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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto rechazo de residencia definitiva por no acreditación de pago de multa por residencia irregular

Thu, 19 Mar 2026 04:37:58 +0000

La Corte Suprema, en causa Rol N° 9.557-2026, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Amparo-590-2026) que dejó sin efecto el rechazo de una solicitud de residencia definitiva y la orden de abandono del país dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, fundada en la no acreditación del pago de la multa por residencia irregular. La Corte ordenó reabrir el procedimiento administrativo, otorgando un plazo de 90 días hábiles para acreditar dicho pago.

Posición del amparado

El amparado habría presentado oportunamente la documentación requerida, cumpliendo con los requisitos legales para mantener su permiso de residencia. Acredita conducta intachable, arraigo familiar con vínculos estables en Chile, integración social, afectiva y comunitaria, y ausencia de deudas fiscales o previsionales. Estima que la resolución que rechaza su solicitud y ordena el abandono del país es arbitraria e ilegal, vulnerando su derecho a la libertad personal y seguridad individual consagrado en el artículo 19 N°7 de la Constitución.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones

El Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que la persona extranjera postuló a la residencia definitiva encontrándose en situación irregular, pues su visa había vencido antes de la solicitud. Conforme al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, era exigible el pago de la multa por residencia irregular como requisito previo. El amparado fue notificado del previo rechazo y tuvo 10 días para formular descargos y acompañar documentación, lo que no ocurrió. La resolución impugnada fue dictada por autoridad competente y conforme a la normativa vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo, sin costas. Consideró que, si bien el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a la normativa al exigir el pago de la multa, la resolución impugnada resulta desproporcionada atendidas las circunstancias de arraigo familiar y social del amparado, acreditadas mediante certificado de nacimiento y cédula de identidad de su hija menor de edad. La orden de abandono del país constituía una amenaza a la libertad personal, susceptible de derivar en expulsión conforme al artículo 127 N°3 de la Ley N°21.325. En consecuencia, se dejó sin efecto la Resolución Exenta, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones reabrir el procedimiento administrativo y otorgar al amparado un plazo de 90 días hábiles para acreditar el pago de la multa, continuando con la tramitación de su solicitud. La decisión fue acordada con voto en contra de un ministro, quien estimó que la recurrida había aplicado correctamente la ley.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema, con fecha 17 de marzo de 2026, confirmó la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 24 de febrero de 2026, en el ingreso N°590-2026, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que consagra la acción de amparo para la tutela de la libertad personal y seguridad individual. La resolución no añade argumentos adicionales a los expuestos por la Corte de Apelaciones, limitándose a confirmar íntegramente lo resuelto. En consecuencia, se mantiene la orden de dejar sin efecto la Resolución Exenta y la obligación del Servicio Nacional de Migraciones de reabrir el procedimiento, otorgando el plazo de 90 días hábiles para acreditar el pago de la multa.

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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que dejó sin efecto rechazo de residencia definitiva por no pago de multa por residencia irregular y no haber acompañado documentación requerida

Sat, 21 Feb 2026 13:44:33 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 20 de febrero de 2026 (Rol N°4.532-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: La amparada ingresó a Chile de manera regular en abril de 2018, obteniendo sucesivas residencias temporales. Encontrándose con permiso vencido, presentó solicitud de residencia definitiva el 20 de abril de 2021. En junio de 2023, el Servicio le notificó electrónicamente la necesidad de acompañar documentación adicional y pagar la multa por residencia irregular conforme al artículo 107 de la Ley N°21.325. En octubre de 2024 se le notificó un previo rechazo, otorgándosele 10 días hábiles para presentar descargos. Al no cumplir con lo requerido, se dictó la Resolución Exenta el pasado 5 de diciembre de 2024, que rechazó la solicitud y ordenó el abandono del país en 10 días. La amparada alegó confusión respecto del procedimiento, señalando que en un momento se le indicó que existía duplicidad en su solicitud, y que nunca comprendió cabalmente los pasos a seguir. Al momento del amparo, acreditó siete años de residencia en Chile, contrato de trabajo vigente por tres años con el mismo empleador, cotizaciones al día, y ser madre de dos hijas, de 12 y 20 años, ambas estudiantes en el país.

