En concreto, el proyecto de ley contiene dos artículos, el primero, propone modificar la ley N° 21.325, y el segundo, propone una modificación al Código Procesal Penal.

En primer lugar, se agrega un nuevo inciso segundo en el artículo 141 de la ley N° 21.325, que establece un plazo especial de 5 días corridos para reclamar judicialmente de las medidas de expulsión decretadas por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior.

En segundo lugar, en el artículo 132 de la ley N° 21.325, se propone incorporar como una de las causales que hacen procedente la expulsión decretada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior, razones de orden público.

En tercer lugar, se agregan nuevos incisos al artículo 135 de la ley N° 21.325, a fin de establecer una excepción a la suspensión de la medida de expulsión que establece dicho artículo cuando así lo solicitare el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Tal solicitud puede realizarse ante el tribunal competente si la medida fue decretada por el Subsecretario o Subsecretaria del Interior y la persona hubiese sido acusada, requerida o se hubiere formalizado una investigación en su contra por simple delito. El tribunal dará lugar al alzamiento de la suspensión si la persona no haya sido condenada anteriormente y si la pena concreta a imponerse no excediere de 3 años.

En el artículo 252 del Código Procesal Penal se agrega como causal de sobreseimiento temporal el que lo haya solicitado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la ejecución de una medida de expulsión.

En cuarto lugar, se modifica el artículo 134 de la ley N° 21.325 y se agrega un nuevo artículo 134 bis a la misma, para facultar al Subsecretario o Subsecretaria del Interior que autorice, mediante resolución fundada, a las policías a ingresar al domicilio para la aprehensión de personas contra las cuales se haya decretado la expulsión por causas graves relacionadas con la seguridad y el orden público.

Las modificaciones establecen también ciertos requisitos mínimos del procedimiento de ingreso al domicilio y la obligación de realizar un control de la persona aprehendida por parte de la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio en el que se realizó la aprehensión.

El control del ingreso y aprehensión gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día en que se haya traído a presencia de la Corte a la persona aprehendida, o a más tardar a la del día siguiente hábil.

Finalmente, en el artículo 166 de la ley N° 21.325, que prevé las atribuciones de la autoridad contralora en relación con la ley, se incorpora el deber de tomar los datos biométricos de extranjeros mayores de 18 años que se encuentren en condición migratoria irregular, con el fin de incorporarlos al Registro Nacional de Extranjeros. El procedimiento para ello es similar al ya establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.931.