Argumentos de la Corte: El tribunal consideró que la Administración vulneró el derecho de la amparada a un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°21.325, que obliga al Estado a proteger y respetar los derechos humanos de los extranjeros en Chile sin importar su condición migratoria, y a asegurar criterios de admisión no discriminatorios. Asimismo, estimó infringido el artículo 7 de la misma ley, que impone al Estado el deber de promover que los extranjeros obtengan las autorizaciones de residencia necesarias para su estadía y el ejercicio de sus derechos.