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Senadores presentan proyecto para sancionar a chilenos y residentes que delinquen en el extranjero

Tue, 27 Jan 2026 21:20:52 +0000

Un grupo de senadores ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca establecer sanciones penales para ciudadanos chilenos y residentes en Chile que utilicen beneficios migratorios internacionales, como la exención de visa, para cometer delitos en el extranjero. La iniciativa, impulsada por los senadores Enrique Van Rysselberghe, Luz Eliana Ebensperger, Paulina Núñez y Rafael Prohens, responde a la creciente preocupación por el fenómeno conocido como «burglary tourism» y busca proteger la reputación internacional de Chile.

El contexto: beneficios migratorios de Chile

Chile ostenta una posición privilegiada en materia migratoria a nivel latinoamericano. Desde marzo de 2014, es el único país de la región que forma parte del Visa Waiver Program (VWP) de Estados Unidos, que permite a ciudadanos chilenos ingresar por turismo o negocios hasta 90 días sin necesidad de visa consular, utilizando solo la autorización electrónica ESTA.

Adicionalmente, desde junio de 2025 está vigente un acuerdo bilateral con China que permite la entrada sin visa de ciudadanos de ambos países por hasta 30 días. Chile también cuenta con regímenes de exención o facilitación migratoria con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y gran parte de Europa.

Estos acuerdos han sido fundamentales para fortalecer el turismo, el comercio, los vínculos académicos y la cooperación internacional, pero descansan en un principio de buena fe y confianza recíproca entre Estados.

El problema: "burglary tourism" y uso indebido de beneficios

Los senadores alertan sobre un fenómeno preocupante que amenaza estos privilegios migratorios. En los últimos años se han documentado casos de bandas organizadas de origen chileno que ingresan a Estados Unidos utilizando la autorización ESTA para cometer robos de alto impacto, para luego regresar a Chile antes de enfrentar procesos judiciales.

Este patrón delictivo, conocido como «burglary tourism» o turismo de robo, ha generado alarma en autoridades federales y locales estadounidenses. El propio Congreso de Estados Unidos y autoridades migratorias han advertido sobre el riesgo de que Chile sea suspendido del Visa Waiver Program debido a la percepción de que el sistema chileno carece de controles y sanciones adecuadas.

En mayo de 2025, la prensa nacional reportó la deportación masiva de más de 80 ciudadanos chilenos desde Estados Unidos, muchos de ellos vinculados a delitos contra la propiedad. Casos similares han sido reportados en Canadá y algunos países europeos, generando un grave daño reputacional para Chile.

El vacío legal actual

Los promotores del proyecto identifican un vacío crítico en el ordenamiento jurídico chileno: no existe un tipo penal específico que sancione la conducta de utilizar un beneficio migratorio con el propósito de delinquir en el extranjero. Tampoco el Código Orgánico de Tribunales contempla una disposición expresa que habilite la jurisdicción chilena para conocer estos delitos cuando el autor regresa al país sin haber sido juzgado o condenado en el extranjero.

Esta laguna legal genera un espacio de impunidad donde personas que utilizan la exención de visa con fines delictivos pueden regresar a Chile sin que el sistema legal tenga herramientas para sancionar esa conducta específica ni para ejercer jurisdicción sobre ella.

Qué propone el proyecto

El Boletín N° 18.058-07 plantea dos modificaciones legislativas complementarias:

Nuevo artículo 120 bis en el Código Penal: Se incorporaría un nuevo tipo penal en el Título I del Libro II que sancionaría a chilenos o residentes en Chile que hagan uso de un régimen de exención de visa u otro beneficio migratorio para cometer delitos en el extranjero, siempre que los hechos sean también delito según el derecho penal chileno. La pena contemplada sería presidio menor en su grado medio y multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las penas correspondientes por los delitos efectivamente cometidos.

Modificación al Código Orgánico de Tribunales: Se incorporaría un nuevo numeral 13° al artículo 6°, estableciendo expresamente la competencia de los tribunales chilenos para conocer y juzgar estos delitos cuando el autor sea deportado, expulsado o regrese a Chile sin haber sido juzgado en el país donde cometió los hechos.

Principio de doble incriminación

Un aspecto fundamental del proyecto es que respeta el principio de doble incriminación: el juzgamiento en Chile solo procederá cuando los hechos también constituyan delitos conforme a la legislación chilena. Esto asegura que nadie será sancionado en Chile por conductas que no son delictivas según nuestro ordenamiento jurídico, respetando así el principio de legalidad penal.

Compromisos internacionales

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente el acuerdo PCSC (Preventing and Combatting Serious Crime Agreement) suscrito con Estados Unidos en 2023, que exige a Chile mecanismos efectivos de cooperación penal y control migratorio.

Los senadores destacan que el proyecto es coherente con prácticas de derecho comparado en la Unión Europea y Norteamérica, donde los abusos de regímenes de exención de visa han sido objeto de regulación específica.

Objetivos y beneficios esperados

Los promotores del proyecto esperan que esta reforma logre varios objetivos:

Prevenir la pérdida de beneficios migratorios que afectaría a los miles de chilenos que hacen uso legítimo y honesto de estos regímenes. La suspensión del Visa Waiver Program tendría un impacto negativo en turismo, negocios, educación y vínculos familiares.

Reforzar el compromiso de Chile con la cooperación penal internacional y proteger la responsabilidad internacional del Estado, demostrando que Chile toma en serio el uso indebido de los beneficios que se le han otorgado.

Desincentivar el uso fraudulento de los beneficios migratorios mediante la existencia de una sanción penal específica y la certeza de que Chile puede ejercer jurisdicción sobre estos casos.

