Que, comparece L.C.G.M., cédula de identidad para extranjeros Nº 26.xxx.xxx-x, domiciliada en xxxxxx, Santiago, en representación de su hija L.S.R.G., estudiante, Pasaporte N° XXXXXXX, domiciliada en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, deduciendo acción constitucional de amparo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, representado legalmente por su titular, don Andrés Allamand Zavala, ambos con domicilio en calle Teatinos N° 180, primer piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en razón de haber incurrido el recurrido en omisiones y acciones ilegales y arbitrarias que habrían afectado gravemente el derecho a la libertad ambulatoria de la amparada, consagrado en el artículo 19 N° 7 letra a) de la Carta Fundamental, conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen.

Comienza dando cuenta de los antecedentes familiares, indicando que L.S.R.G., tiene 6 años, que es hija de doña L.C.G.M. y don C.A.R.B., domiciliado en Venezuela.

Refiere que actualmente se encuentra la familia separada, ya que la señora G. viajó a Chile en atención a la difícil situación social, política y económica que se vive en Venezuela, señalando que, con anterioridad a su venida ella mantenía a su hija bajo su cuidado, ya que se encontraba separada con el padre desde que la niña tenía un año de edad, por lo que la menor quedó al cuidado de su abuela materna doña L.R.M.C., en Caracas, Venezuela.

Indica la señora G. que ingresó a Chile el 7 de julio de 2019, con visa de responsabilidad democrática, y que comenzó a trabajar en una empresa como analista contable, ya que es de profesión contadora auditora, logrando estabilidad económica, iniciando los trámites para que su hija pueda venir a Chile, con la visa de responsabilidad democrática.

Indica que actualmente ella cuenta con una solicitud de permanencia definitiva en trámite, y que el 27 de enero de 2020, comenzó con los trámites para la obtención de la visa de su hija.

Indica que dicha solicitud la efectuó vía online, acompañándose toda la documentación necesaria, razón por la que fue acogida a trámite con el número XXXXX el día 7 de abril de 2020, indicándosele que debía concurrir personalmente al Consulado entre el día 23 de noviembre y 25 de noviembre pasados, en horas de la mañana. Sin embargo, reclama que el día 04 de mayo de 2020, se le envía un correo señalándole que, debido a la Pandemia, “todas las citas informadas a partir del 16 de marzo de 2020, serán reprogramadas luego de que las medidas restrictivas sean levantadas, informando oportunamente las nuevas fechas de presentación.

Que, debido a la excesiva demora que estaban teniendo los procedimientos de visación, es que se inician por parte de ciudadanos venezolanos la interposición de números recursos en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Todo lo cual conllevó que esta entidad, con fecha 11 de noviembre de 2020, y para evitar la interposición de nuevos recursos en su contra, decida el cierre de absolutamente todas las solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática, enviándole a todos los ciudadanos venezolanos con procedimientos de visación pendientes, incluida la amparada, un correo electrónico que comunicaba el rechazo de sus respectivos trámites de visa.

Sostiene que dicho acto reviste el carácter de legal, e infringe los derechos de la amparada.

Explica, en cuanto a la normativa aplicable, que la Visa de Responsabilidad Democrática, permite a los ciudadanos venezolanos tener una visa temporaria en Chile, otorgada por la autoridad consular chilena en Venezuela, por un plazo de un año, prorrogable por el mismo periodo, regulada en el Oficio Circular Nº 96, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de 9 de abril de 2018.

Indica que, en el caso en concreto, todas las repuestas de la autoridad han sido dadas con excesiva demora, primero se admite a tramitación su solicitud luego de más de dos meses, habiendo sido citada para casi nueve meses después, todos plazos que reclama excesivos.

Lo anterior, por cuanto el artículo 27 de la Ley N°19.880, establece que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, plazo de seis meses que ha sido excedido en exceso, y que debe ser respetado por toda la administración.

En este sentido, el no otorgamiento de la correspondiente visa dentro de los plazos legales, por parte del Consulado de Chile en Venezuela, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye una omisión de carácter ilegal, que es la que precisamente se impugna a través de la presente acción de amparo, afectándose con ello la libertad personal y la seguridad individual de la amparada.

Agrega, que el carácter ilegal de la omisión señalada precedentemente encuentra una confirmación en otras normas de la misma Ley N° 19880, que establecen los principios que deben informar los procedimientos administrativos, incluyendo aquel procedimiento que se originó con la solicitud de la amparada, entre dichos principios se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

Tan relevantes son estos principios y a tal grado ha sido considerada la antijuridicidad de su inobservancia, que el legislador ha querido tipificar el retardo malicioso en la dispensación de los servicios públicos en el artículo 256 del Código Penal: “El empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”

Hace presente además que, en el presente caso no concurre el caso fortuito o fuerza mayor como motivo para justificar la demora excesiva en la tramitación de las visas de las amparadas, por lo que la conducta de la recurrida es, además, arbitraria.