Argumentos de la Corte de Apelaciones de Talca: El tribunal reconoció que la amparada no acreditó el pago de la multa ni acompañó los documentos requeridos. Sin embargo, estimó que no podía soslayarse el contexto particular: ingreso regular al país en 2018, reiterado otorgamiento de visas temporales por parte del propio Servicio —lo que evidencia cumplimiento histórico de requisitos legales—, y sólido arraigo laboral y familiar. En ese contexto, rechazar la residencia definitiva y ordenar el abandono del país fundándose exclusivamente en el incumplimiento de una sanción pecuniaria resultaba desproporcionado e ilegal, amenazando la libertad personal de la amparada.

Decisión: Tanto la Corte de Apelaciones de Talca como la Corte Suprema acogieron el amparo, dejando sin efecto la resolución impugnada y disponiendo la retrotracción del procedimiento administrativo con instrucciones precisas: (i) dentro de 10 días, el Servicio debe citar personalmente a la amparada a su oficina regional para comunicarle los documentos requeridos y el monto exacto de la multa, otorgando un plazo no inferior a 60 días hábiles para cumplir; (ii) cumplido lo anterior, el Servicio deberá dictar resolución fundada dentro de 90 días hábiles.

Fuente: Corte de Apelaciones de Talca, Rol N° Amparo-68-2026 / Corte Suprema, Rol N° 4532-2026.

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Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana colombiana que solicitó residencia temporal dentro de Chile encontrándose en condición de turista

Fri, 20 Feb 2026 17:16:56 +0000

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 21 de enero de 2026 (Rol N°Amparo-177-2026), rechazó el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: La amparada ingresó a Chile en calidad de turista en 2024 con el propósito de desarrollar su proyecto de vida en el país. El 26 de julio de 2025 presentó una solicitud de residencia temporal bajo la subcategoría de actividades lícitas remuneradas, contando con contrato de trabajo vigente desde diciembre de 2024 y sin antecedentes penales. Mediante Resolución Exenta de fecha 3 de octubre de 2025, el Servicio declaró inadmisible la solicitud por registrar la amparada un ingreso regular posterior al 11 de febrero de 2022, autorizando su egreso voluntario en un plazo de 30 días. Los recurrentes calificaron el acto de arbitrario y desproporcionado, invocando además la interseccionalidad de vulnerabilidad por la condición de mujer y migrante de la amparada.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones: La autoridad sostuvo que el acto impugnado no constituye una orden de abandono ni de expulsión en los términos del artículo 91 de la Ley N°21.325, sino una autorización de egreso voluntario conforme a los artículos 157 N°4 y 30 de la misma ley, que permite salir del país sin sanción tras el vencimiento del permiso de permanencia transitoria. Señaló que la amparada incurrió en la causal de inadmisibilidad del artículo 58, al haber intentado postular a residencia temporal desde el interior del país sin acreditar encontrarse en ninguna de las excepciones del artículo 69, debiendo realizar el trámite desde el exterior.

Argumentos de la Corte: El tribunal constató que la resolución impugnada fue dictada por el organismo competente, dentro de la esfera de sus facultades y en estricta conformidad con los artículos 58 y 69 de la Ley N°21.325. Al no acreditarse ninguna de las excepciones que habrían habilitado la solicitud desde el interior del país, el acto resultó legal. En consecuencia, no se configuró privación, perturbación ni amenaza real a la libertad personal y seguridad individual de la amparada, presupuestos indispensables para la procedencia del amparo constitucional.

Decisión: Se rechazó el recurso de amparo, sin costas.

Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° Amparo-177-2026.

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Corte Suprema revoca resolución que rechazó solicitud de residencia temporal por la no presentación de Certificado de Antecedentes Penales

Fri, 20 Feb 2026 14:11:03 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 19 de febrero de 2026 (Rol N°4.102-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana.

Antecedentes del caso: El pasado 13 de agosto de 2025, la autoridad migratoria dictó Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada y ordenó su abandono del país. El fundamento del rechazo fue la no presentación de la totalidad de los antecedentes requeridos por la autoridad migratoria (Certificado de Antecedentes Penales del país de origen).

