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Circular N° 14/2026 del Registro Civil: el nuevo escenario para los hijos de extranjeros transeúntes

Thu, 23 Apr 2026 19:55:53 +0000

Recientemente, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile dictó una nueva Circular (N° 014/2026) que actualiza la información e instrucciones sobre la inscripción de nacimiento con anotación de hijo de extranjero transeúnte, a la luz de lo establecido en el N° 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

Artículo 10.- Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;
2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;
3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y
4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.

Este cambio es relevante porque modifica la forma en que deben analizarse estos casos al momento de inscribir a un niño o niña nacido en Chile, especialmente cuando alguno de sus padres se encuentra con permiso de permanencia transitoria o en una situación migratoria que puede generar dudas.

Hasta antes de esta actualización, la discusión sobre si una persona debía ser considerada extranjera transeúnte estaba mucho más ligada a una evaluación más amplia de las circunstancias del caso. En la práctica, podía atenderse a antecedentes como la permanencia prolongada en Chile, la existencia de vínculos familiares, el trabajo, la escolaridad de los hijos o cualquier otro elemento que permitiera inferir un ánimo de residencia.

Con la nueva Circular, en cambio, el Registro Civil fija un criterio más acotado: debe concentrarse principalmente en la situación migratoria objetiva de los padres al momento del nacimiento, en especial en si se encontraban bajo permanencia transitoria y dentro del plazo de vigencia de ese permiso.

Esto significa que el Oficial Civil ya no debe valorar, por sí mismo, la intención de los padres de permanecer en Chile, pues la Circular indica expresamente que ese elemento subjetivo no debe ser probado ante el Registro Civil. En consecuencia, tampoco corresponde recibir ni analizar antecedentes destinados a acreditar ánimo de residencia, como contratos de trabajo, contratos de arriendo o promesas de compraventa. La instrucción es revisar únicamente los documentos migratorios que la propia circular contempla para acreditar la situación de los padres: el pasaporte con el timbre de ingreso al país, o bien el documento de identidad acompañado de la Tarjeta Única Migratoria o tarjeta de turismo. A partir de esos antecedentes, el Oficial Civil debe verificar si el nacimiento ocurrió durante la vigencia de una permanencia transitoria; y, si ello es así, corresponde inscribir al niño o niña como hijo de extranjero transeúnte.

En estos casos, la Circular agrega además una instrucción relevante respecto del rubro “Observaciones” de la inscripción. Allí debe dejarse constancia de que se informó a los padres cuál es la nacionalidad que, según el artículo 10 N° 1 de la Constitución, corresponde asignar al inscrito al momento de practicar la inscripción, y también del derecho que les asiste para solicitar un pronunciamiento al Servicio Nacional de Migraciones si no están de acuerdo con esa conclusión. Esta anotación cobra especial importancia cuando los padres manifiestan oposición o disconformidad con que el niño o niña sea inscrito como hijo de extranjero transeúnte, ya que permite dejar registro formal de esa discrepancia y de que fueron debidamente informados sobre la vía administrativa disponible para impugnar o revisar la calificación. La propia Circular sugiere incluso fórmulas concretas para estos casos, como dejar consignado que el requirente se opone a la constancia de la calidad de extranjero transeúnte del inscrito y que se le informó de su derecho a acudir al Servicio Nacional de Migraciones, ya sea en Santiago o ante las Delegaciones Presidenciales Provinciales en regiones.

Si los padres no están conformes con la inscripción, existen vías para revisar esa decisión. Una de ellas es solicitar un pronunciamiento de nacionalidad al Servicio Nacional de Migraciones, organismo que la ley reconoce como competente para resolver, en caso de duda, la calidad migratoria de una persona extranjera.

Otra vía es la reclamación de nacionalidad ante la Corte Suprema, cuando exista un acto administrativo que prive o desconozca la nacionalidad chilena del niño o niña. Esta acción, consagrada en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, debe interponerse dentro del plazo de 30 días y permite que el máximo tribunal revise si, en realidad, corresponde o no aplicar la excepción constitucional del hijo de extranjero transeúnte.

