Corte Suprema ordena reabrir procedimiento de residencia temporal y habilitar página web del Servicio Nacional de Migraciones para subsanar documentación no acompañada por falla técnica imputable al propio Servicio

Sun, 22 Mar 2026 15:14:21 +0000

La Corte Suprema, en causa Rol N° 40.519-2025, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones, dejando sin efecto Resolución Exenta que rechazó una solicitud de residencia temporal por no acreditar solvencia económica del empleador. La Corte ordenó reabrir el procedimiento y habilitar la página web del Servicio Nacional de Migraciones para que la recurrente pueda acompañar la documentación requerida.

Antecedentes de la causa

El Servicio Nacional de Migraciones requirió documentación adicional sobre solvencia económica del empleador de la solicitante de residencia temporal. Ante dificultades para adjuntar los documentos a través del portal web del propio Servicio, la recurrente reportó el problema mediante el sistema de tickets de ayuda los días 5 y 6 de marzo de 2025, sin obtener respuesta adecuada. El Servicio rechazó la solicitud de residencia temporal mediante Resolución Exenta de fecha 23 de abril de 2025, por no haberse presentado la documentación requerida.

Posición de la recurrente

La recurrente sostuvo que intentó oportunamente acompañar la documentación exigida por el Servicio Nacional de Migraciones, pero no pudo hacerlo debido a un problema técnico en la propia página web del organismo, que no tenía habilitado el módulo para subir los antecedentes requeridos. Reportó el inconveniente a través del sistema de tickets del Servicio sin recibir solución. Estimó que el rechazo de su solicitud era arbitrario e ilegal, vulnerando su derecho establecido en el artículo 20 de la Constitución, al fundarse en una omisión que no le era imputable.

Posición de la recurrida

El Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que el rechazo de la solicitud de residencia temporal se ajustó a derecho, conforme al artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que exige acreditar solvencia económica suficiente del empleador para efectuar la contratación. Sostuvo que era responsabilidad de la solicitante adjuntar todos los antecedentes requeridos, agotando diligentemente los mecanismos disponibles para hacerlos llegar al servicio, lo que, a su juicio, no fue debidamente acreditado.

Decisión de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 29 de agosto de 2025, rechazó el recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. Estimó que la resolución que rechazó la solicitud de residencia temporal se ajustaba a la normativa vigente, en particular al artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo responsabilidad de la solicitante acompañar la documentación requerida. La sentencia fue posteriormente apelada ante la Corte Suprema.

Decisión de la Corte Suprema

La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección. Consideró que la recurrente no incurrió en desidia, sino que la imposibilidad de acompañar los documentos obedeció a causas no imputables a ella, específicamente una falla técnica en la propia página web del Servicio Nacional de Migraciones. Destacó que la recurrida desatendió el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° inciso 4° de la Constitución. Dejó sin efecto la Resolución Exenta y ordenó la reapertura del procedimiento administrativo, disponiendo que el Servicio habilite su página web para que la recurrente subsane la falta de documentos en un plazo de 60 días corridos, continuando la tramitación hasta la dictación de un nuevo acto terminal. La decisión fue acordada con voto en contra de un ministro.

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Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de protección de ciudadano venezolano que solicitó residencia definitiva sin cumplir el plazo especial exigido por infracción migratoria grave

Tue, 24 Feb 2026 15:57:20 +0000

La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 23 de febrero de 2026 (Rol N°Protección-23483-2025), pronunciada por su Cuarta Sala, rechazó el recurso de protección interpuesto por ciudadano de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: El recurrente ingresó a Chile el 28 de diciembre de 2018, obteniendo sucesivamente una visa sujeta a contrato y un permiso de regularización extraordinaria vigente hasta el 18 de octubre de 2023. Desde el 19 de octubre de 2023 permaneció en el país sin permiso vigente. El 22 de noviembre de 2024 presentó solicitud de residencia definitiva, la que fue declarada inadmisible mediante Resolución Exenta de 23 de octubre de 2025, por registrar una infracción migratoria grave conforme al artículo 65 N°4 del Decreto Supremo N°296. El recurrente alegó no haber sido sancionado por infracción alguna, denunció falta de motivación del acto y omisión del trámite de previo rechazo, sosteniendo vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones: La autoridad explicó que la infracción grave invocada consistió en haber permanecido más de 180 días en el país con permiso de residencia expirado, lo que conforme al artículo 65 letra c) del Reglamento de la Ley N°21.325 eleva el plazo mínimo de residencia regular exigido para optar a la residencia definitiva de 24 a 42 meses. Al momento de postular, el recurrente solo acreditaba aproximadamente 26 meses de residencia regular válida, incumpliendo el requisito. Adicionalmente, señaló que los antecedentes fueron derivados de oficio al Departamento de Residencias Temporales para evitar la irregularidad sobrevenida del extranjero, manteniéndose una solicitud de residencia temporal pendiente que prorroga su cédula de identidad.

Argumentos de la Corte: El tribunal realizó un ejercicio de subsunción de los hechos a la norma, constatando que a la fecha de postulación el recurrente no cumplía el requisito de 42 meses de residencia regular exigido por la regla especial aplicable a infracciones graves. En consecuencia, el acto impugnado no fue ilegal —por cuanto aplicó la normativa vigente ante un incumplimiento objetivo— ni arbitrario —pues se sustentó en hechos comprobados y en el ejercicio de facultades privativas del organismo—. Destacó además que la derivación de oficio a residencia temporal evidenció el principio de servicialidad y descartó cualquier ánimo de vulnerar derechos. Concluyó que no existe un derecho indubitado a obtener la residencia definitiva cuando no se cumplen los requisitos legales.

Decisión: Se rechazó el recurso de protección.

Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° Protección-23483-2025.

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