Argumentos de la Corte Suprema: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho del amparado a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325 (Ley de Migración y Extranjería), así como la obligación del Estado de promover la obtención de autorizaciones de residencia establecida en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. A juicio de la Corte, antes de rechazar la solicitud y ordenar el abandono del país, la autoridad debió haber adoptado medidas razonables para permitir la subsanación del defecto documental, como conceder un nuevo plazo.