Artículo 12.- La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

La Corte Suprema ha sostenido en varios fallos que el análisis no debe ser puramente formal. Aunque la Circular apunta a un criterio más administrativo y objetivo, la Corte ha reiterado que el concepto de extranjero transeúnte debe entenderse también a la luz del ánimo de residencia o permanencia. Por eso, en sus decisiones suele examinar si los padres estaban verdaderamente de paso o si, por el contrario, ya habían formado una vida estable en Chile. En ese análisis, pueden ser relevantes los estudios, el trabajo, la atención de salud, la residencia efectiva y otros antecedentes que demuestren arraigo.

En conclusión, la Circular deja al Oficial Civil con un rol más acotado y meramente verificatorio: debe constatar si, al momento del nacimiento, los padres tenían o no la calidad de extranjeros transeúntes según los antecedentes migratorios disponibles. El análisis de fondo sobre el arraigo, la residencia efectiva y la correcta aplicación de esa categoría queda entregado al Servicio Nacional de Migraciones y, en última instancia, a la Corte Suprema.

Fuente: Circular N° 014/2026 – Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile – Actualiza información e instrucciones sobre la inscripción de nacimiento con Anotación de Hijo de extranjero transeúnte, Art. N° 1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

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Corte Suprema ordena reabrir procedimiento de residencia temporal y habilitar página web del Servicio Nacional de Migraciones para subsanar documentación no acompañada por falla técnica imputable al propio Servicio

Sun, 22 Mar 2026 15:14:21 +0000

La Corte Suprema, en causa Rol N° 40.519-2025, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones, dejando sin efecto Resolución Exenta que rechazó una solicitud de residencia temporal por no acreditar solvencia económica del empleador. La Corte ordenó reabrir el procedimiento y habilitar la página web del Servicio Nacional de Migraciones para que la recurrente pueda acompañar la documentación requerida.

Antecedentes de la causa

El Servicio Nacional de Migraciones requirió documentación adicional sobre solvencia económica del empleador de la solicitante de residencia temporal. Ante dificultades para adjuntar los documentos a través del portal web del propio Servicio, la recurrente reportó el problema mediante el sistema de tickets de ayuda los días 5 y 6 de marzo de 2025, sin obtener respuesta adecuada. El Servicio rechazó la solicitud de residencia temporal mediante Resolución Exenta de fecha 23 de abril de 2025, por no haberse presentado la documentación requerida.

Posición de la recurrente

La recurrente sostuvo que intentó oportunamente acompañar la documentación exigida por el Servicio Nacional de Migraciones, pero no pudo hacerlo debido a un problema técnico en la propia página web del organismo, que no tenía habilitado el módulo para subir los antecedentes requeridos. Reportó el inconveniente a través del sistema de tickets del Servicio sin recibir solución. Estimó que el rechazo de su solicitud era arbitrario e ilegal, vulnerando su derecho establecido en el artículo 20 de la Constitución, al fundarse en una omisión que no le era imputable.

Posición de la recurrida

El Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que el rechazo de la solicitud de residencia temporal se ajustó a derecho, conforme al artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que exige acreditar solvencia económica suficiente del empleador para efectuar la contratación. Sostuvo que era responsabilidad de la solicitante adjuntar todos los antecedentes requeridos, agotando diligentemente los mecanismos disponibles para hacerlos llegar al servicio, lo que, a su juicio, no fue debidamente acreditado.

Decisión de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 29 de agosto de 2025, rechazó el recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. Estimó que la resolución que rechazó la solicitud de residencia temporal se ajustaba a la normativa vigente, en particular al artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo responsabilidad de la solicitante acompañar la documentación requerida. La sentencia fue posteriormente apelada ante la Corte Suprema.

