Proyecto busca permitir que extranjeros condenados cumplan penas en sus países
El Senado de Chile está considerando una importante reforma constitucional que podría cambiar significativamente el tratamiento de personas extranjeras condenadas en el país. La iniciativa, presentada por los senadores Paulina Núñez, Gustavo Sanhueza, José Miguel Durana, Rafael Prohens y Enrique Van Rysselberghe, propone modificar la Carta Fundamental para permitir que extranjeros condenados por delitos puedan cumplir sus penas en sus países de origen o en terceros Estados, cuando existan tratados internacionales que lo permitan.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
El Boletín N° 18.057-07 busca incorporar un nuevo inciso al artículo 19 número 7 literal d) de la Constitución Política, estableciendo que las personas extranjeras condenadas por sentencia firme podrán cumplir su pena en su país de origen o en otro Estado con el cual Chile haya suscrito un tratado o acuerdo internacional vigente que contemple esta posibilidad.
Esta modificación constitucional operaría siempre en conformidad con la ley y con pleno respeto de los derechos fundamentales del condenado, estableciendo un marco legal claro para la transferencia internacional de personas privadas de libertad.
Fundamentos de la iniciativa
Los senadores que impulsan este proyecto argumentan que la creciente movilidad global de personas, junto con el principio de humanidad que inspira el derecho penal moderno, hacen necesaria una revisión de las normas que rigen el cumplimiento de penas privativas de libertad para extranjeros.
La propuesta reconoce que permitir el cumplimiento de condenas en el país de origen puede facilitar significativamente la reinserción social del condenado, al desarrollarse en un entorno familiar, cultural y lingüístico más favorable. Este aspecto es fundamental desde la perspectiva de la rehabilitación, uno de los objetivos centrales del sistema penal chileno.
Garantías y derechos fundamentales
Un aspecto crucial de la propuesta es que toda transferencia deberá contar con el consentimiento libre e informado del condenado y requerirá una decisión judicial, garantizando así el principio de legalidad. No se trata, por tanto, de una imposición automática, sino de una alternativa que respeta la voluntad y los derechos de la persona condenada.
Los promotores del proyecto subrayan que la iniciativa se alinea plenamente con el principio de igualdad ante la ley, la protección de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana, valores consagrados tanto en la Constitución chilena como en tratados internacionales ratificados por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Impacto en el sistema penitenciario
Más allá de los beneficios individuales para los condenados, el proyecto contempla un impacto positivo en el sistema penitenciario chileno. Se espera que esta medida contribuya a reducir la presión sobre las cárceles nacionales, permitiendo una mejor gestión de los recursos penitenciarios y mejorando las condiciones generales del sistema.
Adicionalmente, la reforma fortalecería la cooperación jurídica internacional de Chile, insertando al país en las mejores prácticas internacionales en materia de justicia penal y tratamiento de personas privadas de libertad.
Contexto internacional
La transferencia de personas condenadas a sus países de origen no es un concepto novedoso en el derecho internacional. Diversos países han suscrito tratados bilaterales y multilaterales que permiten este tipo de traslados, reconociendo que la rehabilitación y reinserción social son más efectivas cuando se realizan en el contexto cultural propio del condenado.
Chile ya ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación judicial, y esta reforma constitucional vendría a dar un marco constitucional explícito a estas posibilidades, eliminando eventuales dudas sobre su compatibilidad con la Carta Fundamental.
Perspectivas y próximos pasos
El proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Como toda reforma constitucional en Chile, requerirá un quórum especialmente alto para su aprobación, lo que garantiza un amplio debate y consenso político antes de su eventual promulgación.
Los senadores proponentes consideran que esta modificación representa un avance significativo en materia de derechos humanos, justicia penal y cooperación internacional, elementos que sin duda serán objeto de análisis durante la discusión parlamentaria.
Esta iniciativa refleja una tendencia moderna del derecho penal hacia sistemas más humanos y orientados a la reinserción social, al tiempo que reconoce las realidades de un mundo cada vez más globalizado donde la movilidad internacional es una constante. El equilibrio entre la seguridad pública, los derechos de los condenados y la eficiencia del sistema penitenciario será clave en el debate que se avecina.
