Primero: Que comparece el abogado don Marco Antonio Valdés Merino, en favor de doña J.E.M., británica, quien dedujo acción de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y de la Sección Consular de Chile en Yakarta, por el acto arbitrario e ilegal que le privó el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 en sus números 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Reseña que doña J.E.M. obtuvo permiso de permanencia definitiva en Chile, por medio de la Resolución Exenta N° 49.033 dictada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 9 de mayo de 2013 y que conforme el certificado de viajes emitido por el Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones de 24 de agosto de 2020 registra su última salida del territorio nacional el 21 de agosto de 2019, con destino a Australia, encontrándose, actualmente, en Bali, Indonesia.

Explica que es de público conocimiento que durante la segunda quincena del mes de diciembre de 2019 se produjo un brote, iniciado en la República Popular China, de un virus denominado COVID-19 que perdura hasta la fecha, detallando los diversos coronavirus y sus efectos del SARS-CoV y el MERS-CoV. Indicó que debido a los niveles de propagación y gravedad de la enfermedad, el 20 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Refiriéndose luego a el cuadro clínico que provoca en los afectados como fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía, señala que una condición agravada puede requerir incluso hospitalización y que puede culminar con la recuperación del paciente o su fallecimiento, dando cifras de personas contagiadas y muertas en el mundo y en Chile, indicando que no existía cura o vacuna para la enfermedad.

Manifiesta que en razón de la pandemia declarada y para no arriesgar su salud luego de salir del país, decidió posponer su retorno hasta que el virus fuera contenido. Empero el artículo 84 del Decreto N° 597 de 1984 que fija el Reglamento de Extranjería, prescribe que los extranjeros que permanezcan fuera de Chile por un plazo superior a 1 año ininterrumpido, perderán sus permisos de permanencia definitiva por revocación tácita, por lo que, debía ingresar a Chile antes de las 00:00 horas del 22 de agosto de 2020. Aunque, la misma disposición entrega la posibilidad de solicitar una prórroga con el fin de evitar la revocación, la que debe ser solicitada en el consulado chileno más cercano, dentro de los 60 días anteriores a la fecha en que se cumpla el plazo superior a un año ininterrumpido fuera del territorio nacional.

Debido a lo anterior es que el 23 de mayo de 2020 se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Sección Consular de Chile en Yakarta preguntando sobre el proceso y requisitos para obtener la prórroga, recibiendo una respuesta el 28 del mismo mes, donde se le pedía enviar, de manera previa, una copia de su pasaporte, su cédula de identidad extranjero, certificado de permanencia definitiva extendido por el Ministerio del Interior Departamento de Extranjería y Migración y una copia del timbre en que conste la última salida de Chile controlada por la Policía de Investigaciones y, que, una vez recibidos, por la misma vía se le explicaría el proceso a seguir para obtener la prórroga de su permanencia definitiva.

Relata que envió los documentos requeridos mediante correos electrónicos de 5 y 9 de junio de 2020 y que luego la Sección Consular de Chile en Yakarta le comunicó que, tras la revisión de la documentación, el próximo paso era concurrir, personalmente, al consulado de Chile en Yakarta, portando la documentación enviada en las misivas electrónicas.

Explica que el 29 de julio de 2020 envió un nuevo correo electrónico a la Sección Consular de Chile en Yakarta, debido a la dificultad de encontrar vuelos desde Bali hacia Yakarta, para que le informaran la fecha consideraba como último día para solicitar la prórroga de su permanencia definitiva, acordándose, luego de otra serie de comunicaciones que debía presentarse el 18 de agosto de 2020 a las 10:00 horas.

El día señalado se apersonó y al ser atendida por funcionarios de la Sección Consular, se le solicitó que exhibiera de manera física los documentos que había enviado por correo electrónico, teniendo a la vista copia de la hoja del pasaporte en que consta el timbre de la última salida de la recurrente desde Chile, los funcionarios le solicitaron mostrar materialmente el pasaporte en que se encontraba el timbre, lo que no pudo hacer porque en septiembre de 2019 obtuvo uno nuevo, ya que el anterior donde se encontraba el timbre estaba dañado, pero que tenía a disposición las copias del antiguo.

Enseguida se le requirió proporcionar una carta que contuviera los motivos por los cuales se encontraba imposibilitada de viajar a Chile antes del cumplimiento del plazo. Tras su lectura, los funcionarios de la sección consular le indicaron que la pandemia COVID-19 no se consideraba una causa justificada para no viajar a Chile antes del plazo indicado, por lo que, verbalmente, le informaron que su solicitud de prórroga de permanencia definitiva no sería acogida a trámite y que debía viajar a Chile antes de las 00:00 horas del 22 de agosto de 2020, para no perder su permiso de permanencia definitiva por revocación tácita. Aunque solicitó que esa decisión le fuese comunicada por escrito, su petición fue rechazada.

Por todo lo anterior considera que se han conculcado sus garantías constitucionales, refiriéndose en primer lugar, la igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, resaltando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, sosteniendo entonces que la posibilidad que tiene todo extranjero titular de permanencia definitiva en Chile para solicitar una prórroga de la misma y así evitar su revocación tácita se encuentra establecida en el artículo 84 del Reglamento de Extranjería, que autoriza su otorgamiento para quienes se encuentren impedidos de retornar a Chile en el plazo indicado, por razones de estudio, enfermedad u otra causa justificada, normas que fija el plazo para la solicitud.