Decisión de la Corte Suprema

La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección. Consideró que la recurrente no incurrió en desidia, sino que la imposibilidad de acompañar los documentos obedeció a causas no imputables a ella, específicamente una falla técnica en la propia página web del Servicio Nacional de Migraciones. Destacó que la recurrida desatendió el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° inciso 4° de la Constitución. Dejó sin efecto la Resolución Exenta y ordenó la reapertura del procedimiento administrativo, disponiendo que el Servicio habilite su página web para que la recurrente subsane la falta de documentos en un plazo de 60 días corridos, continuando la tramitación hasta la dictación de un nuevo acto terminal. La decisión fue acordada con voto en contra de un ministro.

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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto rechazo de residencia definitiva por no acreditación de pago de multa por residencia irregular

Thu, 19 Mar 2026 04:37:58 +0000

La Corte Suprema, en causa Rol N° 9.557-2026, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Amparo-590-2026) que dejó sin efecto el rechazo de una solicitud de residencia definitiva y la orden de abandono del país dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, fundada en la no acreditación del pago de la multa por residencia irregular. La Corte ordenó reabrir el procedimiento administrativo, otorgando un plazo de 90 días hábiles para acreditar dicho pago.

Posición del amparado

El amparado habría presentado oportunamente la documentación requerida, cumpliendo con los requisitos legales para mantener su permiso de residencia. Acredita conducta intachable, arraigo familiar con vínculos estables en Chile, integración social, afectiva y comunitaria, y ausencia de deudas fiscales o previsionales. Estima que la resolución que rechaza su solicitud y ordena el abandono del país es arbitraria e ilegal, vulnerando su derecho a la libertad personal y seguridad individual consagrado en el artículo 19 N°7 de la Constitución.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones

El Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que la persona extranjera postuló a la residencia definitiva encontrándose en situación irregular, pues su visa había vencido antes de la solicitud. Conforme al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, era exigible el pago de la multa por residencia irregular como requisito previo. El amparado fue notificado del previo rechazo y tuvo 10 días para formular descargos y acompañar documentación, lo que no ocurrió. La resolución impugnada fue dictada por autoridad competente y conforme a la normativa vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo, sin costas. Consideró que, si bien el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a la normativa al exigir el pago de la multa, la resolución impugnada resulta desproporcionada atendidas las circunstancias de arraigo familiar y social del amparado, acreditadas mediante certificado de nacimiento y cédula de identidad de su hija menor de edad. La orden de abandono del país constituía una amenaza a la libertad personal, susceptible de derivar en expulsión conforme al artículo 127 N°3 de la Ley N°21.325. En consecuencia, se dejó sin efecto la Resolución Exenta, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones reabrir el procedimiento administrativo y otorgar al amparado un plazo de 90 días hábiles para acreditar el pago de la multa, continuando con la tramitación de su solicitud. La decisión fue acordada con voto en contra de un ministro, quien estimó que la recurrida había aplicado correctamente la ley.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema, con fecha 17 de marzo de 2026, confirmó la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 24 de febrero de 2026, en el ingreso N°590-2026, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que consagra la acción de amparo para la tutela de la libertad personal y seguridad individual. La resolución no añade argumentos adicionales a los expuestos por la Corte de Apelaciones, limitándose a confirmar íntegramente lo resuelto. En consecuencia, se mantiene la orden de dejar sin efecto la Resolución Exenta y la obligación del Servicio Nacional de Migraciones de reabrir el procedimiento, otorgando el plazo de 90 días hábiles para acreditar el pago de la multa.

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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que dejó sin efecto rechazo de residencia definitiva por no pago de multa por residencia irregular y no haber acompañado documentación requerida

Sat, 21 Feb 2026 13:44:33 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 20 de febrero de 2026 (Rol N°4.532-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: La amparada ingresó a Chile de manera regular en abril de 2018, obteniendo sucesivas residencias temporales. Encontrándose con permiso vencido, presentó solicitud de residencia definitiva el 20 de abril de 2021. En junio de 2023, el Servicio le notificó electrónicamente la necesidad de acompañar documentación adicional y pagar la multa por residencia irregular conforme al artículo 107 de la Ley N°21.325. En octubre de 2024 se le notificó un previo rechazo, otorgándosele 10 días hábiles para presentar descargos. Al no cumplir con lo requerido, se dictó la Resolución Exenta el pasado 5 de diciembre de 2024, que rechazó la solicitud y ordenó el abandono del país en 10 días. La amparada alegó confusión respecto del procedimiento, señalando que en un momento se le indicó que existía duplicidad en su solicitud, y que nunca comprendió cabalmente los pasos a seguir. Al momento del amparo, acreditó siete años de residencia en Chile, contrato de trabajo vigente por tres años con el mismo empleador, cotizaciones al día, y ser madre de dos hijas, de 12 y 20 años, ambas estudiantes en el país.

