Argumentos de la Corte: El tribunal aplicó los mismos principios rectores del procedimiento administrativo de la Ley N°19.880 que en casos análogos: (i) celeridad (artículo 7), que impone a la Administración el deber de impulsar de oficio el procedimiento y remover obstáculos; (ii) conclusivo (artículo 8), que exige que todo procedimiento culmine con un acto decisorio sobre el fondo; (iii) economía procedimental (artículo 9), que prohíbe trámites dilatorios; e (iv) inexcusabilidad (artículo 14), que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todo procedimiento y notificarla. La Corte constató, a partir de lo informado por el propio recurrido, que se había excedido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, configurándose el incumplimiento de todos estos principios.