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Corte Suprema confirma sentencia que acogió recurso de protección por demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver solicitud de carta de nacionalización

Sat, 06 Apr 2024 16:13:33 +0000

El pasado 3 de abril de 2024, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en causa Rol N° 10.873-2024, confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso (causa Rol N° Protección-242-2024), ordenando al Servicio Nacional de Migraciones a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de solicitud de carta de nacionalización, dentro del plazo de 60 días corridos.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso había acogido el recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la falta de pronunciamiento respecto de solicitud de carta de nacionalización, en los siguientes términos:

“(…) Primero: Que, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho ante la eventual omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente.

Segundo: Que, de la documentación acompañada por la parte recurrente se advierte que si bien la solicitud de la actora está en trámite, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en la etapa de análisis que le corresponde conocer al Servicio requerido, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de nacionalización, en relación con otros interesados quienes han obtenido respuesta oportuna, razones por las cuales se acogerá la presente acción en los términos que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido a favor de M.G.F.B., y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto la autoridad migratoria recurrida deberá, dentro del plazo de sesenta días hábiles, concluir la etapa de análisis respectiva, como en derecho corresponda, y remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para su conocimiento y ulterior resolución. (…)”.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en dicha oportunidad, fue acordada con el voto en contra de la Ministra Señora Teresa Carolina Figueroa Chandía, quien fue del parecer de rechazar la acción por considerar que conforme al Decreto N° 5.142, de 1960, la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, lo que determina que el Servicio Nacional de Migraciones, carece de legitimación para pronunciarse sobre la solicitud incoada por el recurrente. Además, adicionalmente, la carta de nacionalización es un privilegio otorgado por el Jefe de Estado, que requiere de un mayor análisis de los antecedentes, cuyo acto terminal es fruto de la potestad discrecional radicada en aquél, por lo que no se puede instar para su término mediante la presente vía judicial.

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Corte Suprema acoge recurso de protección interpuesto por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver una solicitud de residencia temporal por reunificación familiar realizada desde fuera de Chile

Fri, 05 Apr 2024 12:36:10 +0000

El pasado 3 de abril de 2024, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en causa Rol N° 10.683-2024, revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° Protección-533-2024), que había rechazado recurso de protección interpuesto por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver una solicitud de residencia temporal por reunificación familiar realizada desde fuera de Chile.

El máximo Tribunal, decidió acoger el recurso de protección en los siguientes términos:

“Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de los fundamentos que razonan en el sentido de rechazar la acción constitucional los que se eliminan. Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de visa temporal presentada, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Tercero: Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de visa temporal, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Cuarto: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitud, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto, sólo en cuanto se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de visa temporal presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.”.

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Corte de Apelaciones de Temuco rechaza recurso de protección presentado por la demora en la respuesta a solicitud de residencia definitiva presentada en mayo de 2023

Tue, 19 Mar 2024 17:25:18 +0000

El pasado 18 de marzo de 2024, en fallo dividido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco rechazó recurso de protección (Rol 203-2024) presentado en favor de ciudadano extranjero cuya solicitud de residencia definitiva presentada en mayo de 2023 sigue sin ser resuelta por el Servicio Nacional de Migraciones.

La Corte rechazó el recurso en los siguientes términos:

“CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva. Por su parte, la recurrida ha sostenido la inadmisibilidad del recurso, por cuanto la parte recurrente cuenta con una situación migratoria regular, al mantenerse vigente la cédula de identidad. En subsidio, alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto las dificultades respecto a la cédula de identidad no corresponde a una actuación realizada por dicho servicio.

Por su parte, la recurrida ha señalado que el procedimiento se encuentran en etapa de resolución, destacando que el actor cuenta con una situación migratoria regular durante la tramitación del permiso y que el plazo de duración del procedimiento administrativo no es fatal, especialmente considerando la situación de la pandemia que afectó a la tramitación de los procedimientos administrativos.

