La modificación propuesta consiste en incorporar como formas alternativas de realizar la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, dos formas de notificación ya conocidas en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la notificación por carta y la notificación por correo electrónico. Así, se adecuaría la legislación migratoria a las posibilidades de notificación disponibles para otros procedimientos tanto judiciales como administrativos.

Dicha incorporación garantizaría plenamente el debido proceso toda vez que, la persona extranjera siempre será notificada del inicio del procedimiento y de los derechos y obligaciones que le asisten, a la vez que pone en línea a este procedimiento administrativo con los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública y los nuevos medios de comunicación disponibles que han permitido superar una serie de inconvenientes que se generan en las sociedades modernas y cuyas soluciones la administración debe ir adoptando.