Argumentos de la Corte: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho de la amparada a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325, que obliga al Estado a proteger y respetar los derechos humanos de los extranjeros en Chile sin importar su condición migratoria, y a asegurar criterios de admisión no discriminatorios. Asimismo, estimó infringido el artículo 7 de la misma ley, que impone al Estado el deber de promover que los extranjeros obtengan las autorizaciones de residencia necesarias para su estadía y el ejercicio de sus derechos.

La Corte concluyó que rechazar la solicitud sin otorgar previamente un plazo razonable para subsanar las falencias documentales carece de razonabilidad y proporcionalidad, afectando además la libertad personal de la amparada garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada, se acogió el recurso de amparo, se dejó sin efecto el acto administrativo impugnado y se ordenó a la repartición pública otorgar un plazo de 90 días para que la amparada presente la documentación correspondiente, tras lo cual deberá emitir pronunciamiento sobre su solicitud.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° Rol N°4.102-2026.

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Corte Suprema acoge recurso de protección por demora excesiva en tramitación de solicitud de nacionalización

Thu, 19 Feb 2026 14:51:18 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°56.656-2025), pronunciada por su Tercera Sala, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de protección interpuesto por la dilación injustificada en resolver una solicitud de nacionalización.

Antecedentes del caso: La recurrente dedujo acción de protección alegando que la autoridad recurrida había incurrido en una demora ilegal y arbitraria al no dar respuesta a su solicitud de nacionalización, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y su libertad personal (artículo 19 N°7), garantizados por la Constitución Política de la República. Solicitó que se ordenara acoger a trámite sin más dilación su solicitud, o bien adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Argumentos de la Corte: El tribunal aplicó los mismos principios rectores del procedimiento administrativo de la Ley N°19.880 que en casos análogos: (i) celeridad (artículo 7), que impone a la Administración el deber de impulsar de oficio el procedimiento y remover obstáculos; (ii) conclusivo (artículo 8), que exige que todo procedimiento culmine con un acto decisorio sobre el fondo; (iii) economía procedimental (artículo 9), que prohíbe trámites dilatorios; e (iv) inexcusabilidad (artículo 14), que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todo procedimiento y notificarla. La Corte constató, a partir de lo informado por el propio recurrido, que se había excedido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, configurándose el incumplimiento de todos estos principios.

La dilación fue calificada como ilegal y arbitraria, por constituir una discriminación respecto de otros solicitantes en situación jurídica equivalente que sí obtuvieron respuesta formal y oportuna, vulnerando así la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, con cita al precedente SCS Rol N°24.827-2020.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso de protección, ordenando a la recurrida emitir pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la notificación de la sentencia.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 56.656-2025

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Corte Suprema deja sin efecto rechazo de residencia definitiva por la no presentación de certificado de antecedentes penales del país de origen

Wed, 18 Feb 2026 20:25:40 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de fecha 17 de febrero de 2026 (Rol N°3705-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que había rechazado un recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadano de nacionalidad china.

Antecedentes del caso: La autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia definitiva del amparado, ordenó su abandono del país y decretó una prohibición de ingreso por 5 años. El fundamento del rechazo fue la no presentación, dentro del plazo concedido, del certificado de antecedentes del país de origen debidamente apostillado.

Argumentos de la Corte Suprema: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho del amparado a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325 (Ley de Migración y Extranjería), así como la obligación del Estado de promover la obtención de autorizaciones de residencia establecida en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. A juicio de la Corte, antes de rechazar la solicitud y ordenar el abandono del país, la autoridad debió haber adoptado medidas razonables para permitir la subsanación del defecto documental, como conceder un nuevo plazo.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono y la prohibición de ingreso por 5 años generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: La Corte acogió el recurso de amparo, dejó sin efecto el acto administrativo impugnado, la orden de abandono, y prohibición de ingreso al país, ordenando a la repartición pública conceder un nuevo plazo de 30 días para que el amparado presente los documentos necesarios, tras lo cual deberá emitir un nuevo pronunciamiento.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 3705-2026

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