Argumentos de la Corte de Apelaciones de Talca: El tribunal reconoció que la amparada no acreditó el pago de la multa ni acompañó los documentos requeridos. Sin embargo, estimó que no podía soslayarse el contexto particular: ingreso regular al país en 2018, reiterado otorgamiento de visas temporales por parte del propio Servicio —lo que evidencia cumplimiento histórico de requisitos legales—, y sólido arraigo laboral y familiar. En ese contexto, rechazar la residencia definitiva y ordenar el abandono del país fundándose exclusivamente en el incumplimiento de una sanción pecuniaria resultaba desproporcionado e ilegal, amenazando la libertad personal de la amparada.

Decisión: Tanto la Corte de Apelaciones de Talca como la Corte Suprema acogieron el amparo, dejando sin efecto la resolución impugnada y disponiendo la retrotracción del procedimiento administrativo con instrucciones precisas: (i) dentro de 10 días, el Servicio debe citar personalmente a la amparada a su oficina regional para comunicarle los documentos requeridos y el monto exacto de la multa, otorgando un plazo no inferior a 60 días hábiles para cumplir; (ii) cumplido lo anterior, el Servicio deberá dictar resolución fundada dentro de 90 días hábiles.

Fuente: Corte de Apelaciones de Talca, Rol N° Amparo-68-2026 / Corte Suprema, Rol N° 4532-2026.

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Corte Suprema confirma sentencia de Corte de Apelaciones de Temuco que dejó sin efecto rechazo de residencia temporal por no pago de multa por días de residencia vencida

Fri, 20 Feb 2026 14:27:00 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 19 de febrero de 2026 (Rol N°4.097-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad peruana.

Antecedentes del caso: El Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada mediante Resolución Exenta de 30 de julio de 2025, ordenando su abandono del país, por no haber acompañado oportunamente el comprobante de pago de la multa por días de residencia vencida. La recurrente alegó haber realizado reiteradas gestiones ante el programa Sello Migrante de la Municipalidad de Temuco, sin recibir orientación clara ni apoyo efectivo para cargar el documento en la plataforma digital, llegando incluso a formalizar un reclamo administrativo por negligencia de una funcionaria. Adicionalmente, señaló ser madre de una niña chilena nacida en 2022, respecto de quien ejercía el cuidado personal, sin que la resolución impugnada considerara su arraigo familiar ni el interés superior de la menor.

Argumentos de la Corte de Apelaciones de Temuco: El tribunal constató que, si bien el rechazo se fundó en la falta del comprobante de pago al momento de resolver, la multa había sido posteriormente rectificada por el propio Servicio y pagada íntegramente por la amparada el 18 de agosto de 2025 —apenas 19 días después de la resolución de rechazo—, siendo registrado oficialmente dicho pago por el Departamento de Finanzas del Servicio mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2025. Este antecedente decisivo no fue ponderado por la autoridad al mantener vigente la orden de abandono, lo que hizo que dicha orden careciera de razonabilidad. El tribunal precisó que el amparo no es la instancia para resolver sobre la procedencia del permiso de residencia, pero sí habilita a ordenar la retrotracción del procedimiento para que la autoridad emita un nuevo pronunciamiento fundado que considere expresamente el pago acreditado.

Decisión: Tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como la Corte Suprema acogieron el recurso, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones retrotraer el procedimiento administrativo y emitir un nuevo pronunciamiento de fondo que considere el pago de la multa por permanencia irregular efectuado por la amparada.

