Argumentos de la Corte: El tribunal reiteró que la acción de protección procede únicamente frente a actuaciones arbitrarias o ilegales que amenacen, priven o perturben un derecho constitucional protegido, siendo necesaria tanto la existencia de un derecho cierto como de un actuar ilegítimo del recurrido. En este caso, la Corte estimó que la demora del Servicio obedecía a la tramitación de un procedimiento uniforme, reglado y previamente establecido, cuyo estado podía ser verificado por el interesado a través de la plataforma en línea habilitada para ello, lo que descartaba la arbitrariedad.