Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo es una acción que puede ser deducida a favor de toda persona que se hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en lo expositivo precedente, en el recurso deducido en la especie se pretende que se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores a dejar sin efecto la decisión de cerrar y rechazar la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del amparado R.Z., a fin de que a través de la Sección Consular de Chile en Venezuela, lo cite a la entrevista de rigor y cumplidos los requisitos establecidos, otorgar la visa solicitada, emitiendo el salvoconducto respectivo en caso de que al momento de ser estampada la visa, el cierre de fronteras decretado en Chile continúe, con el fin de que puedan viajar a Chile y se materialice la reunificación familiar con su esposa, doña M.C.C.R., y sus hijas, M.C.R.C. y M.A.R.C..

Sostiene la recurrente que la petición de dichos documentos se hallaba en trámite, cuando recibió un correo electrónico, de carácter masivo, donde se informaba el cierre del procedimiento de solicitud de visas, a propósito del cierre de fronteras como motivo de la emergencia sanitaria, situación que impide el libre desplazamiento de su padre hacia Chile, impidiéndole reunirse con su mujer y sus dos hijas, que ya se encuentra en el país.

TERCERO: Que informando por el recurrido, el Embajador, Director General de Asuntos Consulares Inmigración y Chilenos en el Exterior, indicó , que en el caso materia de autos no es que se haya negado el otorgamiento de la visa mencionada, sino que se suspendió el procedimiento de otorgamiento, ya que éste importaba un fase de atención presencial en el Consulado de Chile en Venezuela, lo que no fue posible realizar dadas las medidas sanitarias, que detalla, y que se adoptaron por las autoridades de dicho país, más aún que se trata de gran cantidad de peticiones las recibidas en dicha legación, y que una vez que sean flexibilizadas tales medidas restrictivas, se continuará con la atención de público, pero en forma restringida y guardando la normativa dictada en ese país con motivo de la emergencia sanitaria, y, asimismo, teniendo en cuenta las capacidades humanas y estructurales limitadas de dicha representación consular.

Aduce, que en Chile se cerraron todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional, y, recientemente, mediante Decreto N° 82, de 1 de abril de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso, a partir del 5 de abril de este año, el cierre de fronteras durante ese mes para efectos de enfrentar la pandemia, restringiéndose los viajes al extranjero por treinta días, tanto para los ciudadanos chilenos como para los extranjeros residentes, salvo excepciones calificadas que allí se norman, mirando siempre el interés general del país, medida que fue extendida hasta el 31 de mayo de 2021, mediante Decreto N° 99, de 28 de abril de 2021, de la misma cartera, que extiende la vigencia del Decreto Supremo N° 102, de 2020, del citado ministerio, que dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por brote del nuevo coronavirus (2019- NCOV).

CUARTO: Que, según aparece de autos, esta Corte no cuenta con el texto preciso del mencionado correo masivo que, supuestamente, impediría la obtención de las denominadas Visas de Responsabilidad Democrática (exigidas por nuestro país) y relativas al padre de la recurrente.

Sin embargo, de lo expuesto en el recurso y de lo consignado en el informe recién citado, fluye que ese correo existió, empero que no se trataría de uno que clausure administrativamente las posibilidades de obtención de las visas, sino que se refiere a la comunicación de una paralización transitoria, entretanto se regulariza el funcionamiento del Consulado de Chile en Puerto Ordaz, cuya normalidad de atención a usuarios se ha visto afectada, por largo tiempo, por las normas sanitarias y de orden público dictadas en Venezuela, y de que da cuenta detalladamente el aludido informe.

Y lo recién dicho, además, en estricta vinculación con las medidas que ha adoptado la autoridad administrativa de nuestro país – y que son de público conocimiento-, que ha redundado en el cierre temporal de nuestras fronteras, impidiéndose con ello el libre tránsito de connacionales y de extranjeros.

QUINTO: Que, entonces, no existe aquí un acto administrativo terminal propiamente dicho, en los términos de la Ley 19.880, situación que, desde luego, conduce razonablemente a concluir que no se ha impedido, en forma definitiva, el ingreso al país al amparado.

Sin embargo, y en base principalmente al principio de reunificación familiar reconocido en el artículo 9° de la Ley 20.430 – aplicable en la especie por analogía-, así como el deber de resguardo de la familia que dispone el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, impone al Estado de Chile, luego de haber otorgado visa a la cónyuge e hijas del amparado, no ser el causante o responsable de impedimentos u obstáculos injustificados y/o arbitrarios de orden administrativo y burocrático que entorpezcan o dificulten más allá de lo razonable, la reunión de ellas y sus padres.

SEXTO: Que en un caso análogo, la Excma. Corte Suprema en sentencia de 18 de mayo de 2021, dictada en casa rol N° 33.951 – 2021, ha se alado que: “esos impedimentos u obstáculos carentes de motivación y razonabilidad se observan en la especie, desde que no se atiende a la circunstancia de la titularidad de Visa de Responsabilidad Democrática por parte de los padres de los niños Moreno León y la tramitación de los permisos de residencia definitiva respecto a ellos” y agrega, “Que, así las cosas, siendo la Administración responsable de la separación familiar de los amparados y sus padres, por causas que no resultan aceptables, este Tribunal adoptará las medidas necesarias para reparar la afectación de los derechos vulnerados.”.

SÉPTIMO: Que en estas condiciones y atendida la gravedad de la medida administrativa de obstaculizar el otorgamiento de la Visa de Responsabilidad Democrática que impide el ingreso al país del amparado para la reunificación familiar, requiere que los argumentos expuestos en la resolución impugnada excedan de los aspectos puramente formales, convirtiéndola en una actuación arbitraria, carente de razonabilidad suficiente en relación con la relevancia de la medida adoptada.

OCTAVO: Que, entonces, el remedio al acto arbitrario antes referido, se traduce en que la autoridad administrativa, en este particular caso, debe adoptar las medidas más eficientes y eficaces para entregar, en el menor tiempo posible, una respuesta precisa y clara sobre la petición de obtención de la mencionada visa de ingreso al país, porque mantener en el caso del amparado una situación prolongada de incertidumbre, importa, como es de toda evidencia, impedirles en los hechos, la reunificación familiar, mediante su libre tránsito hacia nuestro país, cumplidos que sean, dentro de un término razonable, los trámites de rigor.

Y de frente a la situación descrita -y en las peculiares circunstancias anotadas-, no ha habido una respuesta oportuna de la respectiva autoridad administrativa, lo que deviene en un escenario de ilegalidad, razón por la que se hará lugar, sin mayores dilaciones, al amparo impetrado y de la forma que se pasar a indicar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Decreto ley N° 1.094, de 1975; se acoge el recurso de amparo de autos, dejándose sin efecto la resolución que dispuso el rechazo de la visa de responsabilidad democrática pedida en favor del amparado L.A.R.Z. y, consecuencialmente, se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela continúe con la tramitación ya iniciada, adoptando, dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles administrativos, todas las medidas que fueren del caso para continuar con la tramitación de la denominada Visa de Responsabilidad Democrática relativas a la situación de reunificación familiar formulada, debiendo dar una respuesta precisa y clara, a la solicitud efectuada en tal sentido.

El señor Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá informar oportunamente a esta Corte, de las medidas adoptadas con motivo de lo resuelto precedentemente.

Comuníquese, en su oportunidad y por la vía más expedita, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro titular don Carlos Aldana Fuentes.

Rol N° 186-2021 Amparo.-