derecho migratorio Archives - ImmiChile

Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de protección de ciudadano venezolano que solicitó residencia definitiva sin cumplir el plazo especial exigido por infracción migratoria grave

Tue, 24 Feb 2026 15:57:20 +0000

La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 23 de febrero de 2026 (Rol N°Protección-23483-2025), pronunciada por su Cuarta Sala, rechazó el recurso de protección interpuesto por ciudadano de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: El recurrente ingresó a Chile el 28 de diciembre de 2018, obteniendo sucesivamente una visa sujeta a contrato y un permiso de regularización extraordinaria vigente hasta el 18 de octubre de 2023. Desde el 19 de octubre de 2023 permaneció en el país sin permiso vigente. El 22 de noviembre de 2024 presentó solicitud de residencia definitiva, la que fue declarada inadmisible mediante Resolución Exenta de 23 de octubre de 2025, por registrar una infracción migratoria grave conforme al artículo 65 N°4 del Decreto Supremo N°296. El recurrente alegó no haber sido sancionado por infracción alguna, denunció falta de motivación del acto y omisión del trámite de previo rechazo, sosteniendo vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones: La autoridad explicó que la infracción grave invocada consistió en haber permanecido más de 180 días en el país con permiso de residencia expirado, lo que conforme al artículo 65 letra c) del Reglamento de la Ley N°21.325 eleva el plazo mínimo de residencia regular exigido para optar a la residencia definitiva de 24 a 42 meses. Al momento de postular, el recurrente solo acreditaba aproximadamente 26 meses de residencia regular válida, incumpliendo el requisito. Adicionalmente, señaló que los antecedentes fueron derivados de oficio al Departamento de Residencias Temporales para evitar la irregularidad sobrevenida del extranjero, manteniéndose una solicitud de residencia temporal pendiente que prorroga su cédula de identidad.

Argumentos de la Corte: El tribunal realizó un ejercicio de subsunción de los hechos a la norma, constatando que a la fecha de postulación el recurrente no cumplía el requisito de 42 meses de residencia regular exigido por la regla especial aplicable a infracciones graves. En consecuencia, el acto impugnado no fue ilegal —por cuanto aplicó la normativa vigente ante un incumplimiento objetivo— ni arbitrario —pues se sustentó en hechos comprobados y en el ejercicio de facultades privativas del organismo—. Destacó además que la derivación de oficio a residencia temporal evidenció el principio de servicialidad y descartó cualquier ánimo de vulnerar derechos. Concluyó que no existe un derecho indubitado a obtener la residencia definitiva cuando no se cumplen los requisitos legales.

Decisión: Se rechazó el recurso de protección.

Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° Protección-23483-2025.

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Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que dejó sin efecto rechazo de residencia definitiva por no pago de multa por residencia irregular y no haber acompañado documentación requerida

Sat, 21 Feb 2026 13:44:33 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 20 de febrero de 2026 (Rol N°4.532-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: La amparada ingresó a Chile de manera regular en abril de 2018, obteniendo sucesivas residencias temporales. Encontrándose con permiso vencido, presentó solicitud de residencia definitiva el 20 de abril de 2021. En junio de 2023, el Servicio le notificó electrónicamente la necesidad de acompañar documentación adicional y pagar la multa por residencia irregular conforme al artículo 107 de la Ley N°21.325. En octubre de 2024 se le notificó un previo rechazo, otorgándosele 10 días hábiles para presentar descargos. Al no cumplir con lo requerido, se dictó la Resolución Exenta el pasado 5 de diciembre de 2024, que rechazó la solicitud y ordenó el abandono del país en 10 días. La amparada alegó confusión respecto del procedimiento, señalando que en un momento se le indicó que existía duplicidad en su solicitud, y que nunca comprendió cabalmente los pasos a seguir. Al momento del amparo, acreditó siete años de residencia en Chile, contrato de trabajo vigente por tres años con el mismo empleador, cotizaciones al día, y ser madre de dos hijas, de 12 y 20 años, ambas estudiantes en el país.