Argumenta, en este sentido, que concurrió a las dependencias consulares con el objeto de solicitar la prórroga, presentando todos los documentos requeridos por la Sección Consular por correo electrónico. Sin embargo, aún después de exhibir materialmente la documentación, los funcionarios resolvieron no acoger a tramitación la solicitud de la recurrente, indicándole que la documentación presentada no era suficiente y tampoco razón suficiente la esgrimida por la recurrente para no viajar a Chile antes del vencimiento del plazo, que no era otra que el brote del COVID-19, declarada pandemia por la OMS y contra la cual no existe cura o vacuna, lo que fue comunicado verbalmente el 18 de agosto de 2020, sin emitirse decisión por escrito en que constara una fundamentación formal de parte de la autoridad; y aunque no pudo mostrar, por encontrarse imposibilitada para ello, el pasaporte, no puede exigírsele algo imposible.

Afirma que el acto de la Sección Consular de Chile en Yakarta, por el cual decidió no acoger a trámite la solicitud de prórroga de permanencia definitiva es claramente arbitrario y vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, puesto que la recurrente cumplía con todos los requisitos para obtener la prórroga, pero por razones ajenas a las contempladas en la ley, la autoridad decidió no acoger a tramitación su solicitud por mero capricho.

Asevera que si la copia de la hoja del pasaporte en que constaba la última salida de Chile no era suficiente para la autoridad y ante la imposibilidad en que se encontraba la recurrente de poder exhibir el pasaporte en que constaba, la Sección Consulta cuenta con otra manera de verificar la fecha de la última salida del país, como es el certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones, documento en que se detallan todas las entradas y salidas de una persona dentro de un período determinado, donde consta que ésta se produjo el 21 de agosto de 2019, el que se encuentra en su poder, por lo que conforme puede eximirse de presentarlo conforme lo autoriza el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880.

Afirma que la decisión adoptada por la autoridad no satisface las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de una decisión no arbitraria, al desatender completamente las circunstancias personales de la recurrente.

Junto con lo anterior, indica que el actuar de la recurrida no es sólo arbitrario, sino que deviene también en ilegal, por cuanto se vulneran las disposiciones de la Ley N° 19.880 aplicable supletoriamente y específicamente sus artículos 4, 5, 8, 11 inciso 2°, 41 inciso 4° y 45, toda vez que la decisión adoptada fue comunicada en forma verbal, sin expresarse los hechos y fundamentos de Derecho para no acoger a tramitación o para rechazar la solicitud, debiendo haberlo hecho al afectarse derechos de particulares, privándola de prorrogar su permanencia definitiva, sufriendo como consecuencia de ello la revocación tácita de su permiso.

Luego de citar el artículo 19 N° 1 de la carta fundamental, arguye que producto del actuar de la Sección Consular, se produjo la vulneración de esa garantía pues no tuvo otra opción que viajar a Chile desde Indonesia, en menos de 3 días, a fin de evitar perder su permiso de permanencia definitiva, poniéndose en riesgo su vida al exponerla a un eventual contagio por COVID-19. A ello se suma que si, eventualmente, hubiese podido encontrar un vuelo con destino a Chile en tan corto período de tiempo, tampoco tenía certeza que se hubiese efectuado, pues a raíz de la pandemia, muchas aerolíneas cancelan sus vuelos sin previo aviso. Agrega, además, que se expuso a un eventual contagio al viajar desde Bali a Yakarta y de Yakarta a Bali, con el sólo fin de presentarse en las dependencias de la sección consular a solicitar la prórroga.

Indica asimismo que se ha conculcado el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente incisos 1° y 6°, esto es, ya que al no acoger la solicitud de prórroga sin emitir resolución que cumpliera los estándares de fundamentación exigidos en la Ley N° 19.880, se produjo indefensión al no contemplarse procedimiento alguno que le permita una adecuada defensa de sus derechos en sede administrativa en forma previa a la interposición de la sanción contemplada en el artículo 84 del Reglamento de Extranjería.

Como consecuencia del actuar arbitrario e ilegal de la Sección Consular, se la priva del ejercicio de un derecho adquirido el año 2013, el permiso de permanencia definitiva en Chile, obligándola a reiniciar su proceso de residencia en este país desde cero, luego de casi 10 años de residencia en territorio nacional desde la fecha de la primera visa, luego de aportar al país económica y culturalmente, de haber adquirido bienes inmuebles en el país y de tener una vida estable en este país, se le obliga a tener que solicitar un permiso de residencia temporal por primera vez, cumplir con los requisitos de residencia y documentación exigida para optar nuevamente a ella, soportando nuevos costos y largos tiempos de espera, todo con un resultado incierto.

Finaliza solicitando que se declare el actuar arbitrario e ilegal por parte de la autoridad recurrida, adoptar las providencias que para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente, ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección Consular de Chile en Yakarta acoger a tramitación la solicitud de prórroga del permiso de permanencia definitiva de la recurrente y, en definitiva, extender su vigencia por 1 año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Extranjería, con costas.