Fuente: Corte Suprema, Rol N°4.097-2026 / Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° Amparo-14-2026.

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Corte Suprema revoca resolución que rechazó solicitud de residencia temporal por la no presentación de Certificado de Antecedentes Penales

Fri, 20 Feb 2026 14:11:03 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 19 de febrero de 2026 (Rol N°4.102-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana.

Antecedentes del caso: El pasado 13 de agosto de 2025, la autoridad migratoria dictó Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada y ordenó su abandono del país. El fundamento del rechazo fue la no presentación de la totalidad de los antecedentes requeridos por la autoridad migratoria (Certificado de Antecedentes Penales del país de origen).

Argumentos de la Corte: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho de la amparada a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325, que obliga al Estado a proteger y respetar los derechos humanos de los extranjeros en Chile sin importar su condición migratoria, y a asegurar criterios de admisión no discriminatorios. Asimismo, estimó infringido el artículo 7 de la misma ley, que impone al Estado el deber de promover que los extranjeros obtengan las autorizaciones de residencia necesarias para su estadía y el ejercicio de sus derechos.

La Corte concluyó que rechazar la solicitud sin otorgar previamente un plazo razonable para subsanar las falencias documentales carece de razonabilidad y proporcionalidad, afectando además la libertad personal de la amparada garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada, se acogió el recurso de amparo, se dejó sin efecto el acto administrativo impugnado y se ordenó a la repartición pública otorgar un plazo de 90 días para que la amparada presente la documentación correspondiente, tras lo cual deberá emitir pronunciamiento sobre su solicitud.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° Rol N°4.102-2026.

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Corte Suprema confirma rechazo de retiro de fondos AFP a trabajador extranjero por incumplimiento de requisitos documentales de la Ley N°18.156

Thu, 19 Feb 2026 15:08:15 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°4.383-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranjero —de nacionalidad venezolana— en contra de una AFP, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156.

Antecedentes del caso: El recurrente solicitó la devolución de sus cotizaciones previsionales en Chile, argumentando cumplir con los requisitos del artículo 7° de la Ley N°18.156, que permite a trabajadores técnicos extranjeros recuperar sus fondos si acreditan estar afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen que cubra, a lo menos, los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para ello acompañó una «Constancia Electrónica de Cotizaciones» emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La AFP rechazó la solicitud por estimar que dicho documento no cumplía las exigencias formales vigentes.

Argumentos de la Corte: El tribunal constató que el sistema normativo aplicable —integrado por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de dicho organismo— exige que la certificación de cobertura previsional extranjera esté debidamente apostillada o legalizada, y que emane de la autoridad previsional competente del país de origen. La Corte citó expresamente el Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla carecen de valor probatorio, al igual que las declaraciones juradas notariales, pues solo la autoridad previsional extranjera tiene competencia para certificar la cobertura.

Respecto al argumento del recurrente sobre la imposibilidad material de apostillar documentos dado el quiebre de relaciones consulares entre Chile y Venezuela, la Corte estimó que dicha circunstancia dificulta pero no imposibilita el cumplimiento del requisito, dado que el trámite puede realizarse en sedes consulares venezolanas en terceros países como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Decisión: Se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección, al no haberse acreditado ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de la AFP recurrida, quien se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 4383-2026

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Corte Suprema acoge recurso de protección por demora excesiva en tramitación de solicitud de nacionalización

Thu, 19 Feb 2026 14:51:18 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°56.656-2025), pronunciada por su Tercera Sala, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de protección interpuesto por la dilación injustificada en resolver una solicitud de nacionalización.