Argumentos de la Corte de Apelaciones de Talca: El tribunal reconoció que la amparada no acreditó el pago de la multa ni acompañó los documentos requeridos. Sin embargo, estimó que no podía soslayarse el contexto particular: ingreso regular al país en 2018, reiterado otorgamiento de visas temporales por parte del propio Servicio —lo que evidencia cumplimiento histórico de requisitos legales—, y sólido arraigo laboral y familiar. En ese contexto, rechazar la residencia definitiva y ordenar el abandono del país fundándose exclusivamente en el incumplimiento de una sanción pecuniaria resultaba desproporcionado e ilegal, amenazando la libertad personal de la amparada.

Decisión: Tanto la Corte de Apelaciones de Talca como la Corte Suprema acogieron el amparo, dejando sin efecto la resolución impugnada y disponiendo la retrotracción del procedimiento administrativo con instrucciones precisas: (i) dentro de 10 días, el Servicio debe citar personalmente a la amparada a su oficina regional para comunicarle los documentos requeridos y el monto exacto de la multa, otorgando un plazo no inferior a 60 días hábiles para cumplir; (ii) cumplido lo anterior, el Servicio deberá dictar resolución fundada dentro de 90 días hábiles.

Fuente: Corte de Apelaciones de Talca, Rol N° Amparo-68-2026 / Corte Suprema, Rol N° 4532-2026.

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Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana colombiana que solicitó residencia temporal dentro de Chile encontrándose en condición de turista

Fri, 20 Feb 2026 17:16:56 +0000

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 21 de enero de 2026 (Rol N°Amparo-177-2026), rechazó el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Antecedentes del caso: La amparada ingresó a Chile en calidad de turista en 2024 con el propósito de desarrollar su proyecto de vida en el país. El 26 de julio de 2025 presentó una solicitud de residencia temporal bajo la subcategoría de actividades lícitas remuneradas, contando con contrato de trabajo vigente desde diciembre de 2024 y sin antecedentes penales. Mediante Resolución Exenta de fecha 3 de octubre de 2025, el Servicio declaró inadmisible la solicitud por registrar la amparada un ingreso regular posterior al 11 de febrero de 2022, autorizando su egreso voluntario en un plazo de 30 días. Los recurrentes calificaron el acto de arbitrario y desproporcionado, invocando además la interseccionalidad de vulnerabilidad por la condición de mujer y migrante de la amparada.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones: La autoridad sostuvo que el acto impugnado no constituye una orden de abandono ni de expulsión en los términos del artículo 91 de la Ley N°21.325, sino una autorización de egreso voluntario conforme a los artículos 157 N°4 y 30 de la misma ley, que permite salir del país sin sanción tras el vencimiento del permiso de permanencia transitoria. Señaló que la amparada incurrió en la causal de inadmisibilidad del artículo 58, al haber intentado postular a residencia temporal desde el interior del país sin acreditar encontrarse en ninguna de las excepciones del artículo 69, debiendo realizar el trámite desde el exterior.

Argumentos de la Corte: El tribunal constató que la resolución impugnada fue dictada por el organismo competente, dentro de la esfera de sus facultades y en estricta conformidad con los artículos 58 y 69 de la Ley N°21.325. Al no acreditarse ninguna de las excepciones que habrían habilitado la solicitud desde el interior del país, el acto resultó legal. En consecuencia, no se configuró privación, perturbación ni amenaza real a la libertad personal y seguridad individual de la amparada, presupuestos indispensables para la procedencia del amparo constitucional.

Decisión: Se rechazó el recurso de amparo, sin costas.

Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° Amparo-177-2026.

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Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge amparo y ordena reconducir solicitud de residencia definitiva a unidad de residencia temporal

Fri, 20 Feb 2026 16:02:58 +0000

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 29 de enero de 2026 (Rol N°Amparo-261-2026), acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadano de nacionalidad venezolana, dejando sin efecto la decisión del Servicio Nacional de Migraciones de rechazar la solicitud de residencia definitiva del amparado, ordenar su abandono del país en 15 días y prohibir su ingreso a Chile por 5 años, y en su lugar ordenó reconducir la solicitud del amparado a la unidad de regularización o residencia temporal.

Antecedentes del caso: El amparado solicitó residencia definitiva el 5 de septiembre de 2024, acompañando un certificado de antecedentes penales apostillado de fecha 15 de abril de 2024. Dicho certificado se encontraba vencido según los plazos fijados por la autoridad, pero el recurrente alegó fuerza mayor: entre el 28 de julio y el 15 de diciembre de 2024, los sistemas informáticos venezolanos fueron utilizados para manipular los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro, lo que hizo imposible para los venezolanos obtener nuevos certificados de antecedentes penales durante ese período. Posteriormente, el Servicio requirió un documento adicional —certificado de cotizaciones de salud histórico— y, vencido ese plazo, dictó la resolución impugnada rechazando la solicitud, ordenando el abandono del país en 15 días y prohibiendo el ingreso a Chile por 5 años.

