que Enrique Del Carmen Rivas Rivas, Gobernador Provincial de Diguillin, evacuando el informe solicitado por esta Corte, corrobora que por Resolución Exenta N° 4447 de 8 de noviembre de 2019, se resolvió otorgar visa temporaria por el periodo de un año a A.G.P.

Adicionalmente, también da cuenta que por resoluciones exentas N° 2247, 2248 y 2249, todas del 15 de julio de 2020, resolvió rechazar Visa presentada por cada uno de los recurrentes, fundado en no cumplir con los requisitos que habilitan para obtener residencia solicitada, dado que no cuenta con visto de turismo solicitado desde 22.06.2019.

Añade que el 20 de julio de 2020 se envían notificaciones por medio de correos a dirección de ingreso de solicitudes correspondiente a calle XXXX, sin embargo con fecha 24.07.2020 Correos de Chile realiza devolución por dirección incorrecta, procediendo a Notificación por medio de Policía de Investigaciones como última instancia.

CUARTO: Que el inciso primero del artículo 21 de la Constitución Política de la República establece que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El inciso tercero, a su vez, dispone que el mismo recurso y en igual forma, podrá se deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

QUINTO: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales adjuntados al presente recurso, cobran relevancia las Resoluciones Exentas N° 2.247 de 15 de julio del año en curso, mediante la cual se rechaza la visa presentada por el recurrente N.E.G.H., la Resolución Exenta 2248, también de 15 de julio del año en curso, que rechaza Visa Presentada por I.M.G.P. y la Resolución Exenta 2249, de igual fecha, por la cual se procedió a rechazar Visa Presentada por S.K.P.F., por no cumplir todos ellos con los requisitos que habilitan para obtener residencia solicitada, dado que no cuenta con visto de turismo solicitado desde el 22 de junio de 2019.

A su vez, mediante oficio N° 244 de 30 de julio, el Gobernador de la Provincia de Diguillin Enrique Rivas Rivas, reconoce que el grupo familiar del cual los recurrentes forman parte, solicitaron en su oportunidad residencia de extranjeros.

SEXTO: Que de un simple análisis de las Resoluciones Administrativas impugnadas se advierta la carencia de toda motivación, en atención a que no se precisan razones fundadas por las cuales se desestima la solicitud del clan familiar al que pertenecen los recurrentes, salvo el de señalar que no contaban con visto bueno de turismo, exigencia legal que sólo comenzó a regir en el Territorio Nacional a partir del 22 de junio del año pasado, en circunstancia que el ingreso a la República de Chile de todos los integrantes, del cual los recurrentes forman una sola familia, fue anterior a esa fecha y, por ende, no les resulta aplicable la normativa que a este respecto contempla el Decreto N° 42.386 emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2019, que estableció como requisito para el ingreso al país de todo ciudadano venezolano, con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de Visa Consular de Turismo Simple, con derecho a ingreso y permanencia en Chile, en tal calidad, por un período máximo de 90 días. El propio Decreto expresamente señala en su acápite final, que lo dispuesto allí comenzaría a regir a contar de la total tramitación de dicho decreto, el cual debe entenderse afinado con la publicación oficial precitada.

SEPTIMO: Que, en este orden de ideas, los recurrentes N.E.G.H. y S.K.P.F., no registran antecedentes penales pretéritos, tanto en su país de origen ni tampoco durante todo el tiempo que han permanecido en la República de Chile, que justifique la expulsión del territorio nacional, sino que por el contrario, de los documentos allegados se observa que cuentan con arraigo laboral y social y, además, uno de sus integrantes, A.G.P. de 10 años de edad, está cursando estudios regulares en la Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo de Talca.

Cabe consignar que respecto del menor A.G.P., que también forma parte de la familia referida, mediante Resolución Exenta N° 4.447 de 8 de noviembre de 2019, se les otorgó visa temporaria por un año, lapso que aún no ha transcurrido y, sin embargo, sin que existe ningún hecho sobreviniente, se ha librado en contra de sus padres la decisión de expulsión del país por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vulnerando con ello gravemente el derecho de todo menor de edad a vivir con sus padres cuando no existen razones graves para ello.

OCTAVO: Que de todo lo antes expuesto se infiere claramente que la decisión del organismo estatal recurrido en orden a expulsar del territorio nacional a todos los recurrentes, constituye un acto ilegal que vulnera derechos fundamentales como acontece con la libertad ambulatoria y la seguridad individual, consagradas en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, en atención a que se está afectando derechos humanos que deben ser reconocidos y protegidos a la brevedad y en todo momento, como lo exige el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental.

En concordancia con esta última normativa, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales ratificados por Chile y, por consiguiente, obligatorios, en su artículo 9 del Pacto Internacional consagra el derecho de todo individuo a la libertad y seguridad individual; donde toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

En el caso puntual de los recurrentes, ellos ingresaron legalmente a Chile y han permanecido en esa calidad desde hace más de un año a la fecha, por lo que su situación jurídica debe mantenerse inalterable, al no haber incurrido en dicho lapso en ningún acto contrario a derecho.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, es importante hacer presente que el artículo 1° del texto constitucional, reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que cualquier acto contrario a dicho principio debe ser erradicado absolutamente, más aún cuando el cumplimiento del decreto de expulsión en que se sustenta la acción de amparo interpuesta, en los términos expedidos, significaría alejar injustificadamente a unos de sus miembros, transgrediendo gravemente con ello el principio universal del interés superior del niño, niña o adolescente, más aún, en época de pandemia mundial, como acaece con el Covid-19.

A este respecto, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, del cual nuestro país es parte, en el artículo 9 N° 1 dispone que los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos.

DECIMO: Que atento a todo lo antes esgrimido, no cabe más que considerar ilegal el acto por el cual el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dispuso la expulsión de N.E.G.H., S.K.P.F. y de I.M.G., por lo que es menester dictar las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, razón por la que se dejará sin efecto la medida de expulsión de todos los recurrentes y de cualquiera otra decisión, que fundado en el Decreto N° 42.386 publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2019, los obligue hacer abandono del país.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de que se trata, SE ACOGE, con costas, el recurso de amparo interpuesto por S.K.P.F. y N.E.G.H., por sí y en representación de su hijo I.M.G.P., en contra del Departamento de Extranjeria y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO el decreto de expulsión del país de los recurrentes, como, asimismo, cualquiera otra decisión que fundado en el Decreto N°42.386 publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2019, disponga una medida similar, en especial, las resoluciones N° 2.247, 2248 y 2249 de 15 de julio de 2020.

Fuente:

Fallo de la Corte de Apelaciones de Talca – Rol 149-2020 – 04 de agosto de 2020

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