TERCERO: Que, en relación las alegaciones efectuadas por la parte recurrida, es menester, en primer término, consignar que atendido la época en que fue declarado admisible el presente recurso y la oportunidad en que formula dicha alegación, ha precluído su derecho para sostener ello. Luego, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, no se alega como una actuación ilegal y arbitraria la calidad en que la parte recurrente se mantiene durante la tramitación de la solicitud, ni la vigencia de la cédula de identidad, sino que más bien la demora injustificada de dicho servicio público en emitir un acto administrativo terminal, de modo tal que corresponde el rechazo de las alegaciones de inadmisibilidad y subsidiaria de falta de legitimación pasiva.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo cabe señalar que como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 87.976-2023, existió un cambio de legislación reciente en esta materia, pues de estar regida por el Decreto Ley N°1094 y su Reglamento, actualmente se encuentra sometida a la Ley N°21.325 y al Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que contiene el Reglamento de la misma. Dentro de las modificaciones establecidas, el legislador expresamente reguló la situación de la vigencia de las cédulas de identidad durante la tramitación de los procedimientos administrativos de residencia temporal y definitiva, señalando el artículo 43 de la Ley N° 21.325: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, y siguiendo el raciocinio del máximo Tribunal, tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. En consecuencia, al mantener la vigencia de dichos instrumentos durante la tramitación del procedimiento administrativo, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, pues no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada. Misma situación ocurre respecto al ingreso y egreso del territorio nacional, ya que conforme al artículo 38 de la Ley N° 21.325, no existen limitaciones mientras se encuentra pendiente el procedimiento administrativo, debiendo acreditarse únicamente dicha circunstancia.

SEXTO: Que, de ese modo, habiendo sido asentado que la parte recurrente se encuentra en una situación migratoria regular, en cuanto a la alegación relativa a la demora en la dictación del acto administrativo terminal, cabe señalar que como indica el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo de seis meses señalados en dicha disposición no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, resulta ser un hecho conocido por todos que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N°21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido. Sin embargo, atendido el principio de colaboración o cooperación que debe existir entre los organismos públicos, es que esta Corte ordenará en lo resolutivo, que esta sentencia sea puesta en conocimiento de las direcciones regionales del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la Superintendencia de Salud, del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Administradora del Fondo de Cesantía y de la Dirección del Trabajo, quienes deberán distribuirlo entre sus reparticiones y/o entidades fiscalizadas, según corresponda.”.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Rol Protección-204-2024

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Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recurso de protección interpuesto por demora en la respuesta a solicitud de carta de nacionalización

Fri, 15 Mar 2024 15:24:14 +0000

En fallo dividido, el pasado 14 de marzo de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones debido a la demora en resolver una solicitud de carta de nacionalización, en los siguientes términos:

“C.A. de Valparaíso

Valparaíso, catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos.

Que, en folio 1 comparece L.D.C.C.M., y deduce acción constitucional de protección en contra del Ministerio del Interior y Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que considera ilegal y arbitraria respecto del pronunciamiento de su solicitud de nacionalización, lo que conculca su garantía consagrada en el numeral 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que, evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo de la acción. Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho dice relación con la eventual omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización.

Segundo: Que, el Servicio informa que la referida solicitud está en tramitación, siendo una potestad discrecional del Presidente de la República el otorgamiento de la nacionalización a la recurrente.

Tercero: Que, conforme al Decreto N° 5.142, de 1960, la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior y Seguridad Pública, lo que vislumbra que el Servicio Nacional de Migraciones, carece de legitimación para pronunciarse sobre la solicitud incoada por el recurrente.

Cuarto: Que, la carta de nacionalización es un privilegio otorgado por el Jefe de Estado, que requiere de una mayor análisis de los antecedentes, cuyo acto terminal es fruto de la potestad discrecional radicada en él, por lo que no se puede incoar a su término mediante la presente vía judicial, razones que conllevarán al rechazo del presente recurso.