Antecedentes del caso: La recurrente dedujo acción de protección alegando que la autoridad recurrida había incurrido en una demora ilegal y arbitraria al no dar respuesta a su solicitud de nacionalización, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y su libertad personal (artículo 19 N°7), garantizados por la Constitución Política de la República. Solicitó que se ordenara acoger a trámite sin más dilación su solicitud, o bien adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Argumentos de la Corte: El tribunal aplicó los mismos principios rectores del procedimiento administrativo de la Ley N°19.880 que en casos análogos: (i) celeridad (artículo 7), que impone a la Administración el deber de impulsar de oficio el procedimiento y remover obstáculos; (ii) conclusivo (artículo 8), que exige que todo procedimiento culmine con un acto decisorio sobre el fondo; (iii) economía procedimental (artículo 9), que prohíbe trámites dilatorios; e (iv) inexcusabilidad (artículo 14), que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todo procedimiento y notificarla. La Corte constató, a partir de lo informado por el propio recurrido, que se había excedido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, configurándose el incumplimiento de todos estos principios.

La dilación fue calificada como ilegal y arbitraria, por constituir una discriminación respecto de otros solicitantes en situación jurídica equivalente que sí obtuvieron respuesta formal y oportuna, vulnerando así la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, con cita al precedente SCS Rol N°24.827-2020.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso de protección, ordenando a la recurrida emitir pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la notificación de la sentencia.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 56.656-2025

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Corte Suprema confirma rechazo de recurso de protección presentado por demora en tramitación de permiso de residencia temporal

Thu, 19 Feb 2026 14:42:14 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°57.433-2025), pronunciada por su Tercera Sala, confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó un recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones

Antecedentes del caso: El recurrente interpuso acción de protección por la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en pronunciarse sobre su solicitud de visa temporal, alegando que dicha demora le afectaba su derecho a la vida e integridad física y psíquica, manteniéndolo en un estado de angustia y desesperación al verse impedido de ejercer sus derechos constitucionales. Invocó además el vencimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Argumentos de la Corte: El tribunal reiteró que la acción de protección procede únicamente frente a actuaciones arbitrarias o ilegales que amenacen, priven o perturben un derecho constitucional protegido, siendo necesaria tanto la existencia de un derecho cierto como de un actuar ilegítimo del recurrido. En este caso, la Corte estimó que la demora del Servicio obedecía a la tramitación de un procedimiento uniforme, reglado y previamente establecido, cuyo estado podía ser verificado por el interesado a través de la plataforma en línea habilitada para ello, lo que descartaba la arbitrariedad.

Respecto al plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, la Corte precisó que dicho plazo no es de carácter fatal, debiendo interpretarse en el sentido de que obliga a la Administración a concluir el procedimiento dentro de un término razonable. En consecuencia, la demora acreditada no configuró vulneración ni amenaza de los derechos invocados.

Decisión: Se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección. Sin perjuicio de ello, la Corte hizo presente al Servicio Nacional de Migraciones su obligación de emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 37 de la Ley N°21.325 y al artículo 46 de su Reglamento (Decreto Supremo N°296 de 2022).

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 57433-2025

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Corte Suprema deja sin efecto rechazo de residencia definitiva por la no presentación de certificado de antecedentes penales del país de origen

Wed, 18 Feb 2026 20:25:40 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de fecha 17 de febrero de 2026 (Rol N°3705-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que había rechazado un recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadano de nacionalidad china.

Antecedentes del caso: La autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia definitiva del amparado, ordenó su abandono del país y decretó una prohibición de ingreso por 5 años. El fundamento del rechazo fue la no presentación, dentro del plazo concedido, del certificado de antecedentes del país de origen debidamente apostillado.

Argumentos de la Corte Suprema: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho del amparado a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325 (Ley de Migración y Extranjería), así como la obligación del Estado de promover la obtención de autorizaciones de residencia establecida en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. A juicio de la Corte, antes de rechazar la solicitud y ordenar el abandono del país, la autoridad debió haber adoptado medidas razonables para permitir la subsanación del defecto documental, como conceder un nuevo plazo.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono y la prohibición de ingreso por 5 años generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: La Corte acogió el recurso de amparo, dejó sin efecto el acto administrativo impugnado, la orden de abandono, y prohibición de ingreso al país, ordenando a la repartición pública conceder un nuevo plazo de 30 días para que el amparado presente los documentos necesarios, tras lo cual deberá emitir un nuevo pronunciamiento.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 3705-2026

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