Artículo Único. – Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad:

1) Sustitúyese, en el artículo 33, la expresión “decreto supremo N°2.442, de 1926, del Ministerio de Justicia, Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.” las dos veces que aparece, por la siguiente expresión: “Reglamento del decreto ley Nº321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.”.

2) Incorpórase, en el Párrafo 2° del Título V, un artículo 33 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 33 bis.- Respecto de las personas extranjeras, el tribunal, a petición de la persona condenada, podrá igualmente disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la pena sustitutiva de expulsión, regulada en el artículo 34 de esta ley, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la sanción impuesta a la persona condenada fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior;

b) Que, al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, la persona no registrare otra condena por crimen o simple delito;

c) Que la persona hubiere cumplido al menos un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva;

d) Que la persona condenada hubiere observado un comportamiento calificado como «muy bueno» o «bueno» en los tres bimestres anteriores a su solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del decreto ley Nº321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad; y

e) Que la persona condenada se haya sometido al proceso de identificación decadactilar y documental que realiza el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En el caso de que la persona solicitante tuviere residencia legal en el país, el tribunal solicitará un informe técnico al Servicio Nacional de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería, para evaluar la conveniencia de conceder la sustitución, considerando, especialmente, las obligaciones que pudiere tener respecto de las personas señaladas en los numerales 5 y 6 de dicho precepto, las que podrán ser oídas en la audiencia a la que se refiere el inciso siguiente.

El tribunal citará a los intervinientes y a las personas indicadas en el inciso anterior, según corresponda, a audiencia, en la que examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá.

Una vez realizada la solicitud, el tribunal oficiará a la Policía de Investigaciones de Chile, quien deberá, desde el momento de la recepción del oficio, adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de la persona condenada, sin perjuicio de que pueda adoptarlas desde el momento de la condena.

Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse a la Policía de Investigaciones de Chile para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena y se ordenará la internación de la persona condenada hasta la ejecución de la misma, debiendo informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.

La persona extranjera condenada a la que se le aplicare esta pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena.

En caso de que la persona condenada regresare al territorio nacional dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

No procederá la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta regulada en este artículo para las personas condenadas por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Párrafo V bis del Título octavo del Libro Segundo del Código Penal.”.

3) Elimínase, en el inciso primero del artículo 34, la siguiente oración: “los delitos cometidos con infracción de la ley Nº20.000 y de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de”.