Acordada con el voto en contra del abogado Integrante Señor Eduardo Morales Espinosa, quien fue del parecer de acoger el presente recurso y otorgar a la recurrida el plazo de sesenta días para concluir la tramitación y remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para su ulterior conocimiento, por estimar que ha existido una dilación excesiva en la tramitación, lo que permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7° y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de nacionalización requerida por la recurrente, en relación con otros interesados quienes han obtenido respuesta oportuna a su petición.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada, y en su oportunidad archívese.

N° Protección-203-2024.»

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Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recurso de protección presentado por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver solicitud de carta de nacionalización

Tue, 10 Oct 2023 13:55:49 +0000

El pasado 6 de octubre de 2023, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó recurso de protección deducido en favor de ciudadana venezolana por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver su solicitud de carta de nacionalización presentada el pasado 23 de marzo de 2022.

De acuerdo a la Corte, atendido el mérito de los antecedentes, la extranjera mantiene una situación migratoria regular en Chile, toda vez que es titular de un permiso de residencia definitiva, encontrándose en tramitación su solicitud de carta de nacionalización, cuyo pronunciamiento final radica en una facultad exclusiva y excluyente del Presidente de la República, quien delegó dicha facultad al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por lo anterior, la Corte concluye que el procedimiento reclamado se encuentra ajustado a derecho, no advirtiéndose una conducta ilegal o arbitraria frente a la cual se pueda adoptar alguna medida urgente para restablecer el imperio del derecho.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 19023-2023

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Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena al Departamento de Extranjería y Migración a pronunciarse sobre solicitud de nacionalización

Wed, 12 Jan 2022 18:14:20 +0000

El pasado 11 de enero de 2022, la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema revocó el fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y acogió el recurso de protección deducido en favor de ciudadana albanesa, ordenando al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de su solicitud de nacionalización dentro del plazo de sesenta días corridos desde la notificación la sentencia.

De acuerdo a lo señalado en la sentencia, la dilación en el pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización formulada por la recurrente, debe ser calificada de ilegal y arbitraria al vulnerar la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Texto de la sentencia

Santiago, once de enero de dos mil veintidós.
Vistos:
Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de los fundamentos séptimo al décimo, los que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la petición de nacionalización presentada el 9 de septiembre del año 2020 por la actora, lo que se estima atentatorio de la garantía que protege la integridad psíquica y la igualdad ante la ley, establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe de impulsar oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en está todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Tercero: Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalidad, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N.º 24.827-2020).

Cuarto: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, le es atribuible, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, en cuanto dispone que “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.”, y debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en trato importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto, sólo en cuanto se dispone que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior deberá y emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de nacionalización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 96.429-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Mario Carroza E., Sr. Miguel Vásquez P. (s) y por los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sr. Héctor Humeres N. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Humeres por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.

Sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema (Rol N° 96429-2021).

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Corte de Apelaciones de Santiago ordena a Extranjería emitir pronunciamiento sobre solicitud de Permanencia Definitiva

Sat, 16 Jan 2021 14:29:57 +0000

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo pronunciado con fecha 4 de enero de 2021 (Rol N° Protección-89.585-2020), decidió acoger recurso de protección presentado por ciudadana colombiana en contra del Departamento de Extranjería y Migración, ordenando a la autoridad migratoria a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva de la extranjera dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de notificación de la sentencia.

Lo anterior, luego de establecer que el Departamento de Extranjería y Migración ha incurrido en una omisión que no solo debe ser tachada de ilegal, sino que además vulneratoria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al desconocer la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, dilatando la decisión de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

Texto de la sentencia

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del recurso

Primero: Comparece C.L.M.N., colombiana, desempleada, con domicilio en XXXXXX, comuna de la Pintana, Región Metropolitana; e interponen recurso de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, representada por don Álvaro Bellolio Avaria, ambos domiciliados en Matucana 1223, comuna de Santiago, Región Metropolitana; solicitando se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que en respeto a sus derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 2° “Igualdad ante la ley”; 16° “Libertad de trabajo y su protección” y 21° “derecho a desarrollar cualquier actividad económica”, se pronuncie inmediatamente, o en el menor tiempo posible, respecto de la solicitud de permanencia definitiva en Chile.