Posición del Servicio Nacional de Migraciones: La autoridad sostuvo que el amparado incumplió tres requisitos: (i) el plazo mínimo de 24 meses de residencia temporal exigido por el artículo 79 de la Ley N°21.325 —pues su permiso fue de solo un año—; (ii) la presentación de certificado de antecedentes penales vigente y apostillado; y (iii) el pago de la sanción migratoria por residencia irregular, fundando el rechazo en los artículos 88 N°1 y 79 de la Ley N°21.325 y en el Decreto Supremo N°177/2022.

Argumentos de la Corte: El tribunal reconoció que el amparado presentó en esta instancia un certificado de antecedentes penales apostillado que acredita la ausencia de registros penales, y que si bien es efectivo el incumplimiento del plazo mínimo de residencia temporal, el amparado evidencia arraigo en el país. En ese contexto, la Corte estimó que la orden de abandono con prohibición de ingreso por 5 años resulta una sanción manifiestamente más gravosa y desproporcionada que las infracciones constatadas, por lo que la solución jurídica adecuada no es el abandono del país, sino reconducir la petición a la unidad de regularización o residencia temporal para que la autoridad se pronuncie conforme a derecho.

Decisión: Se acogió el recurso de amparo, se dejó sin efecto la Resolución Exenta que había rechazado la solicitud, ordenado el abandono del país y aplicado una prohibición de ingreso a Chile por 5 años, y en su lugar se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones reconducir la petición del amparado a la Unidad de Regularización o Residencia Temporal, debiendo emitir pronunciamiento en el plazo de 60 días.

Corte Suprema: La decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue ratificada por la Corte Suprema con fecha 19 de febrero de 2026 (Rol N° 4088-2026).

Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° Amparo-261-2026 / Corte Suprema, Rol N° 4088-2026.

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Corte Suprema confirma sentencia de Corte de Apelaciones de Temuco que dejó sin efecto rechazo de residencia temporal por no pago de multa por días de residencia vencida

Fri, 20 Feb 2026 14:27:00 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 19 de febrero de 2026 (Rol N°4.097-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad peruana.

Antecedentes del caso: El Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada mediante Resolución Exenta de 30 de julio de 2025, ordenando su abandono del país, por no haber acompañado oportunamente el comprobante de pago de la multa por días de residencia vencida. La recurrente alegó haber realizado reiteradas gestiones ante el programa Sello Migrante de la Municipalidad de Temuco, sin recibir orientación clara ni apoyo efectivo para cargar el documento en la plataforma digital, llegando incluso a formalizar un reclamo administrativo por negligencia de una funcionaria. Adicionalmente, señaló ser madre de una niña chilena nacida en 2022, respecto de quien ejercía el cuidado personal, sin que la resolución impugnada considerara su arraigo familiar ni el interés superior de la menor.

Argumentos de la Corte de Apelaciones de Temuco: El tribunal constató que, si bien el rechazo se fundó en la falta del comprobante de pago al momento de resolver, la multa había sido posteriormente rectificada por el propio Servicio y pagada íntegramente por la amparada el 18 de agosto de 2025 —apenas 19 días después de la resolución de rechazo—, siendo registrado oficialmente dicho pago por el Departamento de Finanzas del Servicio mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2025. Este antecedente decisivo no fue ponderado por la autoridad al mantener vigente la orden de abandono, lo que hizo que dicha orden careciera de razonabilidad. El tribunal precisó que el amparo no es la instancia para resolver sobre la procedencia del permiso de residencia, pero sí habilita a ordenar la retrotracción del procedimiento para que la autoridad emita un nuevo pronunciamiento fundado que considere expresamente el pago acreditado.

Decisión: Tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como la Corte Suprema acogieron el recurso, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones retrotraer el procedimiento administrativo y emitir un nuevo pronunciamiento de fondo que considere el pago de la multa por permanencia irregular efectuado por la amparada.