Dotar a las autoridades chilenas de herramientas jurídicas necesarias para combatir la delincuencia transnacional organizada, que cada vez más aprovecha las facilidades de movilidad internacional.

Un llamado a la responsabilidad nacional

Este proyecto refleja una preocupación legítima por preservar la imagen y los intereses de Chile en el ámbito internacional. Los beneficios migratorios que el país ha logrado negociar son resultado de décadas de construcción de confianza y representan un activo valioso para todos los chilenos.

La iniciativa busca un equilibrio entre facilitar la movilidad internacional legítima y establecer consecuencias claras para quienes abusan de estos privilegios. No se trata de limitar los derechos de los ciudadanos, sino de proteger un bien común que beneficia a millones de chilenos que viajan con propósitos legítimos.

El proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, donde será objeto de debate y análisis por parte de las comisiones especializadas. Su aprobación requeriría el respaldo de ambas cámaras legislativas.

En un mundo cada vez más interconectado, donde la reputación internacional de un país se construye día a día, esta iniciativa representa un esfuerzo por asegurar que Chile continúe siendo visto como un socio confiable en la comunidad internacional, capaz de asumir responsabilidades y de actuar frente a quienes comprometen esa confianza.

Fuente: Modifica diversos cuerpos legales, para sancionar a quienes cometan delitos en el extranjero haciendo uso de beneficios migratorios otorgados por Chile, en los términos que indican

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Proyecto busca permitir que extranjeros condenados cumplan penas en sus países

Tue, 27 Jan 2026 17:28:03 +0000

El Senado de Chile está considerando una importante reforma constitucional que podría cambiar significativamente el tratamiento de personas extranjeras condenadas en el país. La iniciativa, presentada por los senadores Paulina Núñez, Gustavo Sanhueza, José Miguel Durana, Rafael Prohens y Enrique Van Rysselberghe, propone modificar la Carta Fundamental para permitir que extranjeros condenados por delitos puedan cumplir sus penas en sus países de origen o en terceros Estados, cuando existan tratados internacionales que lo permitan.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

El Boletín N° 18.057-07 busca incorporar un nuevo inciso al artículo 19 número 7 literal d) de la Constitución Política, estableciendo que las personas extranjeras condenadas por sentencia firme podrán cumplir su pena en su país de origen o en otro Estado con el cual Chile haya suscrito un tratado o acuerdo internacional vigente que contemple esta posibilidad.

Esta modificación constitucional operaría siempre en conformidad con la ley y con pleno respeto de los derechos fundamentales del condenado, estableciendo un marco legal claro para la transferencia internacional de personas privadas de libertad.

Fundamentos de la iniciativa

Los senadores que impulsan este proyecto argumentan que la creciente movilidad global de personas, junto con el principio de humanidad que inspira el derecho penal moderno, hacen necesaria una revisión de las normas que rigen el cumplimiento de penas privativas de libertad para extranjeros.

La propuesta reconoce que permitir el cumplimiento de condenas en el país de origen puede facilitar significativamente la reinserción social del condenado, al desarrollarse en un entorno familiar, cultural y lingüístico más favorable. Este aspecto es fundamental desde la perspectiva de la rehabilitación, uno de los objetivos centrales del sistema penal chileno.

Garantías y derechos fundamentales

Un aspecto crucial de la propuesta es que toda transferencia deberá contar con el consentimiento libre e informado del condenado y requerirá una decisión judicial, garantizando así el principio de legalidad. No se trata, por tanto, de una imposición automática, sino de una alternativa que respeta la voluntad y los derechos de la persona condenada.

Los promotores del proyecto subrayan que la iniciativa se alinea plenamente con el principio de igualdad ante la ley, la protección de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana, valores consagrados tanto en la Constitución chilena como en tratados internacionales ratificados por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Impacto en el sistema penitenciario

Más allá de los beneficios individuales para los condenados, el proyecto contempla un impacto positivo en el sistema penitenciario chileno. Se espera que esta medida contribuya a reducir la presión sobre las cárceles nacionales, permitiendo una mejor gestión de los recursos penitenciarios y mejorando las condiciones generales del sistema.

Adicionalmente, la reforma fortalecería la cooperación jurídica internacional de Chile, insertando al país en las mejores prácticas internacionales en materia de justicia penal y tratamiento de personas privadas de libertad.

Contexto internacional

La transferencia de personas condenadas a sus países de origen no es un concepto novedoso en el derecho internacional. Diversos países han suscrito tratados bilaterales y multilaterales que permiten este tipo de traslados, reconociendo que la rehabilitación y reinserción social son más efectivas cuando se realizan en el contexto cultural propio del condenado.

Chile ya ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación judicial, y esta reforma constitucional vendría a dar un marco constitucional explícito a estas posibilidades, eliminando eventuales dudas sobre su compatibilidad con la Carta Fundamental.

Perspectivas y próximos pasos

El proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Como toda reforma constitucional en Chile, requerirá un quórum especialmente alto para su aprobación, lo que garantiza un amplio debate y consenso político antes de su eventual promulgación.

Los senadores proponentes consideran que esta modificación representa un avance significativo en materia de derechos humanos, justicia penal y cooperación internacional, elementos que sin duda serán objeto de análisis durante la discusión parlamentaria.

Esta iniciativa refleja una tendencia moderna del derecho penal hacia sistemas más humanos y orientados a la reinserción social, al tiempo que reconoce las realidades de un mundo cada vez más globalizado donde la movilidad internacional es una constante. El equilibrio entre la seguridad pública, los derechos de los condenados y la eficiencia del sistema penitenciario será clave en el debate que se avecina.

Fuente: Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de permitir que personas extranjeras condenadas cumplan la pena en su país de origen o en otro Estado, en los términos que indica

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