Expone que el 14 de febrero de 2019 contrajo matrimonio, en Colombia con el Chileno I.A.B.R., dicho contrato de matrimonio fue inscrito en Chile de conformidad al artículo 12 de la Ley 11.987; por lo anterior solicitó en el respectivo Consultado de Chile y Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica la Visa de Permanencia Temporal, la cual se le otorgo el día 28 de marzo del 2019; un mes antes del vencimiento de la visa de permanencia temporal y habiendo cumplido con los requisitos para solicitar la visa de permanencia definitiva en el país, ingresó sus documentos para solicitar la permanencia definitiva a partir del 19 de febrero del 2020, es decir, dentro de los 3 meses anteriores al vencimiento de la visa de permanencia temporal conforme al procedimiento establecido por el recurrido, sin embargo la recurrida solo ha efectuado un avance del 5% en la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, al solicitar información la recurrida le informa que debe esperar, sin justificar el retraso en el otorgamiento de la permanencia definitiva.

Alega que el retraso en la tramitación de la permanencia definitiva la ha perjudicado toda vez que no puede realizar trámites bancarios, pedir permisos o salvoconductos, buscar trabajo como trabajadora dependiente, crear una empresa o ejercer actividades económicas, todo ello por tener su cedula de identidad vencida.

Señala que el recurrido ha dejado de cumplir con su deber público de manera maliciosa e injustificada, perjudicándola gravemente e impidiendo gozar de los derechos que la Constitución Política de la República de Chile le otorga como la protección y fortalecimiento de la familia y la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N°16); y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21).

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida (1) Se pronuncie inmediatamente sobre la Solicitud de Permanencia Definitiva efectuada por la recurrente resolviendo la misma, o en su defecto, se ordene al recurrido efectuar el pronunciamiento y resolución en el menor tiempo posible y siempre que no exceda de 2 meses desde ejecutoriada la resolución judicial que acoge el presente recurso; (2) Otorgue a la recurrente la Visa de Permanencia Definitiva, a fin de que pueda desarrollar plenamente su vida familiar en el país, como asimismo, pueda ejercer los derechos y garantías de los numerales 2°,16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

A fin de dar fe de sus dichos acompaña (1) Certificado de Matrimonio, de fecha 30 de septiembre del 2020, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; (2) Solicitud de Permanencia Definitiva, de fecha 19 de febrero del 2020, emitida por el Departamento de Extranjería y Migración; (3) Imagen del estado de solicitud del beneficio migratorio de la recurrente, actualizada al 30 de septiembre del 2020, visible en la página web www.tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/16339610 emitida por el Departamento de Extranjería y Migración.; (4) Imagen 1° del historial de solicitudes y consultas de la recurrente en el Departamento de Extranjería y Migración; (5) Imagen 2° del historial de solicitudes y consultas de la recurrente en el Departamento de Extranjería y Migración.

Informe evacuado por el Departamento de Extranjería y Migración

Segundo: Que informando la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, en virtud de los antecedentes que expone.

Como antecedentes de hecho señala que mediante Resolución Exenta N°835/457 de 28 de marzo de 2019 el Consulado General de Chile en Bogotá, concede visa temporaria a la recurrente, valida por 365 días desde el arribo al territorio nacional. Agrega que la actora ingresó al territorio nacional el 29 de marzo de 2019 y que mediante plataforma electrónica de la recurrida se remitió solicitud de permiso de Permanencia Definitiva el 19 de febrero de 2020. Dicho permiso, en la actualidad, se encuentra en tramitación ante la autoridad migratoria, sin embargo la extranjera se encuentra residiendo de forma regular en el país mientras se mantenga en tramitación su solicitud.

Señala que la solicitud de Permanencia Definitiva ha sido presentada ante la autoridad administrativa dentro del plazo y cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 125 y siguientes del Reglamento de Extranjería. Agrega que los comprobantes de expedidos por la autoridad son una de las formas que establece el Reglamento de Extranjería para probar la residencia regular en el territorio nacional, en conformidad al artículo 157 N° 5, en relación al artículo 135, ambos del Decreto Supremo N° 597 de 1984. En dicho sentido cita fallo de causa Rol 25.817-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En cuanto al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, este no sería fatal para dar término a los procedimientos administrativos.