Fuente: Corte Suprema, Rol N°4.097-2026 / Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° Amparo-14-2026.

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Corte Suprema revoca resolución que rechazó solicitud de residencia temporal por la no presentación de Certificado de Antecedentes Penales

Fri, 20 Feb 2026 14:11:03 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 19 de febrero de 2026 (Rol N°4.102-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadana de nacionalidad haitiana.

Antecedentes del caso: El pasado 13 de agosto de 2025, la autoridad migratoria dictó Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia temporal de la amparada y ordenó su abandono del país. El fundamento del rechazo fue la no presentación de la totalidad de los antecedentes requeridos por la autoridad migratoria (Certificado de Antecedentes Penales del país de origen).

Argumentos de la Corte: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho de la amparada a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325, que obliga al Estado a proteger y respetar los derechos humanos de los extranjeros en Chile sin importar su condición migratoria, y a asegurar criterios de admisión no discriminatorios. Asimismo, estimó infringido el artículo 7 de la misma ley, que impone al Estado el deber de promover que los extranjeros obtengan las autorizaciones de residencia necesarias para su estadía y el ejercicio de sus derechos.

La Corte concluyó que rechazar la solicitud sin otorgar previamente un plazo razonable para subsanar las falencias documentales carece de razonabilidad y proporcionalidad, afectando además la libertad personal de la amparada garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada, se acogió el recurso de amparo, se dejó sin efecto el acto administrativo impugnado y se ordenó a la repartición pública otorgar un plazo de 90 días para que la amparada presente la documentación correspondiente, tras lo cual deberá emitir pronunciamiento sobre su solicitud.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° Rol N°4.102-2026.

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Corte Suprema confirma rechazo de retiro de fondos AFP a trabajador extranjero por incumplimiento de requisitos documentales de la Ley N°18.156

Thu, 19 Feb 2026 15:08:15 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°4.383-2026), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranjero —de nacionalidad venezolana— en contra de una AFP, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156.

Antecedentes del caso: El recurrente solicitó la devolución de sus cotizaciones previsionales en Chile, argumentando cumplir con los requisitos del artículo 7° de la Ley N°18.156, que permite a trabajadores técnicos extranjeros recuperar sus fondos si acreditan estar afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen que cubra, a lo menos, los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para ello acompañó una «Constancia Electrónica de Cotizaciones» emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La AFP rechazó la solicitud por estimar que dicho documento no cumplía las exigencias formales vigentes.

Argumentos de la Corte: El tribunal constató que el sistema normativo aplicable —integrado por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de dicho organismo— exige que la certificación de cobertura previsional extranjera esté debidamente apostillada o legalizada, y que emane de la autoridad previsional competente del país de origen. La Corte citó expresamente el Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla carecen de valor probatorio, al igual que las declaraciones juradas notariales, pues solo la autoridad previsional extranjera tiene competencia para certificar la cobertura.

Respecto al argumento del recurrente sobre la imposibilidad material de apostillar documentos dado el quiebre de relaciones consulares entre Chile y Venezuela, la Corte estimó que dicha circunstancia dificulta pero no imposibilita el cumplimiento del requisito, dado que el trámite puede realizarse en sedes consulares venezolanas en terceros países como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Decisión: Se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección, al no haberse acreditado ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de la AFP recurrida, quien se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 4383-2026

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Corte Suprema acoge recurso de protección por demora excesiva en tramitación de solicitud de nacionalización

Thu, 19 Feb 2026 14:51:18 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°56.656-2025), pronunciada por su Tercera Sala, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de protección interpuesto por la dilación injustificada en resolver una solicitud de nacionalización.

Antecedentes del caso: La recurrente dedujo acción de protección alegando que la autoridad recurrida había incurrido en una demora ilegal y arbitraria al no dar respuesta a su solicitud de nacionalización, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y su libertad personal (artículo 19 N°7), garantizados por la Constitución Política de la República. Solicitó que se ordenara acoger a trámite sin más dilación su solicitud, o bien adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Argumentos de la Corte: El tribunal aplicó los mismos principios rectores del procedimiento administrativo de la Ley N°19.880 que en casos análogos: (i) celeridad (artículo 7), que impone a la Administración el deber de impulsar de oficio el procedimiento y remover obstáculos; (ii) conclusivo (artículo 8), que exige que todo procedimiento culmine con un acto decisorio sobre el fondo; (iii) economía procedimental (artículo 9), que prohíbe trámites dilatorios; e (iv) inexcusabilidad (artículo 14), que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todo procedimiento y notificarla. La Corte constató, a partir de lo informado por el propio recurrido, que se había excedido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, configurándose el incumplimiento de todos estos principios.

