La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo, sin costas. Consideró que, si bien el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a la normativa al exigir el pago de la multa, la resolución impugnada resulta desproporcionada atendidas las circunstancias de arraigo familiar y social del amparado, acreditadas mediante certificado de nacimiento y cédula de identidad de su hija menor de edad. La orden de abandono del país constituía una amenaza a la libertad personal, susceptible de derivar en expulsión conforme al artículo 127 N°3 de la Ley N°21.325. En consecuencia, se dejó sin efecto la Resolución Exenta, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones reabrir el procedimiento administrativo y otorgar al amparado un plazo de 90 días hábiles para acreditar el pago de la multa, continuando con la tramitación de su solicitud. La decisión fue acordada con voto en contra de un ministro, quien estimó que la recurrida había aplicado correctamente la ley.