Indica que toda alegación relacionada con posibles molestias que puede traer el hecho de no contar con una cédula de identidad vigente deben ser dirigidos por la vía jurisdiccional que corresponda contra aquellas instituciones o personas que le desconozcan la residencia legal en el país, puesto que como se ha señalado, muy por el contrario, la autoridad recurrida nunca ha desconocido la regularidad de la residencia de los recurrentes, ha dado tramitación a todas y cada una de sus solicitudes y su actuar se encuentra ajustado a derecho.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, no puede desprenderse un acto u omisión por parte de la autoridad arbitrario o ilegal, que amenace, prive o perturbe en su legítimo ejercicio de las garantías incoadas al recurrente, actuando siempre con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Acompaña a su informe Comprobante de solicitud de Permanencia Definitiva en trámite, de fecha 19 de febrero de 2020, emitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Considerandos y decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que el reproche que formulan los recurrentes consiste en la excesiva demora de la autoridad migratoria en la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva en el país, la cual fue ingresada mediante la plataforma electrónica dispuesta por la recurrida el 19 de febrero de 2019.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, para un adecuado análisis de la situación planteada, conviene precisar que el procedimiento administrativo para la obtención de la Permanencia Definitiva se encuentra regulado en el Decreto N°597 de 14 de junio de 1984 sobre Reglamento de Extranjería.

El texto legal dispone, en su artículo 125, que las solicitudes de Permanencia Definitiva se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva. Estos documentos llevarán inserta la declaración jurada a que se refiere la letra d) del artículo 15, para su suscripción por el recurrente extranjero. Además agrega que las solicitudes deben contar con los siguientes requisitos: (1) Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio; (2) Fecha y lugar de ingreso a Chile, con indicación del medio de transporte empleado; (3) Número y clase de documento de ingreso; (4) Condición de ingreso y de actual residencia; y (5) Motivos que sirven de fundamento a la petición. En el mismo sentido el apículo 127 indica la documentación que debe ser acompañada a la solicitud respectiva.

De igual modo es importante hacer alusión al artículo 157 del Reglamento de Extranjería el cual indica “En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes:

1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo;

2. Tarjeta de Tripulante o Tarjeta Especial de Tripulante;

3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro;

4. Título de Residencia;

5. Comprobante establecido en el artículo 135°;

6. Certificado de Permanencia Definitiva, y

7. Cédula de Identidad.”

Lo anterior relacionado con el artículo 135 el cual señala “Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el presente Título la autoridad receptora de ellas entregará al recurrente un comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma, pudiéndose, a petición del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrare pendiente de resolución.

Dichos plazos serán fijados por el Ministerio del Interior, y durante la tramitación de la solicitud, se podrá requerir al extranjero que comparezca personalmente ante la autoridad receptora o que envíe documentación pertinente para el análisis de su solicitud. El incumplimiento de estos requerimientos dentro del plazo establecido por la autoridad, permitirá a ésta actuar conforme lo dispuesto en los artículos 136° y 138° N° 5 del presente Reglamento.”

Séptimo: Que, corresponde analizar la normativa establecida en la Ley 19.880, en especial el articulo 27 el cual dispone “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Que de los antecedentes acompañados al proceso consta que la Solicitud de Permanencia Definitiva fue ingresada a la plataforma virtual del recurrente el 19 de febrero de 2020 y el recurso de protección fue interpuesto el 3 de septiembre de 2020.

Que la Excma. Corte Suprema en causa Rol 24.827-2020 establece “Séptimo: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión de las solicitudes de residencia definitivas presentadas por los actores, por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.”

La omisión en la que incurre la recurrida no solamente debe ser tachada de ilegal, sino que además vulneratoria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7° del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por C.L.M.N., en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto la citada autoridad emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de residencia definitiva presentadas ante ella por la recurrente, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-89.585-2020

Texto del fallo

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