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Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena al Ministerio del Interior a pronunciarse sobre reconsideración de Permanencia Definitiva

Thu, 20 May 2021 21:17:40 +0000

La Tercera Sala de la Corte Suprema, en fallo de causa Rol N° 129322-2020, acogió recurso de protección interpuesto en favor de ciudadana peruana quien se encuentra imposibilitada de obtener nueva cédula de identidad como consecuencia del retardo en el pronunciamiento de parte del Departamento de Extranjería y Migración sobre reconsideración de Permanencia Definitiva presentada en el año 2018.

De acuerdo a los sentenciadores, «del mérito de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto se ha dilatado la decisión de las solicitudes de la actora, haciendo imposible la regularización de su vida en nuestro país y el acceso que a ella y su familia le corresponden a beneficios y prestaciones.».

Texto de la sentencia

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de los considerandos quinto a noveno, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, compareció doña R.R.B.T. de nacionalidad peruana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en razón de la negativa infundada y arbitraria del servicio a otorgarle una renovación de su cédula de identidad.

Explica que es madre de cuatro hijos de once, nueve, tres y un año de edad, y que reside hace catorce años en Chile, encontrándose en la actualidad con su cédula de identidad vencida, situación que hace imposible acceder a contratos de trabajo formales, o cualquier trámite de relevancia jurídica. La situación, expresa, se hace aún más desesperada al padecer su hijo mayor de un trastorno generalizado del desarrollo y discapacidad intelectual.

Estimando sus derechos fundamentales vulnerados, así como los de sus hijos menores de edad que se encuentran a su cargo, solicitó que el recurso fuese acogido y que se ordene a la recurrida la renovación de su cédula de identidad, correspondiente al N° 14.XXX.YYY-Z.

Posteriormente, declaró durante la tramitación de autos que desde el año 2018 se encuentra en curso su solicitud de permanencia definitiva, sin que haya obtenido aún respuesta.

Segundo: Que la sentencia apelada rechazó el recurso de protección por cuanto se estimó por la Corte de Apelaciones de Santiago que no existe ilegalidad en el actuar de la recurrida, ya que al no poseer la recurrente el estampado de residencia otorgado por el Departamento de Extranjería y Migración, u otro de los métodos para acreditar su residencia regular, no es posible acceder a su solicitud, y el Servicio de Registro Civil e Identificación ha actuado con estricto apego a la legalidad.

Tercero: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es menester tener presente que el Servicio de Registro Civil e Identificación, al evacuar su informe, declaró no haber recibido una solicitud reciente de renovación de cédula de identidad por parte de la actora. A su vez, la actora declara haber recibido únicamente negativas verbales, que le impiden analizar el mérito y proporcionalidad de su negativa, por lo que, en los hechos, el Servicio no se ha hecho cargo de las alegaciones de la solicitante.

Cuarto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas y principios básicos que se deben aplicar de forma imperativa, los que sirven no sólo para colmar vacíos legales en materias carentes de regulación expresa, sino que, además, deben orientar la interpretación que la autoridad efectúe de las normas que rigen la materia propia de su competencia.

Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4 de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto se ha dilatado la decisión de las solicitudes de la actora, haciendo imposible la regularización de su vida en nuestro país y el acceso que a ella y su familia le corresponden a beneficios y prestaciones.

Sexto: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, en cuanto no corresponde a esta Corte determinar si procede, o no, otorgar la residencia que habilitará la obtención de la cédula de identidad a la recurrente, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, en tanto han transcurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud, manteniendo a la actora en la incertidumbre desde el año 2018, al no emitir pronunciamiento sobre sus solicitudes, pese a la obligación legal que tiene al efecto y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por el recurrente, cuestión que es obligatoria, puesto que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

Séptimo: Que la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra la actora en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Octavo: Que, en virtud de lo razonado, corresponde acoger la acción deducida.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña R.R.B.T. con el sólo objeto que se oficie al Departamento de Extranjería y Migración para que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada ante ella por la recurrente, una vez acompañada la documentación requerida, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la notificación de esta sentencia, comunicándose esta decisión al Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de dar curso, si procede, a la petición de renovación de cédula de identidad intentada por la actora.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ángela Vivanco Martínez.