La dilación fue calificada como ilegal y arbitraria, por constituir una discriminación respecto de otros solicitantes en situación jurídica equivalente que sí obtuvieron respuesta formal y oportuna, vulnerando así la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, con cita al precedente SCS Rol N°24.827-2020.

Decisión: Se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso de protección, ordenando a la recurrida emitir pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la notificación de la sentencia.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 56.656-2025

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Corte Suprema confirma rechazo de recurso de protección presentado por demora en tramitación de permiso de residencia temporal

Thu, 19 Feb 2026 14:42:14 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de 18 de febrero de 2026 (Rol N°57.433-2025), pronunciada por su Tercera Sala, confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó un recurso de protección interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones

Antecedentes del caso: El recurrente interpuso acción de protección por la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en pronunciarse sobre su solicitud de visa temporal, alegando que dicha demora le afectaba su derecho a la vida e integridad física y psíquica, manteniéndolo en un estado de angustia y desesperación al verse impedido de ejercer sus derechos constitucionales. Invocó además el vencimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Argumentos de la Corte: El tribunal reiteró que la acción de protección procede únicamente frente a actuaciones arbitrarias o ilegales que amenacen, priven o perturben un derecho constitucional protegido, siendo necesaria tanto la existencia de un derecho cierto como de un actuar ilegítimo del recurrido. En este caso, la Corte estimó que la demora del Servicio obedecía a la tramitación de un procedimiento uniforme, reglado y previamente establecido, cuyo estado podía ser verificado por el interesado a través de la plataforma en línea habilitada para ello, lo que descartaba la arbitrariedad.

Respecto al plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880, la Corte precisó que dicho plazo no es de carácter fatal, debiendo interpretarse en el sentido de que obliga a la Administración a concluir el procedimiento dentro de un término razonable. En consecuencia, la demora acreditada no configuró vulneración ni amenaza de los derechos invocados.

Decisión: Se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección. Sin perjuicio de ello, la Corte hizo presente al Servicio Nacional de Migraciones su obligación de emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 37 de la Ley N°21.325 y al artículo 46 de su Reglamento (Decreto Supremo N°296 de 2022).

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 57433-2025

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Corte Suprema deja sin efecto rechazo de residencia definitiva por la no presentación de certificado de antecedentes penales del país de origen

Wed, 18 Feb 2026 20:25:40 +0000

La Corte Suprema, en sentencia de fecha 17 de febrero de 2026 (Rol N°3705-2026), revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que había rechazado un recurso de amparo interpuesto en favor de ciudadano de nacionalidad china.

Antecedentes del caso: La autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta mediante la cual rechazó la solicitud de residencia definitiva del amparado, ordenó su abandono del país y decretó una prohibición de ingreso por 5 años. El fundamento del rechazo fue la no presentación, dentro del plazo concedido, del certificado de antecedentes del país de origen debidamente apostillado.

Argumentos de la Corte Suprema: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho del amparado a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325 (Ley de Migración y Extranjería), así como la obligación del Estado de promover la obtención de autorizaciones de residencia establecida en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. A juicio de la Corte, antes de rechazar la solicitud y ordenar el abandono del país, la autoridad debió haber adoptado medidas razonables para permitir la subsanación del defecto documental, como conceder un nuevo plazo.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Adicionalmente, la Corte valoró el sólido arraigo familiar, social y laboral acreditado por el amparado mediante la documentación aportada, concluyendo que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a dichas circunstancias. Asimismo, consideró la afectación que la orden de abandono y la prohibición de ingreso por 5 años generaba en la libertad personal del amparado, garantizada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Decisión: La Corte acogió el recurso de amparo, dejó sin efecto el acto administrativo impugnado, la orden de abandono, y prohibición de ingreso al país, ordenando a la repartición pública conceder un nuevo plazo de 30 días para que el amparado presente los documentos necesarios, tras lo cual deberá emitir un nuevo pronunciamiento.

Fuente: Corte Suprema, Rol N° 3705-2026

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