Reclama que la omisión de la autoridad consular en el presente caso es arbitraria porque carece de toda razonabilidad y justificación. Los márgenes temporales que la ley ha dado a la Administración para dar respuesta a las solicitudes de los administrados, en efecto, responden a un criterio de razonabilidad, que impide a la autoridad mantener a las personas “en la incertidumbre al no emitir el debido pronunciamiento”.

En este sentido, afirma, no es posible para la recurrida alegar ni siquiera la situación de pandemia que puede estar afectando a la República Bolivariana de Venezuela como motivo de la falta de servicio del consulado chileno en el exterior, pues la solicitud de la amparada fue ingresada en el mes de noviembre de 2019, esto, es, varios meses antes de que se verificaran los efectos de la pandemia en dicho país, y porque el trabajo propio de la tramitación de visados consulares puede ser perfectamente realizado por vías telemáticas.

En cuanto al acto mismo impugnado, indica que con fecha 11 de noviembre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores, envió por medio de correo electrónico, a todos los ciudadanos venezolanos con procedimientos de visas pendientes, la decisión de poner término al respectivo procedimiento administrativo, aduciendo, como justificante de la decisión adoptada, la crisis sanitaria imperante que obligó al cierre de las fronteras y el haberse excedido el plazo exigido para la finalización del procedimiento administrativo.

Reclama que dicha resolución no reviste los requisitos exigidos legalmente para constituir un acto administrativo terminal, tanto por la omisión de requisitos formales como de fondo, ya que ni siquiera se señala quien emite dicha decisión, y aun cuando es un acto que afecta gravemente los derechos de las personas.

Además, indica que el motivo entregado para la suspensión de los procedimientos de visación será la “propia demora culpable del servicio”, lo que reclama no constituye una decisión adoptada en pro del interés general o de algún interés particular, al cual todo órgano de la Administración Pública debe propender, por el contrario, dicha decisión solo busca como finalidad evitar la interposición de nuevos recursos en su contra, y sin considerar que al día siguiente, el 12 de noviembre de 2020 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 500, que modifica el Decreto Supremo N° 102, el que establece una apertura gradual de las fronteras para el tránsito de los extranjeros en el territorio nacional, visado por el propio Ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Allamand Zavala, por lo que pese a que el Ministro del Exterior tenía pleno conocimiento de que se produciría una apertura de las fronteras para los extranjeros, pese a esto, y antes de que entrara en vigencia el Decreto Supremo N° 500, se envíó la comunicación a todos los ciudadanos venezolanos de la decisión arbitraria e ilegal de terminar sus procedimientos de visas, argumentando como uno de los motivos de esta decisión el cierre de fronteras hacia los extranjeros.

Agrega que tampoco se ha considerado por la autoridad que se ha afectado la reunificación de un grupo familiar, derecho que ha sido reconocido en diversos tratados internacionales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y lo anterior, sin perjuicio del derecho de su hija de reunirse con su familia, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por todo lo expuesto, indica que el actuar de parte del Consulado de Chile en Venezuela, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, vulneran las las normas y principios sobre procedimientos administrativos, tornándose ilegal y arbitrario, lo que además produce una afectación a su libertad ambulatoria de la amparada, particularmente a su derecho constitucional a entrar y residir en el país, por lo que solicita sea acogida esta acción constitucional de amparo, declarando la ilegalidad y/o arbitrariedad de la omisión denunciada, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores emitir, sin más trámite, el Visado de Responsabilidad Democrática solicitado por la amparada, dentro del más breve plazo que esta Ilustrísima Corte fije al efecto, o bien, adoptar aquellas medidas que se estimen más apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Adjuntó a su libelo Pasaporte de L.S.R.G. Nº XXXXXXX; Visa de Responsabilidad Democrática de L.Co.G.M.; Cédula de identidad de doña L.C.G.M., RUN N° 26.xxx.xxx-x; Certificado de solicitud de permanencia definitiva en trámite de doña L.C.G.M. N° xxxxx; Acta de nacimiento de L.S.R.G. apostillada; Copia de correo electrónico, de fecha 07 de abril de 2020, del Consulado General de Chile, en donde se hace referencia que se ha recibido satisfactoriamente la solicitud de Residente Temporario Titular, Res. Democrática N° XXXX a nombre de L.S.R.G.; Copia de correo electrónico, de fecha 07 de abril de 2020, que contiene la citación para el Consulado de Chile entre el lunes 23 de noviembre de 2020 y el miércoles 25 de noviembre de 2020, entre las 08:30 y las 09:30 horas; Copia de correo electrónico, de fecha 04 de mayo de 2020, donde se indica la suspensión de la cita agendada para la tramitación de la Visa de Responsabilidad Democrática; Copia de correo electrónico, de fecha 11 de noviembre de 2020, donde se señala el rechazo de la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática; Ingreso solicitud y acogida a trámite de las Visa de Responsabilidad Democrática y Oficio Circular Nº 96, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de 9 de abril de 2018.