Rol Nº 129.322-2020.

Enlace a la sentencia

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Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de amparo y ordena a Extranjería resolver solicitudes de reconsideración de Permanencia Definitiva dentro de tercero día

Tue, 01 Sep 2020 00:25:19 +0000

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de dos ciudadanos colombianos que se encuentran a la espera de una decisión sobre sus solicitudes de reconsideración de Permanencia Definitiva presentadas hace 4 y 2 años, respectivamente, y ordenó al Departamento de Extranjería y Migración a pronunciarse sobre las solicitudes pendientes dentro de tercero día.

Razonamiento y decisión de la Corte

Considerando Quinto: Que la acción constitucional de amparo, mecanismo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar la libertad personal y seguridad individual de las personas, mediante la adopción por parte de esta Corte de medidas inmediatas de resguardo o de providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de esa garantía. Así las cosas, constituyen requisitos indispensables de esta acción, la existencia, primero, de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, en sentido amplio, o que contravenga un mandato o prohibición constitucional o legal; segundo, que este acto ilegal afecte las garantías en cuestión en términos que, en general, signifiquen una privación, perturbación o amenaza para el amparado; y, tercero, que esta magistratura se encuentre en situación material y jurídica de poder adoptar las medidas inmediatas de resguardo o las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Considerando Sexto: Que, en la especie, sobre la existencia de la omisión que motiva el recurso, no existe discusión, encontrándose entonces establecido que la recurrida no ha emitido pronunciamiento sobre las solicitudes de reconsideración presentadas por los amparados en contra de las resoluciones que rechazaron sus solicitudes de permanencia definitiva, y que las mismas datan del 25 de septiembre de 2018 respecto de S.M.O. y 3 de noviembre de 2016 respecto de M.D.R., manteniéndose hasta la fecha pendientes y en tramitación tales solicitudes.

Considerando Séptimo: Que no se cuestionan las facultades y competencia de la recurrida para resolver sobre los recursos administrativos presentados por los amparados, sino la oportunidad para hacerlo, dado el tiempo transcurrido desde las respectivas presentaciones.

Considerando Octavo: Que la Ley 19.980 regula los procedimientos administrativos, consagrando entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8) y, en concordancia con ello, el artículo 27 dispone que los procedimientos no podrán exceder de seis meses contados desde su iniciación, que en la especie aparecen infringidos, desde que no se ajusta a la legalidad mantener pendiente el pronunciamiento sobre solicitudes de reconsideración presentadas hace más de dos años, pues con ello evidencia el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, y finalmente la expedición del acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

Considerando Noveno: Que la omisión ilegal en que ha incurrido la administración, perturba la libertad personal de los amparados y también su seguridad individual como presupuesto de la primera, pues no obstante encontrase suspendidos los efectos de las Resoluciones Exentas que rechazan sus solicitudes de permanencia- por lo que su residencia en Chile es regular- la omisión de la recurrida, hace que su situación sea incierta, obstaculizando sus planes futuros, impidiendo su desarrollo familiar, profesional, y laboral, desde que no saben si podrán quedarse en el país o tendrán que abandonarlo.

Considerando Décimo: Que, en tales condiciones, el recurso debe ser acogido, para el sólo efecto que la recurrida emita dentro de tercero día pronunciamiento sobre las solicitudes pendientes de las personas en cuyo favor se recurre.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se acoge el recurso de amparo interpuesto en favor de S.M.O. y M.D.R., y se dispone que la recurrida debe resolver los recursos de reconsideración de los recurrentes dentro del plazo de tercero día, desde que se le comunique esta sentencia.

Corte de Apelaciones de Santiago – Rol N° Amparo 1749-2020

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